Gobierno insta a cumplir la ley y Generalitat pide no romper la convivencia

Los diez autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligan a las escuelas catalanas a impartir clases también en castellano a todos los alumnos si hay uno sólo que lo pide, ha seguido provocando reacciones desde los ámbitos educativo y político. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha recordado que "la Constitución dice claramente que las sentencias y las demás resoluciones judiciales hay que cumplirlas", por lo que "no es algo que voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer".

Según Wert, "esta cuestión hay que aclararla normativamente" y eso es lo que intenta su Ministerio con la reforma educativa a través de un artículo en el que se trata de aplicar lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado. Muy distinta es la interpretación de la Generalitat, ya que la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha reiterado que los autos del TSJC dictados para que se apliquen en varios casos concretos no serán cumplidos mientras se tramitan los recursos y que está dispuesta a asumir el riego de que la inhabiliten por ese hecho.

Según Rigau, hace años que se aplica la atención individualizada en la escuela y "siempre ha funcionado bien", por lo que, ha afirmado que "nunca ha habido que separar a un alumno por razón de lengua", y ha insistido en alertar de que determinadas resoluciones puedan "buscar romper la convivencia" en la escuela catalana.

En el Congreso, los tres diputados de ERC han sido expulsados de la tribuna por hablar reiteradamente en catalán desde la tribuna con el argumento de que lo hacían en "justa correspondencia" con los autos del TSJC, que comportan, han dicho, que una sola persona, un niño, pueda obligar a cambiar la lengua que utilizan el resto de personas de un colectivo determinado como una clase. El primer diputado de ERC en ser expulsado ha sido Joan Tardà, que, después de tres llamadas al orden por parte del presidente del Congreso, Jesús Posada, ha sido conminado a abandonar la tribuna, no sin antes desafiar a un diputado del PP que le gritaba que se fuera con la respuesta de "ven tu, y me sacas".

Desde Barcelona, el presidente catalán, Artur Mas, se ha reunido con la consellera Rigau, y el titular de Justicia, Germà Gordó, para analizar la situación y las acciones a seguir. Las reacciones de los partidos catalanes han proseguido, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado "aberrante" el pronunciamiento del TSJC, algo que ha atribuido a "la persecución judicial de la escuela catalana" que lleva a cabo el Estado. Según Junqueras, los autos judiciales son "el remate final a una situación de agresión permanente contra la escuela catalana".

Desde el polo político opuesto, la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha acusado a Rigau de crear "alarmismo" a través de la "tergiversación" de los autos judiciales, al entender que lo está malinterpretando. Asimismo, Sánchez-Camacho ha advertido de que exigirá "por medios judiciales" que se cumplan las sentencias si la Generalitat insiste en no acatarlas.

En cambio, el sindicato UGT de Cataluña ya ha avanzado que apoyará a los maestros que opten por desobedecer los autos del TSJC en esta materia, que califica de "políticos y no jurídicos" y que "atacan el derecho fundamental de los niños y niñas de nuestro país a ser escolarizados en catalán". En paralelo, los eurodiputados de CiU, ICV y ERC han pedido a las instituciones europeas que se manifiesten a favor de la inmersión lingüística.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha dicho que si las autonomías con dos lenguas imitasen el bilingüismo "cordial y real" de Galicia, con el 50% de las clases en castellano y otro porcentaje igual en gallego, este asunto "no estaría judicializado" en algunas de ellas.

Otro dirigente, en este caso socialista, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha tildado de "grave irresponsabilidad" el pronunciamiento judicial, y ha expresado su "pleno apoyo" a las acciones que ponga en marcha el Govern para garantizar la permanencia del modelo de inmersión en las escuelas catalanas.