La Concertada denuncia que se están incumpliendo los convenios autonómicos
Retrasos en el abono de otros gastos y de las sustituciones, reducción en el salario de los profesores en todas las comunidades autónomas y, por último, la aplicación del Real Decreto Ley 14/2012 por el que se amplía la jornada lectiva del profesorado. La situación de la enseñanza concertada ha llevado a las organizaciones propias de este sector –tanto patronales (Escuelas Católicas, CECE, Uecoe, Fedaces, FECC y Aspec) como sindicatos (FSIE y USO)– a solicitar de manera conjunta la convocatoria de la Mesa Sectorial de la Concertada y de las mesas autonómicas. También CCOO y UGT han pedido su convocatoria y la apertura de una línea de diálogo permanente para analizar los efectos del Real Decreto, además de anunciar su disposición a participar en futuras movilizaciones.
Las organizaciones mayoritarias de la Concertada recuerdan que “tanto los centros como sus trabajadores están sufriendo desde 2010 importantes recortes en los gastos de funcionamiento y en los salarios del personal, de manera análoga a la escuela pública, sin tener en cuenta que la Concertada viene percibiendo una financiación mucho menor y notablemente insuficiente”.
Además de los 3.000 millones de recortes en Educación procedentes del Real Decreto Ley 14/2012, y que afecta a todo el sistema educativo, UGT y CCOO denuncian que “los trabajadores de la Concertada sufren, además, los efectos negativos de la reforma laboral: facilidades de despido, modificación unilateral de condiciones laborales, desregulación parcial de la jornada y, sobre todo, la limitación a un año de la ultraactividad de los convenios colectivos (vigencia una vez terminado su plazo)”. Por eso, estos dos sindicatos exigen responsabilidad a todas las organizaciones del sector para retomar de forma inmediata la negociación del convenio colectivo, que, de forma prioritaria, supere el problema de la ultraactividad.
A estas medidas de carácter general se suman los incumplimientos en el régimen de conciertos por parte de las administraciones autonómicas, como son el retraso de varios meses en el abono de los gastos de funcionamiento o en las sustituciones, los impagos de diversos programas de atención educativa o complementos previstos en acuerdos autonómicos, así como diversas medidas de recorte que no tienen en cuenta el régimen laboral de los trabajadores (como la extinción de contratos de sustitución en verano) y que suponen un incremento del gasto en las prestaciones por desempleo.
Desde Escuelas Católicas señalan que “tampoco se abonan las últimas mejoras establecidas por la normativa laboral –como las paternidades–, no se negocian con las patronales las variaciones salariales y las administraciones aplican el concepto de interinidad de la misma manera en la enseñanza pública y en la concertada, sin tener en cuenta que el régimen jurídico es totalmente diferente”. Tampoco se cumplen las garantías de la Ley de Procedimiento Administrativo a la hora de notificar y comunicar modificaciones en las condiciones del personal en pago delegado.
Jornada lectiva y bajas
Con respecto a la jornada lectiva, CCOO y UGT recuerdan que “está regulada en el convenio colectivo y que el Ministerio no puede interferir con sus decisiones en la negociación colectiva del mismo, al ser competencia de sindicatos y patronales”. Estas dos organizaciones también critican que “se abandone a los trabajadores y a los centros al no cubrir durante los primeros 10 días lectivos cualquier tipo de baja”. Entienden que “esta medida persigue un objetivo económico e ideológico, al criminalizar la baja médica, derivando sus consecuencias al resto de trabajadores y señalando al enfermo como generador de problemas”. Además, advierten de que “impedirá las reducciones de jornada lectiva acordadas en numerosas comunidades autónomas”. Los dos sindicatos también alertan de que “el número de profesores de la Concertada es demasiado bajo para poder atender el currículum oficial” y que “este déficit originará graves problemas organizativos”.
Por su parte, las patronales y sindicatos propios de la Concertada recuerdan que “esta enseñanza ha venido sufriendo un trato injusto por parte de algunas administraciones, eliminando aulas con suficiente tasa de matrícula y con igual o superior ratio que las aulas públicas de la zona”. De esta forma, con carácter general, denuncian que “los alumnos de centros concertados no han podido acceder a programas de ayuda y apoyo (transporte, comedor, PROA, bilingüismo, redes de centros, Educa3, etc.), en clara discriminación”.
Escuelas Católicas, CECE y el resto de organizaciones de la Concertada quieren también dejar claro que “esta enseñanza no es en modo alguno beneficiaria de los recortes educativos como se viene sosteniendo en determinados foros, ya que los ajustes son de aplicación generalizada en todos los centros sostenidos con fondos públicos”. Asimismo, aseguran que “la puesta en marcha de algunas medidas adoptadas por las administraciones podría conllevar una pérdida en la calidad del sistema educativo y, por tanto, no van a combatir el fracaso escolar, además de provocar efectos muy negativos en las condiciones laborales de los trabajadores del sector”.