Los responsables de la (no) enseñanza en Andalucía
En Andalucía, las agresiones de alumnos de Secundaria, o de sus familiares, a profesores saltan a la luz pública con frecuencia cada vez mayor, a pesar de los desesperados intentos de los responsables de la Consejería de Educación por ocultarlos. El último caso tuvo lugar recientemente en el IES “Nueva Andalucía” de Marbella, donde un familiar de una alumna propinó una brutal paliza al jefe de estudios del centro. Esa misma semana ya se habían producido otras dos agresiones que no habían sido denunciadas. Y éste es un caso aislado sólo en lo que a su trascendencia a la opinión pública se refiere; la mayoría de los centros de Secundaria andaluces están en circunstancias parecidas.
La Inspección educativa, por su parte, se dedica a perseguir a cualquier profesor que suspenda más de lo que dictaminan los responsables políticos y a presionar a las directivas de los centros para que no reflejen la mayoría de los incidentes en la herramienta informática prevista para ello. Al margen de cualquier consideración racional, ética o legal; lo importante es que los centros sean oficialmente espacios de paz.
El resultado es que los docentes no se atreven a hacer valer sus derechos y se ven abocados a trabajar en una abyecta atmósfera de miedo, lo que impide por completo la realización de sus verdaderas funciones. Como es natural, el Observatorio de la Convivencia Escolar de Andalucía no tiene nada que decir al respecto.
A todo esto, el consejero acaba de anunciar la compra de 27.000 tabletas híbridas con teclado para los alumnos de Primaria. También ha anunciado que no está dispuesto a hacer públicos los resultados académicos de los diferentes centros, tal como aconsejan los autores de PISA y exige la Lomce.
Parece ser que la tan cacareada transparencia no es compatible con la pedagogía progresista. Una pedagogía que no cesa de huir hacia delante, pues la Consejería fomenta también ahora la conversión de los centros de Secundaria en Comunidades de Aprendizaje, que son una especie de delirio asambleario en el que los profesores pierden cualquier atisbo de autoridad que pudiera quedarles y quedan especialmente expuestos a los caprichos de los alumnos y sus familiares. Sí, a los caprichos de esos que les agreden.
Por si al paciente lector de este artículo le parece inverosímil tanta irracionalidad entre los responsables políticos de la enseñanza andaluza, le contaré que, recientemente, la delegada de Educación de Cádiz, Cristina Saucedo, ha publicado en Twitter el siguiente mensaje: “Buenos días. Camino de Sevilla, escuchando la radio: un tercio de las europeas sufren violencia de genero!! Haber que dicen ahora algunos…” (sic). A mí, lo primero que se me ocurre decir es que a esa señora, que asombrosamente es licenciada en Ciencias de la Educación, deberían haberle suspendido la asignatura de Lengua en Primaria. Lo segundo, que es una vergüenza y un escándalo que una persona que da muestras tan ostensibles de la más supina ignorancia tenga un título universitario y ocupe el cargo que ocupa.
Así las cosas, ¿a quién pueden extrañarle los progresivamente desastrosos resultados que la enseñanza andaluza cosecha en cada nuevo informe nacional o internacional?
Gonzalo Guijarro es portavoz de APIA