Los objetores recuerdan que no se trata de cambiar una moral por otra
El Ministerio ha presentado ya a las comunidades, para su discusión en la Conferencia Sectorial del 24 de mayo, su propuesta de modificación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Para evitar problemas, el Ministerio ha decidido establecer muy pormenorizadamente tanto los objetivos como los contenidos de las distintas materias de esta área, tanto de Primaria como de la ESO, así como de las competencias que se deben adquirir.
Las reacciones de padres objetores y de libertades cívicas se han fundamentado en que la nueva configuración “no responde a las expectativas de la sociedad ni de los padres objetores”, como señala Profesionales por la Ética. Su presidente, Jaime Urcelay, afirma que “es importante que el Gobierno haya aceptado que EpC es una asignatura adoctrinadora que tiene que ser sustituida, pero todo apunta a que la reforma es claramente insuficiente”. Aun así admite que “es positivo que se eliminen términos que han suscitado polémica, pero ese no es el problema”. “El problema de EpC –aclara Urcelay– no son unos términos aislados o la Educación afectivo-emocional o de género sino su enfoque: está asignatura se propone formar la conciencia moral de los alumnos de acuerdo con la visión del Gobierno de turno, antes el del PSOE y ahora el PP”. Según Urcelay, “lamentablemente, el Gobierno no ha cambiado ese enfoque sino que se ha limitado a hacer unos mínimos recortes, con lo cual la asignatura seguirá provocando problemas porque confirma que el Estado le dice a nuestros hijos cómo deben pensar y cómo debe actuar en todos los ámbitos de la vida”.
La solución, a juicio de Profesionales por la Ética, no es cambiar una moral por otra sino “limitarse a impartir Constitución, legislación vigente, tratados internacionales o funcionamiento de las instituciones democráticas”.
Los mismos cimientos
Para Madrid Educa en libertad, “parece que los cambios se basarán en los mismos cimientos: la construcción de la conciencia moral del alumno de acuerdo con una particular visión de la vida”. “Desde nuestra posición –señala esta organización de padres objetores–, las modificaciones anunciadas son mínimas, manteniendo el mismo esquema de objetivos y criterios para evaluar”. En este sentido, creen que el ministro de Educación “empezó con buen pie, pero todo va demasiado lento”. “Los contenidos que se quieren ofrecer ahora ya se estudian transversalmente en los colegios y sigue sin ser necesaria una materia concreta para abordarlos”, concluyó un portavoz de esta entidad objetora.
Por su parte, el portavoz de la plataforma de padres Objetores.org, Mariano Bailly-Baillière, explica en un comunicado sus motivos para el rechazo frontal de esta nueva propuesta legislativa. “La nueva propuesta –dice Bailly-Baillère– no aporta otra novedad que un maquillaje de los contenidos más controvertidos, pero los pilares que permiten el adoctrinamiento no se han tocado”. Además, añade que “no se trataba de cambiar el sesgo ideológico de sus contenidos, sino de evitar radicalmente la intromisión del Estado en un ámbito propio de la sociedad civil: el derecho y deber de los padres a educar a sus hijos en los ámbitos ideológico y moral”.
El portavoz de la citada plataforma de padres cree que esa intromisión del Estado en los derechos de los padres se manifiesta en el mismo planteamiento de la asignatura, como se pone de manifiesto en su justificación y objetivos: “no se trata de transmitir unos conocimientos sino de construir en los alumnos un código ético acorde con los principios propuestos por el Estado”. Según los objetores, “el Estado suplanta el papel de los padres en su obligación de educar moralmente. En definitiva, se mantiene el papel moralizador del Estado frente a la sociedad civil”, añade Bailly-Baillère.
“Insisto en que los contenidos no son el problema principal”, dice este portavoz. Y añade: “Los objetivos y criterios de evaluación de la asignatura siguen estableciendo la necesidad de que los alumnos asuman y se comporten de acuerdo a los principios propuestos en la asignatura”.
Por su parte, El Front d'Alliberament Gai de Catalunya ha pedido la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, por su decisión de suprimir el rechazo a la homofobia de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.