El Gobierno negociará la publicación de evaluaciones con diferentes propuestas
Una de las señas de identidad de la reforma educativa del PP, las evaluaciones censales y su publicación por centros, aún está por definir. Conscientes de que es un asunto delicado, rechazado de antemano por muchos, en el Ministerio han preferido dejarlo abierto para que se concrete en el Congreso de los Diputados, fruto de la esperada negociación entre los grupos parlamentarios.
En su última comparecencia en la Comisión de Educación del Senado, antes de Semana Santa, José Ignacio Wert advirtió: “Podemos ponernos de acuerdo en cómo dar a conocer el resultado de las evaluaciones si quieren evitarse los rankings”.
Ahora bien, lo que no es susceptible de negociación es el hecho de publicar los resultados. Para el Gobierno, es “una cuestión de transparencia” vital para el sistema porque, por un lado,“los padres tienen derecho a saber el rendimiento del colegio de sus hijos, y por otro, las comunidades autónomas tienen la obligación de conocerlo”, dijo Wert.
Dicho así, con esas palabras, el PSOE podría estar de acuerdo porque sí aceptaría que los resultados sacados por un colegio se den a conocer entre los padres de dicho centro poniéndolos en relación con los del conjunto del distrito, de la ciudad, de la provincia…, según explica el socialista Miguel Soler, exdirector de FP del Ministerio. A lo que no está dispuesto el PSOE, ni ningún grupo de izquierda, por ser “cuestión de principios”, es a que la publicación permita la comparación entre centros ‘con nombres y apellidos’ porque eso dispararía la demanda de los mejores, fomentaría la selección del alumnado por parte de éstos y haría surgir unos “centros de élite” frente a otros “gueto”. Tampoco aceptan que “se aplique la economía de mercado al sector público”.
Tres escenarios posibles
Pese a que la postura del Gobierno y de la oposición parecen no tener acercamiento posible, el Ministerio quiere que este tema, capital en la Lomce, sea discutido en la plaza pública del Congreso y que allí se vea que hay muchas maneras de publicar los resultados de las evaluaciones.
Aunque quien tendrá que remangarse para negociar será el Grupo Parlamentario del PP, el equipo de Wert baraja desde hace tiempo las cartas que se pondrán en juego. Según explicó una fuente del Ministerio a MAGISTERIO, tres son los escenarios posibles:
Uno contempla que los resultados vayan acompañados del índice socioeconómico y cultural de cada centro y de la explicación de cómo varía el rendimiento en función de dicho índice. Es sabido que el nivel educativo de los padres (sobre todo de las madres), el número de libros en casa y el poder adquisitivo configuran un índice que ayuda a interpretar de manera más justa los resultados puros y duros.
La segunda posibilidad a ofertar es mucho más simple: que aparezcan los centros que quieran, una medida que, al parecer, en Australia, consiguió que todos los centros acabaran incluyéndose en la clasificación por temor a quedar retratados como malos o poco fiables si ocultaban sus ‘notas’.
En este escenario saldría reforzado el valor de la transparencia que el Gobierno quiere imprimir a la publicación del rendimiento.
La tercera vía serviría para acallar las críticas de que la divulgación de resultados es “injusta” porque no muestra la capacidad de un centro para mejorar al no mostrar su situación de partida ni el contexto que condiciona su rendimiento.
En este sentido, lo que defienden sindicatos, padres de la Pública y partidos de izquierda es que los colegios con elevada presencia de inmigración, o de alumnado con necesidades especiales, o procedente de ambientes desfavorecidos, no deben ser obligados a competir en la misma liga que los centros con alumnos de entornos económicos y culturales ricos (léase sobre todo concertados) y que llevan años gozando, por eso mismo, de un rendimiento alto y estable en los resultados.
Los primeros no podrían soportar la comparación con los segundos en una lista cuyo único baremo es el resultado de las evaluaciones. De ahí que una de las propuestas del Ministerio sea la de publicar, junto a la fría puntuación del examen, un indicador de la posición de partida de cada centro. De esta manera podría constatarse, a lo largo de los años, la verdadera capacidad de los colegios para mejorar, lo cual sería un reflejo más certero y fiable del esfuerzo, el rendimiento, la calidad de enseñanza y la eficacia del equipo directivo.
Qué duda cabe de que en el caso de la enseñanza pública, este tipo de indicadores adicionales también daría testimonio de la capacidad de la Administración para mejorar la calidad de sus centros y hacer frente a sus problemas.
Por último, no hay que olvidar que las tres vías expuestas son compatibles entre sí.
Medir para mejorar
La publicación de resultados se presenta como uno de los puntales del pretendido cambio en el sistema educativo por lo que pueda tener de revulsivo para los centros. El Gobierno ve en ella un aliado insustituible de la rendición de cuentas y la clave de bóveda de una futura competencia entre centros a la que confían la mejora del rendimiento escolar global.
“Estimular el rendimiento produce ingentes beneficios personales y sociales”, afirmó Wert en su última comparecencia. Y “aquello que no se puede medir no se puede mejorar”, acuñó para responder a quienes censuran el “enfoque estadístico” de sus objetivos.
Por todo ello, el ministro defendió las evaluaciones estandarizadas y externas (que “no modifican la evaluación continua que hacen los profesores”, dijo), su carácter de reválida como “estímulo positivo para los estudiantes” y, por supuesto, su publicación, como requisito de la “transparencia” y la “rendición de cuentas”.
Wert denostó la tendencia del sistema a “evitar las exigencias” y observó que “la manera más fácil de que no se cumplan los objetivos es no teniéndolos”. “Introducir elementos de verificación del rendimiento es bueno”, concluyó. Y negó la mayor a quienes auguran que las reválidas escoren la enseñanza hacia el denominado
teaching to the test, es decir, centrar la enseñanza en lo que se va a preguntar en los exámenes descuidando la Educación integral y las competencias no sometidas a reválida.