El Gobierno Vasco recurre la Lomce ante el Tribunal Constitucional
La consejera Uriarte ha reconocido que la presentación del recurso no supone la paralización de la puesta en marcha de la ley, cuyo inicio de implantación está previsto para el próximo curso. "Es una ley vigente y nosotros tenemos que cumplir la ley". Sin embargo ha opinado que la normativa se ha hecho con prisas y que no va a dar tiempo a que se pueda aplicar en septiembre. La consejera ha explicado que todavía no están listos los decretos que desarrollan esta norma y también ha asegurado que no hay financiación que pueda "sostener" los cambios que se pretenden.
"La Lomce no nos sirve porque sus objetivos están ampliamente superados" en el País Vasco, ha resumido la consejera, quien ha añadido que el Gobierno Vasco está analizando la posibilidad de recurrir ante el Constitucional los decretos que desarrollan esa norma a la vista de los contenidos de los borradores que se han elaborado. Uriarte ha dejado claro que el plan "Heziberri 2020" que elabora el Ejecutivo vasco no es una "herramienta contra la Lomce" sino una planificación que pretende mejorar la calidad del sistema educativo vasco. Ha anunciado que esta semana se presentará el primer proyecto planificado de este plan a los agentes educativos.
La consejera ha indicado que en total se recurren 19 artículos de la Lomce, entre ellos el tratamiento "inasumible" que según el Ejecutivo vasco se otorga a las lenguas cooficiales. El Gobierno Vasco recuerda que la competencia para regular el alcance de la cooficialidad de una lengua "nunca" corresponde al Estado "sino en exclusiva" a la Comunidad Autónoma Vasca. También se recurren los apartados que establecen las pruebas de evaluación externa del alumnado al final de la ESO y el Bachillerato, al estimar que Euskadi queda relegada a "mera ejecutoria de los criterios que fije el Gobierno español".
El Ejecutivo vasco también denuncia que su homólogo central se atribuya con "carácter exclusivo y excluyente" la fijación de los contenidos de las materias que se deben impartir, cuando se trata de una materia que requiere de la participación de los gobiernos autonómicos. Estima que la ley se "extralimita" cuando fija con demasiado detalle las condiciones de acceso y admisión del alumnado a la Formación Profesional y universitaria. Finalmente argumenta que la ley vulnera el derecho fundamental a la Educación en aspectos como establecer la separación entre las diferentes opciones de enseñanza (Bachillerato o FP) a los 15 años, entre otras cuestiones.
La Lomce fue aprobada el pasado 28 de noviembre en el Congreso sólo con los 182 votos del PP, la abstención de los diputados de UPN, y el rechazado de los otros 143 diputados de la oposición, que anunció que la derogará en cuanto haya cambio de partido en el Gobierno.
Una vez aprobados estos recursos y si alguna de las partes lo solicita se abriría un plazo de seis meses de negociación en la "comisión bilateral entre el Estado y el País Vasco" para tratar de llegar a un acuerdo y evitar los recursos.