Un universitario nos cuesta 8.000 euros, de los cuales él paga el 11%

El ministro Wert se refirió la semana pasada en el Congreso a un informe en el que la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE, criticaba que el sistema universitario español no es fuente de equidad e igualdad de oportunidades sino que es regresivo socialmente. Dicho informe, del que es autor el profesor Juan José Dolado, de la Universidad Carlos III de Madrid, señala que, efectivamente, “en la actualidad, un estudiante de la universidad pública cuesta aproximadamente unos 8.000 euros al contribuyente, mientras que su aportación como tasa académica es de unos 900 euros, es decir, el 11% del coste real para nuestra sociedad”. Esto significa que “cada estudiante, con independencia de su nivel socioeconómico de procedencia y de su rendimiento académico, recibe una subvención anual de 7.100 euros del contribuyente”, añade Dolado.

A diferencia de nuestro sistema impositivo, que es progresivo, el sistema de financiación universitario es regresivo, según este autor. “El estudiante debería sufragar el 70% del coste –añade Dolado– dado un impuesto medio sobre la renta del 30%, en vez del 11% actual”. Además, el mantenimiento de tasas idénticas para todos los alumnos también introduce un “claro elemento de regresión social”, donde el contribuyente por debajo de la renta media acaba subvencionando a alumnos que se situarán entre las rentas más altas.

Para el profesor Dolado este igualitarismo se debe, en parte, a que la obtención de un título en una buena o mala universidad “resulta escasamente relevante como aval de calidad y sobre la inserción del universitario en el mercado laboral”. Lo mismo que parece irrelevante el tiempo en que un alumno tarde en completar una titulación.

Al igual que en la ESO, las cifras de fracaso en la Universidad son elevadas: un 30% abandona la universidad sin titulación alguna después de dos años y sólo un 30% acaba una licenciatura de cuatro años en dicho periodo. La duración media es de seis años. El profesor Dolado ha calculado el despilfarro de este abandono. Con una entrada de 220.000 alumnos anual y un total de 1.220.000 alumnos de la universidad pública, se despilfarrarían 2.960 millones de euros al año, es decir, casi el 0,27% del PIB.

El error en el sistema español es producto de que la financiación de las universidades públicas depende fundamentalmente de su número de alumnos. Entre el 70 y el 80% de los fondos proceden de este concepto mientras que el destinado a fomentar la calidad de su docencia e investigación es residual (10-20%). Si a ello añadimos un mercado de trabajo dual, caracterizado por la precariedad laboral, el resultado es un grado de sobreeducación muy elevado, cercano al 25% tres años después de licenciarse.

El profesor Dolado también alude a aspectos como el de la saturación de contenidos de las carreras universitarias y a las notas muy bajas de acceso en aquellas que presentan escasa demanda. En otros casos, se presenta el caso de desadecuación entre oferta de plazas y demanda, como es el caso de Medicina, donde hay notas de acceso muy elevadas y, al mismo tiempo, se importan médicos de otros países.

Una oportunidad perdida
Por otro lado, de nada ha servido en España la adaptación a Bolonia, al menos según el informe de la Fundación Alternativas, avalado por el PSOE. La posibilidad de acceder al mercado laboral tras un grado de tres años y luego culminarlo con una especialización a través de másteres no ha producido más competencia entre universidades. Frente al 3+2 elegido por 43 de los 46 países que firmaron Bolonia, España ha decidido mantener las carreras de cuatro años. Y todo ello debido a intereses corporativistas del profesorado español, según Dolado.

Propuestas de reforma
En el capítulo de propuestas concretas, el informe señala como objetivo principal lograr un sistema universitario más competitivo. Lo cual pasa por medidas de racionalización del gasto y de mayor autonomía en la elección de programas y en la contratación de docentes.

En concreto, el profesor Dolado propone la evaluación periódica de los departamentos universitarios. “La mayor calidad de un centro –señala el informe– estaría asociada a una mayor rentabilidad futura de la Educación adquirida en dicha institución, generando una mayor movilidad del alumnado desde los centros más cercanos a aquellos más prestigiosos”.

En segundo lugar, Dolado propone la fusión de las 50 universidades públicas y destinar más recursos a centros de Formación Profesional.

En tercer lugar, el informe propone dar mayor libertad en la fijación de las tasas universitarias –como acaba de hacer el Gobierno– y la penalización económica a los alumnos repetidores. En la misma línea se propone flexibilizar la duración de los grados y un sistema contractual más flexible. “El actual sistema funcionarial resulta demasiado rígido por su excesiva uniformidad salarial”, añade el informe. Por último, un estatuto de carrera profesional fomentaría la movilidad y el control de calidad del docente evitando la endogamia actual.

–Comienzan los trabajos de la comisión de expertos

–La comisión de 11 expertos independientes encargada por el Gobierno de analizar el sistema universitario y presentar recomendaciones de reforma inició el pasado 16 de mayo los trabajos con una primera reunión presidida por la catedrática de Bioquímica y Biología molecular Teresa Miras. El grupo dispone de seis meses para presentar un informe sobre cuestiones relativas a la financiación y la gobernanza universitarias, alumnado, ordenación de la oferta académica y selección y acreditación del profesorado, entre otras. Miras, que preside la Real Academia Nacional de Farmacia, encabeza un equipo de profesionales pertenecientes a distintas ramas del conocimiento, con formación y experiencia profesional y docente internacionales en general. Los componentes se han especializado en derecho, economía, física, ingeniería, sociología o medicina.

–Por otra parte, la portavoz de Universidades del Grupo Popular en el Congreso, María Jesús Moro, ha ofrecido a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) una actitud de “colaboración y diálogo permanente” para abordar la reforma universitaria. En una reunión celebrada el 16 de mayo en el Congreso entre los rectores y diputados populares, Moro recordó que la Universidad española “debe modernizarse, ser más eficiente y utilizar mejor los recursos”. El Grupo Popular destaca en una nota la situación “extremadamente difícil” en la que se encuentra España, incluso en el ámbito universitario, e informa de que les han recordado a los responsables de las universidades que, dada esta situación excepcional, deben “utilizar mejor los recursos”. En este sentido, Moro señaló que el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que se debatió y convalidó en el Congreso “no es un punto de llegada”, por lo que animó a la “colaboración” para conseguir de la universidad española una mayor “competitividad” que ayude a salir de esta situación. Los rectores habían exigido al Gobierno que las universidades fueran consultadas para la aplicación de los ajustes que las afecten.