La Escuela Pública prepara una nueva oleada de movilizaciones en los próximos meses
Sindicatos de profesores, padres y alumnos han vuelto a unir sus fuerzas y comienzan el nuevo curso con la presentación de un calendario de actuación en defensa de la Educación Pública y contra la aprobación de la Lomce, que tendrá su punto más fuerte en la huelga general convocada para el próximo 24 de octubre, en la que esperan movilizar a toda la comunidad educativa.
En este sentido, el secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, se ha reafirmado en que “una ley así, merece un día de huelga, a pesar del esfuerzo que supone para el salario de los docentes”. Desde el punto de vista de los padres de la Pública, el portavoz de la Ceapa, José Luis Pazos, también ha defendido la convocatoria: “No nos merecemos ser llamados padres si no defendemos la Educación de nuestros hijos”.
De esta forma, la Plataforma Estatal por la escuela pública, conformada por FE-CCOO, FETE-UGT, STES, CGT, el Sindicato de Estudiantes, Faest y la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP) presentó el pasado jueves en una rueda de prensa el calendario de movilizaciones para este otoño. Se trata de la segunda huelga general educativa convocada conjuntamente por todos los protagonistas de la Escuela Pública, tras la celebrada el pasado 9 de mayo.
Uno de los sindicatos que por ahora se mantiene fuera de la convocatoria es ANPE, que ha manifestado en un comunicado que estudiará la propuesta de la Plataforma. El comité ejecutivo valorará la postura final de la organización, a la espera de las actuaciones del Ministerio con respecto al trámite parlamentario de la Lomce y al Estatuto Docente. El principal motivo de discrepancia entre ambas organizaciones es el mantenimiento por parte de los convocantes del actual modelo Logse- LOE de enseñanza, con el cual discrepan profundamente. ANPE ha venido reivindicando durante años la necesidad de una reforma profunda en el modelo y estructura del sistema educativo. A pesar de ello, considera que el nuevo proyecto de ley no responde a las necesidades del sistema educativo y de la enseñanza pública. Por ello, han hecho una crítica muy severa a dicha propuesta, sin defender la total permanencia sin cambios del sistema actual.
Por su parte, el sindicato de alumnos Faest ha anunciado una “semana de lucha” en las aulas con tres días de huelga en institutos y universidades, entre el 22 y el 24 de octubre, por lo que coincidirá con la convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Su secretaria general, Ana García, ha denunciado que hasta 100.000 universitarios podrían ser expulsados de las aulas debido al nuevo sistema de becas, añadiendo que no descartan la huelga indefinida si no se logran los objetivos, calificando la situación de “muy grave”. Además, ha calificado de “beneficencia franquista” la solución propuesta por la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, para que los ciudadanos con más recursos “apadrinen” a los estudiantes con pocas oportunidades y les permitan continuar sus estudios universitarios pese a no recibir beca del Estado.
Defensa en la calle
Asimismo, la Plataforma ha llamado a los ciudadanos a participar en las bautizadas “marchas verdes”, con salidas desde diferentes puntos geográficos y que recorrerán todo el país entre el 2 y el 9 de noviembre, concluyendo en una gran manifestación el día 9 en Madrid que tendrá su punto final en el Palacio de la Moncloa.
Otra de las medidas anunciadas es la convocatoria de una consulta ciudadana en torno a los recortes en las becas y las políticas educativas llevadas a cabo por el Gobierno popular. Entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre se colocarán mesas de consulta en diferentes puntos neurálgicos de cada ciudad, como colegios y universidades, y se preguntará a la ciudadanía sobre estas dos cuestiones: “¿Rechaza las políticas en Educación?” y “¿Rechaza las políticas educativas del Gobierno central?”. Una vez recogidas y contabilizadas, serán entregadas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 17 de octubre.
La agenda prevista concluirá el 16 de noviembre, día en el que se organizará el II Congreso Escuela pública de todos para todos, acto de debate y elección de los ejes sobre los que versará el modelo educativo propuesto desde el movimiento como alternativa a la Lomce.
Voces por la dimisión
La Plataforma continúa así una línea de actuación unitaria con unas iniciativas que ya movilizaron a gran parte de la sociedad en las protestas del pasado curso. Anuncian además, que de no cumplir con sus objetivos, no cesarán en la lucha y planificarán nuevas medidas. La mayoría de los integrantes de la Plataforma han insistido en pedir la dimisión del ministro, José Ignacio Wert, del que Ana García, representante de Faest, ha dicho que mantiene “una cantinela de prepotencia y autoritarismo para sacar a los hijos de los trabajadores de la universidad” y al que ha acusado de ser un “provocador”, en referencia a uno de sus últimos comentarios.
“Comparado con otros países de nuestro entorno cultural que están embarcados en reformas educativas, como México o Chile, el nivel de discrepancia en España se puede considerar una fiesta de cumpleaños”, ha manifestado el ministro. Ante estas declaraciones, Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, ha puntualizado: “Que el ministro esté en la fiesta que le dé la gana. Nosotros estaremos en la calle luchando por la igualdad de oportunidades en la Educación pública”. Por su parte, Carlos López Cortiñas, secretario general de FETE-UGT, se ha lamentado del carácter “provocador nato” del ministro, al que acusa de “no buscar nunca el consenso”.
CCOO recurre a la Comisión Europea
La Federación de Enseñanza de CCOO ha decidido recurrir a la Comisión Europea para frenar la Lomce, órgano donde ha presentado una denuncia para paralizar los tres artículos del proyecto de ley, que según consideran, vulneran el derecho comunitario. Conciertos a la enseñanza diferenciada por sexos, la asignatura de Religión y Valores y la contratación de expertos extranjeros en idioma. nnSegún ha afirmado el secretario general de este sindicato, Francisco García, “ante la prepotencia del Gobierno y del ministro de Educación, que pretende arrasarlo todo, recurrimos a la Comisión Europea con esta cuestión para ver si se pueden paralizar estos aspectos”.
Asimismo, la coordinadora del Gabinete Jurídico del sindicato, Carmen Perona, ha indicado que “si el organismo ve indicios de legalidad en la denuncia, podrá proceder a paralizar dichos artículos en 15 días” y que “si finalmente vulneran los principios europeos, nunca podrán aprobarse y tendrán que ser eliminados”. nnTambién han denunciado que la Lomce “consolida los recortes de plantilla” y por el efecto de la "compactación” de asignaturas fomenta la supresión de docentes. El sindicato ha recordado que entre enero de 2012 y el mismo mes de 2013 ha habido una disminución de 24.957 profesores no universitarios en la Pública, de los que 9.490 son funcionarios de carrera y 15.467 son interinos.