El PP rechaza distribuir las becas de comedor y transporte de acuerdo a la renta y a la distancia
Con este objetivo, el portavoz de Educación de CiU, Martí Barberà, ha defendido crear un grupo de trabajo formado por miembros del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas para plantear alternativas a los problemas y desigualdades actuales en la concesión de este tipo de ayudas.
Una propuesta que ha aglutinado a todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, que han manifestado su acuerdo para avanzar y lograr un sistema más justo y equitativo.
La LOE establece un carácter básico y homogéneo a las mismas, y fija como condición para su percepción que el alumno resida en un municipio distinto al de su centro escolar.
CiU ya presentó una Proposición de Ley con la que pretendía modificar esta ley orgánica para acabar con el carácter básico de esta norma y permitir a las comunidades fijar los criterios a seguir en la concesión de estas ayudas de forma más acorde a sus necesidades reales. Sin embargo, se topó con la oposición del PP, además de la del PSOE, Izquierda Plural y ERC “por intereses electorales”, dice CiU.
El diputado Martí Barberà, sin renunciar al objetivo fundamental, propone crear un grupo de trabajo que estudie la eliminación del carácter básico de la LOE; y que valore asimismo la gratuidad de transporte y comedor en el caso de que la escolarización tenga lugar en un núcleo de población diferente al de residencia. El parlamentario de CiU trabajará para sumar al PP en sus futuras propuestas.
El 25% en castellano
Por otra parte, los padres de Cataluña que reclamaron a los tribunales que sus hijos pudieran estudiar también en castellano han recurrido la suspensión de la aplicación del 25% del horario lectivo en esa lengua en cuatro centros.
Según la asociación Convivencia Cívica Catalana, que asesora legalmente a los padres, los recursos se han fundamentado en la falta de motivación de la suspensión y también en “la necesidad urgente de ejecutar las sentencias y medidas cautelares dictadas en su momento por el Tribunal Supremo”.
En un comunicado, Convivencia Cívica recuerda que las medidas cautelares fueron acordadas por la justicia en enero de 2013, “y aún no se han cumplido”.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejó hace unos días en suspenso la aplicación del 25% del horario lectivo en castellano en las escuelas catalanas a las que se había ordenado hacerlo.
Convivencia Cívica considera que este retraso se debe a “la actitud de obstrucción del Departamento de Enseñanza, que sólo persigue un fin: seguir demorando el cumplimiento de las resoluciones para seguir vulnerando aquellos derechos de los padres reconocidos por la justicia”.
También critica la “intolerancia del gobierno catalán” al negarse a aplicar lo que Convivencia considera “un pequeño porcentaje, el 25%, del horario lectivo” en castellano.