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Desestimado recurso de la Comunidad contra sentencia favorable a profesores

MagisnetViernes, 1 de junio de 2012
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso interpuesto por el Gobierno regional a una sentencia de 2009 que le insta a abonar 218.000 euros a 27 educadores infantiles por la diferencia salarial que habrían recibido si se les hubiera aplicado la jornada completa. La Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO, que ha remitido la sentencia a Efe, considera en una nota que este fallo, del pasado día 14, "vuelve a dar la razón" a esta entidad reconociendo el derecho de los educadores.

La sentencia recuerda que en 2009 la Sala de los Social de este Tribunal condenó a la Consejería de Educación de la Comunidad a cumplir la Disposición Adicional decimoctava del convenio colectivo, en virtud del cual figuraba el compromiso de "transformar en contratos a jornada completa de los celebrados a tiempo parcial en las Consejería y organismo allí relacionados". El Tribunal recuerda que los demandantes reclaman el pago de "la cantidad equivalente al salario que hubieran percibido en el caso de haber realizado jornada completa, con efectos desde el 1 de junio de 2009 hasta abril de 2010".

El texto judicial cita el recurso de la Comunidad, según el cual si los actores no prestaron servicios efectivos durante el tiempo al que la reclamación se refiere "no pueden devengar cantidad que corresponda a trabajo no realizado". La sentencia agrega que, sin embargo, "la cuestión se sitúa en las consecuencias que el incumplimiento de la sentencia firme (de 2009) acarrea".

Según una nota de CCOO, "de no hacerse efectivo el pago" una vez conocida esta nueva sentencia, "el sindicato pedirá la ejecución de la sentencia". El sindicato considera que este es un caso más en el que "la Comunidad de Madrid desprecia los derechos de sus trabajadores" y les "obliga a recurrir a los tribunales de justicia". "CCOO rechaza todas estas medidas porque son innecesarias, no resuelven la situación crítica que viven las familias y la ciudadanía madrileña y son otro agravio contra la enseñanza", dice la nota.

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