Un futuro incierto para los servicios educativos de los ayuntamientos

Estos servicios educativos que desarrollan las corporaciones locales, y tantos otros como pueda haber, están en el aire tras la publicación en el BOE de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El criterio: una competencia, una Administración no es discutido, pero crece el temor de que termine como el perro del hortelano: que los ayuntamientos no puedan atender estos servicios educativos pero que la Administración autonómica, principalmente, tampoco se haga cargo.

La nueva ley de régimen local distingue entre competencias propias, delegadas e impropias de los municipios. Las primeras serán competencia de los ayuntamientos y las segundas podrán ser ejercidas por éstos a través de un convenio con las comunidades autónomas, pero ambas deberán contar con financiación autonómica, tal y como se tendrá que recoger en el nuevo sistema de financiación autonómico que acuerden Estado y autonomías. Las competencias impropias no corresponden a los ayuntamientos, y menos si éstos están en déficit o en delicada situación económica.

Así, la ley circunscribe las competencias de los ayuntamiento a “participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes”. También les corresponde “la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria o de Educación Especial”. No obstante, según la disposición adicional décimo quinta, el nuevo sistema de financiación que se negocie “fijará los términos en los que las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se prevén como propias del municipio, aún cuando hayan sido ejercidas por éstas, por diputaciones provinciales o entidades equivalentes” en cuanto a los programas contra el absentismo escolar y la cooperación para la “obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local”. Al respecto, Miguel Soler, responsable del área de Educación del PSPV-PSOE, señala que “si el único cambio es en la administración que paga el servicio público, no hay problema, pero se generará un problema si se crea un agujero y las comunidades autónomas no se hacen cargo de financiarlos. Lo que está claro es que lo que hacen los ayuntamientos se tiene que seguir haciendo”.

Además, la norma establece unas competencias delegadas que son las de “creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de Educación de titularidad pública de primer ciclo de Educación Infantil” y la “realización de actividades complementarias en los centros docentes”. Para ello, “la delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación” por parte de las autonomías. Este cambio puede poner en riesgo, por ejemplo, las actividades extraescolares que complementan la jornada continua que hay en la gran mayoría de autonomías, que en muchos casos son sufragadas por las entidades locales. Por regla general, excepto en Extremadura, las autonomías no han querido financiar estas actividades extraescolares, para las cuales no tienen en la actualidad dotación económica.

A partir de aquí, el resto de servicios educativos dependientes de los municipios se declaran como impropios. “Hasta ahora –comenta Julio Conesa, coordinador general de Administración Local de CCOO-PV– los ayuntamientos utilizaban el artículo 28 de la Ley de Régimen Local para ofrecer servicios que no les correspondían, pero este artículo ha sido eliminado de la nueva ley. Así, aun en el caso de que el ayuntamiento tenga superavit, el interventor o el secretario municipal pueden hacer un informe negativo y los ayuntamientos no podrán ofrecer estos servicios, como pueden ser las becas complementarias de comedor o libros de texto. Hay que recordar que, además, la ley establece que los interventores pasan, de nuevo, a depender del Estado”.

Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entiende que “en cuanto a las competencias propias, los ayuntamientos podrán seguir desempeñándolas hasta que las autonomías las asuman. En cuanto al resto de competencias, el ayuntamiento podrá asumirlas en el caso de que sus cuentas estén saneadas y no haya otra administración que lo haga”.

2.738 millones en Educación

• Las corporaciones locales invierten en Educación, según las últimas estadísticas sobre Gasto Público en Educación publicadas por el Ministerio y correspondientes a 2011, un total de 2.738 millones de euros, pero sólo reciben de las administraciones educativas, sean el Ministerio o las autonomías, 485 millones de euros. Los ayuntamientos catalanes son los que más invierten en Educación (869,3 millones de euros) mucho más que Andalucía (311,8 millones), Madrid (287,4) o la Comunidad Valenciana (241 millones). Con este dinero se sufragan numerosos servicios educativos que si bien nunca han correspondido a las corporaciones locales, éstas las han asumido históricamente. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana la mitad de la red pública de centros de formación de adultos depende de los ayuntamientos. Sólo la Universidad Popular de Valencia, que imparte formación no reglada a adultos, cuenta con más de 10.000 alumnos.

Con estas cifras se explica la preocupación mostrada por numerosos alcaldes ante lo que puede suponer esta ley. Por ello, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas prepara una guía para aclarar las polémicas de esta reforma local.