“Las grandes orientaciones de la ley suscitan un consenso mayoritario”

Al comienzo de un curso que se prevé conflictivo, debido a los recortes en el sector, y a las puertas de una nueva reforma educativa, el ministro de Educación desgrana en esta entrevista algunos de los aspectos de uno y otro asunto. El ministro explica que el sistema necesita dotarse de eficiencia y, por otro lado, reformas profundas.

Después de estos meses de ministro, a veces me ha dado a mí la sensación de verle como en una telaraña de intereses sectoriales e ideológicos en esto de la Educación.
Como vengo de la sociología, sé lo que son los intereses corporativos y la representación de esos intereses.

¿Cree que en España hay mucho interés sectorial e ideológico?
Yo diría que no es en España, es en todas partes. La enseñanza está muy sindicalizada y la diversidad de grupos de interés es algo que sucede en todos los países.

Hay un colega suyo, Víctor Pérez Díaz, que dice que la Educación en España está como secuestrada por los insiders, y que necesita abrir ventanas para que entre la sociedad civil.
En toda actividad, sobre todo la que tiene que ver con aspectos públicos, siempre hay un interés por parte de los insiders por controlarlo, por capturarlo. Esto no es un tema que nos deba escandalizar, ni pensar que somos diferentes. Es muy difícil que alguien no tenga algún vínculo próximo con la Educación. Por eso despierta las pasiones que despierta y a mí me parece muy bien que las despierte. Cuanto más viva sea la discusión pública sobre la Educación mejor para todos y para la Educación.

Después de todas las reuniones que ya ha mantenido con la comunidad educativa, ¿cree que se va a dar ese consenso deseable con respecto a la reforma educativa? ¿En qué aspectos hay más consenso y en cuáles no?
Es una respuesta complicada. Los actores organizados han manifestado pareceres con un amplio margen de diversidad entre ellos. Pero yo creo que ha habido una línea general de consenso sobre la necesidad de reforma. Las grandes orientaciones de la ley suscitan un consenso, si no unánime, claramente mayoritario. Hay un dificultad añadida que nos gustaría que no interfiriese en un debate sereno de esta reforma, y es que la Educación, como cualquier otra actividad que se sostiene con dinero público, está obligada a ser eficiente. Todo eso crea un entorno que no nos gustaría que se mezclase con la reforma. Nosotros estamos hablando de hacer una reforma que mira hacia delante y con un horizonte temporal que requiere sosiego, y esa no es una discusión que se deba mezclar.

En otra situación económica, ¿la reforma educativa sería distinta?
No necesariamente. Sería distinta en la medida en que, como se hizo anteriormente, se podría dotar de unos recursos económicos para su implantación. Me encantaría que se pudiese hacer ahora. Si nos ponemos a discutir sobre eficiencia, me gustaría ver partida por partida la eficiencia con la que se han invertido los 7.000 millones de euros que se dotaron para la implantación de la LOE. Cuando hablamos del dinero de la gente, porque no es nuestro, hay que ser extremadamente rigurosos en la rendición de cuentas. Si hablamos de rendimiento de la LOE, alguien debería sentirse llamado a reflexionar.

A veces se utiliza un doble argumentario que es, por un lado, el de decir que los recortes no tenemos más remedio que hacerlos y por otro que hay que buscar la eficiencia.
En el Real Decreto Ley hay medidas que se han planteado como excepcionales para responder a una situación excepcional, como las ratios, que están planteadas de esta manera hasta que la oferta de empleo público tenga una tasa de reposición normal. En cambio hay otras que no tienen que estar vinculadas a esa situación, como el número de horas, que son medidas que buscan eficiencia.

La secretaria del Estado ha dicho que lo fundamental de la reforma saldría adelante con o sin consenso.
Nosotros vamos a buscar el consenso pero, como es natural, dos no consesúan si uno no quiere, y yo hasta ahora lo que he visto en el principal partido de la oposición me inclina a pensar que no tienen la predisposición favorable al consenso. Nuestra predisposición es abierta, dialogante y clara respecto a lo que queremos conseguir, que no responde a ningún tipo de prejuicio ideológico sino que va claramente orientado a dotar de más eficiencia al sistema educativo. Nuestra voluntad es conseguir el máximo consenso, incluso si no es posible sobre toda la ley, me gustaría que sí lo fuera sobre esos aspectos que tienen que ver con la arquitectura y la lógica del sistema, porque eso tranquiliza a la comunidad educativa, especialmente a los profesores, a los administradores del sistema educativo, que están hartos de cambios y bandazos. ¿Y de aquí surgiría la pregunta: y si están hartos de bandazos por qué impulsamos nosotros uno? Porque es evidente que un sistema que genera un abandono escolar temprano del 26% hay que reformarlo.

¿Cree que medidas concretas como el adelanto de los itinerarios pueden ser suficiente para reducir el abandono escolar?
Yo creo que todo el conjunto de reformas que tiene que ver con la arquitectura del sistema tiene una clara orientación de conseguir reducir la tasa de alumnos que por dificultad propia o ambiental de inserción académica no encuentran una alternativa más acorde con sus expectativas; y la única alternativa es la de vegetar en el sistema hasta que llegan a la edad legal para abandonarlo. Ese es un gran fracaso educativo y social.

¿Le parece que detrás de muchas de las protestas por la calidad de la Educación hay una legítima defensa del puesto del trabajo?
Yo creo que es perfectamente legítima. A mí, además, me gustaría que fuese bien argumentada y preocupada por los resultados.

Junto a la anticipación de la elección a través de los itinerarios hay otra medida complementaria que es la concentración de materias…
Hay dos cosas distintas: primero el refuerzo de las instrumentales. Si algo caracteriza a los sistemas educativos de éxito es que la etapa formal del sistema educativo, que acaba en la Educación terciaria, se apalanque en las materias instrumentales. Otra cosa es lo que hemos llamado compactación, que aplicamos especialmente en Bachillerato. El Bachillerato tal y como se ha ido concibiendo ha llegado a tener una dispersión tal de oferta que realmente era inmanejable curricular y económicamente. Cuando uno tiene mucha modalidad, acaba teniendo grupos muy pequeños, que no quiere decir muy eficientes. Esto es un pilar de la reforma.

A los profesores les preocupa tener que dar clase de materias en las que no están especializados, las llamadas afines, etc.
Yo tengo todo el respeto por las preocupaciones profesionales y más por las que tienen que ver con la calidad de los profesores, pero es que eso les pasa a los profesores, a los ingenieros de caminos, a los ingenieros de telecomunicaciones y a todos. Los profesores no pueden pensar que lo que estudiaron, o que lo que, si me apuran, les sirvió para aprobar la oposición, va a ser el título habilitante hasta que se jubilen con 70 años. Y yo sé que la mayoría de los profesores no piensan así, y que hacen un trabajo extraordinariamente meritorio de actualización de sus conocimientos. Pero ese tipo de reflexión, dicho sea desde el ánimo más constructivo, no es un tipo de reflexión que se pueda acoger desde las autoridades educativas, porque las mismas exigencias de actualización y formación permanente se tienen hoy en todas las profesiones.

¿Puede ser que se haya concebido un sistema que gira en torno al profesor y no en torno al alumno?
Creo que el sistema gira en torno al tipo de interacción que hay entre el alumno y el profesor. Es muy difícil que haya buenos alumnos si no hay buenos profesores. Lo importante es también ser conscientes de que el sentido de esa interacción en un entorno educativo que puede cambiar –gracias, entre otras cosas, a la tecnología– supone una cierta redefinición de los papeles, especialmente, el papel del profesor.

¿Por qué no se ha suprimido la Educación para la Ciudadanía?
Se ha hecho exactamente lo que proponía el Partido Popular, que es convertirla en una Educación cívica y constitucional y mantenerla en la ESO. Una asignatura en la que se enseña a la gente la Constitución, los valores constitucionales, el funcionamiento del sistema político español y el de la Unión Europea es importante.

La consejera andaluza ha dicho que va usar su ámbito competencial para restablecer los contenidos que se han suprimido…
Yo soy probablemente más respetuoso con el ámbito de acción de alguna autonomía que lo que lo es alguna autonomía con el ámbito de acción del Ministerio y, si le parece a la consejera que el uso más apropiado que puede hacer de su autonomía curricular es éste, pues adelante.

Eso nos lleva al problema de que en realidad no hay un sistema educativo sino varios.
Yo creo que lo que sobre el papel es claro, que es un deslinde competencial, puede tener el riesgo de convertirse en 17 sistemas, pero una de las cosas que este proyecto de ley intenta es que ese riesgo no llegue a materializarse. Queremos hacer un uso no abusivo ni fronterizo pero sí inteligente y convencido del papel del Estado para que al final de implantar esta reforma hayamos despejado el riesgo de tener 17 sistemas.

A sus antecesores se les acusaba de no ser capaces de coordinar una única política educativa. ¿Por qué existen tantas diferencias de resultados entre comunidades?
Hay enormes diferencias, pero es que también hay enormes diferencias en recursos. El gasto por alumno entre Andalucía y el País Vasco es de dos a uno. Yo no me voy a meter en el territorio de las comunidades, pero sí creo que cabría una cierta reflexión nacional acerca de si eso es sostenible y si es equitativo. Y las dos comunidades están gobernadas por el mismo partido.

De todas formas ese argumento se puede volver en su contra porque habíamos quedado en que los recursos no tienen que ser decisivos para obtener buenos resultados.
Y no me apeo de esa teoría. Los recursos son componentes de una mezcla que tiene más cosas. Lo que no se puede es hacer un discurso que sólo cuenta con los recursos.

Además, también hay diferencias entre comunidades gobernadas por el PP.
Claro, y factores demográficos, sociales, económicos… que están detrás. Lo primero es reconocerlo, analizar a qué se debe y, cada uno en el ámbito que le toca, ver de qué manera puede reducir esas diferencias. Yo no quiero entrar en la competencia de las comunidades autónomas, pero sí quiero que la legislación básica tenga mecanismos y recursos que puedan garantizar por lo menos que no haya situaciones estructurales de desventaja.

¿Un ejemplo sería una evaluación externa igual para todos?
No es que sea un ejemplo, es que es uno de los ingredientes importantes. Hay que decir que países con sistemas muy federales, países con una gran descentralización administrativa, aceptan con la mayor naturalidad esto. Si no medimos no podemos tomar medidas y la regla de medir debe ser igual para todos.

¿En qué se va a concretar esto?
Tenemos que buscar el consenso con las comunidades en torno a las evaluaciones externas y estandarizadas que propone la ley, pero que sea un proceso nacional me parece fundamental.

¿Las llamadas reválidas?
Las reválidas eran unas pruebas concebidas como otra cosa. La inspiración no es el pasado sino ver cuán consistente es que los sistemas que mantienen evaluaciones externas y estandarizadas son más eficientes. Esa correlación no es discutible. En segundo lugar, un sistema en el que no existe una métrica común es un sistema que no puede generar incentivos comunes, y tercero estamos educando a unos chicos y chicas que se van a tener que desenvolver en un mundo global. Si no-sotros trasladamos la impresión de que el sistema educativo español es un lío estamos poniéndoles una dificultad más. Me gustaría convencer a todo el mundo.

¿Al final serán tres pruebas, una al final de la Primaria, otra al final de la ESO y otra en el Bachillerato?
Al final de Bachillerato o de la FP de Grado Superior, en la ESO y con algún matiz en el caso de la Primaria. La Primaria es una primera etapa formativa, que no es finalista. En esa etapa hay que procurar que no se vayan acumulando retrasos y que tampoco vayamos dejando atrás a mucha gente a la que vamos que tener que reencauzar hasta la Secundaria. La función de la Primaria es adquirir las capacidades instrumentales que permiten el acceso a la ESO. En Primaria, por tanto, estamos hablando de una prueba que no tiene por qué tener efecto académico directo sino efecto académico a juicio del centro y de los propios padres del alumno. En definitiva, eso no quiere decir que no haya prueba, lo que vamos a limitar es la repetición en Primaria a un curso. El paso a la primera etapa de la Secundaria coincide con un punto delicado desde el punto de vista de la evolución y la diferencia entre 12 o 14 años a la hora de la convivencia escolar se nota.