El PP andaluz pide la dimisión de Alonso

La vicesecretaria general del PP de Andalucía, Virginia Pérez, ha pedido la dimisión del consejero de Educación, Luciano Alonso, “por dignidad y ética”, ya que la empresa de un primo suyo ha sido exonerada de justificar 48 expedientes de ayudas a la formación por un valor de unos dos millones de euros. Según Pérez, “no se puede poner a un lobo a cuidar las ovejas”, en alusión a que Alonso es el encargado de revisar los 8.000 expedientes de ayudas a la formación para comprobar que no se han producido irregularidades con estas ayudas públicas.

El consejero, por su lado, ha reiterado en el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz realiza “un despliegue de transparencia único y sin precedentes en España” en relación con el análisis de los expedientes de subvenciones a cursos de formación. Alonso ha subrayado así que se trabaja con “rigor” y “controles exhaustivos” para cumplir “con el objetivo de que todo el dinero público no justificado, conforme a la legalidad, se devuelva al erario público”.

Alonso ha informado también de que la Junta ha sumado una personación más como parte afectada e interesada en los procedimientos judiciales en curso, en concreto a las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción nº2 de Cádiz. Esta última personación se añade a las cinco ya en marcha que fueron citadas por el consejero en su pasada comparecencia parlamentaria, y que son: dos en diligencias previas en el Juzgado nº6 de Sevilla por presunto fraude contra la Administración pública; una en diligencias previas en el Juzgado nº9 de Sevilla por ayudas a la UGT; una en diligencias previas en el Juzgado nº 3 de Sevilla por presunto fraude de subvenciones y una en las diligencias previas en el Juzgado nº3 de Cádiz, sobre la investigación de percepción de subvenciones por posibles empresas inexistentes.

El consejero lo niega
Alonso ha insistido en que “las exoneraciones no afectan en ningún caso a la tramitación de los expedientes que estamos analizando, ya que todas las entidades, también las exceptuadas, deben justificar el destino de la subvención”. El titular de Educación ha reprochado así al PP-A que “crimanalicen” a todos las entidades exceptuadas, “aún sabiendo que se está analizando la justificación de la subvención de todas y cada una de ellas”.

Para el PP-A, sin embargo, “Alonso no debería haber aceptado la investigación de algo que afecta a un familiar”. A la vez, recuerdan que “fue este consejero quien ha presentado el anteproyecto de ley andaluza de Formación Profesional para tener un mayor control sobre estas ayudas”, si bien, matizan, “el Gobierno andaluz trata de desvincular esa nueva norma del hecho de que la justicia investigue las ayudas”. “En el momento de presentar el anteproyecto de ley, Alonso debería haber ofrecido explicaciones sobre los 48 expedientes que afectan a su familiar”, matizó Virginia Pérez.

El consejero, en su opinión, considera “curioso que en el PP estén preocupados con Andalucía, que tiene un sistema garantista y transparente, y no les preocupe que en otras comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Castilla y León, Galicia, Extremadura y la propia Administración del Estado sí puedan pagar las subvenciones sin tener que justificar los ejercicios anteriores”.

Asimismo, Luciano Alonso ha afirmado que desde que es consejero con competencias en FP para el Empleo “no he firmado ni una sola resolución de exceptuación o exoneración; no se ha convocado la orden de subvenciones y no se ha realizado desde mi Consejería ningún pago a las empresas de las que es titular el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda”.

Por su parte, la vicesecretaria del PP andaluz ha dicho de la presidenta andaluza, Susana Díaz, que “ya no es posible que siga queriendo mantenerse al margen” y que "no puede seguir escondida” ni manteniendo su “táctica del avestruz”.