De las movilizaciones legítimas a la extrema politización de las aulas

El Sindicato de Estudiantes convocó la semana pasada a profesores, padres y alumnos a una nueva “semana de lucha” en apoyo de una “enseñanza pública de calidad, gratuita, democrática y laica” y en contra de la que entienden como una “reforma franquista, clasista, que segrega por razón de sexo, que quiere devolver a la Iglesia Católica los privilegios con los que contaba en la escuela del dictador y que pretende echar lo antes posible a los hijos de los trabajadores del sistema educativo”. De esta forma, los pasados días 5, 6 y 7, el Sindicato de Estudiantes llamó a los alumnos de Secundaria de 1.150 centros a una huelga ininterrumpida durante 72 horas. Para ello, constituyó 750 comités de huelga a nivel estatal y convocó más de 100 manifestaciones.

Pero a la movilización completamente legítima de lucha por unos ideales educativos se ha unido también la creciente y extrema politización de las aulas que revierte después en un ambiente escolar cada vez más enrarecido. La plataforma de padres Madrid Educa en Libertad (MEL) ha denunciado ante los medios de comunicación y ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid el uso indebido de las aulas que el Sindicato de Estudiantes para preparar acciones y movilizaciones. Según explica Alicia Calle, portavoz de MEL, “tanto esa organización como la Ceapa utilizan los espacios públicos para llenarlos de carteles y ocupan el tiempo de estudio para la movilización política de nuestros hijos, menores de edad”.

Menores de edad
En opinión de la portavoz del MEL, “ésta es la Educación que quieren algunos: pervertir la conciencia de alumnos desde los 13 años con ideologías políticas de lucha de clases, organización de comités, uso de las aulas para propaganda política, reparto de panfletos, preparación de huelgas, etc.”. Ella invita a “hacer una reflexión seria de para qué queremos la escuela pública”. “¿Para ideologizar y adoctrinar? ¿para movilizaciones políticas? ¿ésta es la escuela pública que estamos pagando todos los españoles? ¿es ésta la Educación que queremos para nuestros hijos? Y los inspectores educativos de la Comunidad de Madrid, ¿hacen algo para evitar estas movilizaciones dentro de las aulas?”, se pregunta.

Pero no sólo esta plataforma denuncia las actuaciones del Sindicato de Estudiantes en las aulas. También los propios directores de centros y las administraciones educativas se quejan de los daños que ocasiona esta organización cuando entra en las aulas. Hablan de “desprecio a la autoridad e insubordinación” y consideran un error que otras asociaciones de la izquierda educativa, como la Ceapa u otras organizaciones sindicales, lo apoyen. “Cuando entra el Sindicato de Estudiantes, ese centro ya no hay quien lo levante”, han denunciado a MAGISTERIO fuentes autonómicas.

Dimisión del Gobierno
De hecho, en sus comunicados, el Sindicato de Estudiantes va más allá de la protesta en la calle para luchar por la “dimisión de este gobierno ilegítimo”, por lo que realiza un llamamiento al resto de organizaciones de la izquierda –PSOE, IU, CCOO y UGT– para que “convoquen una huelga general que pida la dimisión del Gobierno del PP”. Y añade: “No queremos un cambio de personas, queremos un cambio de política y un cambio de gobierno, que se convoquen elecciones anticipadas y que se forme un nuevo gobierno de la izquierda que revierta todos los ataques que ha protagonizado el Partido Popular: que retire la reforma laboral, la contrarreforma educativa, la reforma de las pensiones, la privatización de la sanidad y obligue a pagar la crisis a sus responsables, los ricos y los banqueros, embargando su patrimonio personal y cuentas en paraísos fiscales”.

Fuentes autonómicas han mostrado su preocupación a MAGISTERIO por la deriva al radicalismo que están tomando las huelgas promovidas por el Sindicato de Estudiantes. Según dichas fuentes, “las huelgas no respetan los procedimientos administrativos para poder llevarlas a cabo, ya que se fuerza a alumnos menores de edad a la ausencia en clase, se les obliga a estar de acuerdo con un planteamiento ideológico y, además, se vulnera la autoridad de los profesores”.

Este tipo de actuaciones responden, a juicio de dichas fuentes, “a la radicalización del debate educativo promovida por una organización claramente alineada a la extrema izquierda que está lanzando mensajes a los alumnos que no tienen nada que ver con la realidad”. Por una parte, entienden que “no se puede tachar a una ley parcial de contrarreforma franquista, ya que no tiene nada que ver con las leyes franquistas”, y por otra advierten de que “están mezclando su rechazo a unas medidas de carácter educativo con otras medidas coyunturales de carácter económico”.