La Junta disuelve los Consorcios Escuela de FP
Garantizar la viabilidad económica, el buen servicio público formativo y la estabilidad de los trabajadores de los centros. Estos son los tres argumentos que ha esgrimido la Junta de Andalucía para la disolución de los Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo, que pasarán a gestionarse con un nuevo modelo a partir de enero de 2015.
El Consejo de Gobierno andaluz aprobó la semana pasada las dos normas que sentarán las bases de la reorganización. La primera de ellas es un acuerdo que autoriza a instar la disolución de los Consorcios y la segunda un decreto ley que transforma el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos en la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (Apaef), con el objetivo de que sea este nuevo organismo el que asuma la gestión de los centros.
Según explicó el consejero, Luciano Alonso, con el nuevo modelo, “los Consorcios Escuela dejarán de depender de una subvención anual y será la propia Administración la que asegure directamente, a través de Apaef, la continuidad de su oferta formativa de una manera eficiente y con acuerdos de colaboración con el sector privado las entidades locales para garantizar la empleabilidad de los alumnos”.
Gestión de subvenciones
El anuncio se ha producido coincidiendo con la investigación de los expedientes relativos a la gestión de las subvenciones de la Junta en materia de formación. Tal y como ha explicado Alonso, la Consejería ha analizado ya 5.153 expedientes de subvenciones a cursos de Formación para el Empleo, de los que 3.051 están en fase de querimiento de documentación, estudio o inicio de reintegro; 1.462 han sido resueltos –se han justificado correctamente– y para 640 se han propuesto resoluciones definitivas de reintegro.
Solo en en el tiempo transcurrido desde la última intervención de Alonso en el Parlamento, se han propuesto 59 expedientes para su reintegro por un importe de casi dos millones de euros, una cantidad que tendrá que devolverse a las arcas públicas, según explica la Consejería de Educación en un comunicado.
Sin embargo, la Consejería no hará públicos los nombres de los beneficiarios de las subvenciones que deberán ser reintegradas por no haber sido justificadas debidamente. Educación argumenta que la publicación de los nombres, los importes y la motivación del reintegro vulneraría la normativa de protección de datos y la asunción de responsabilidades jurídicas de la Junta. Ahora bien, en opinión del PP, la decisión de no publicar la información obedece a otros motivos, y ha acusado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, de “ocultar información que puede salpicar al PSOE”.
Así lo indicó la portavoz de Empleo del PP en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz Sillero, que apuntó que lo que le interesa a los ciudadanos son los expedientes que afectan a la Junta y a entidades públicas y cómo esto “no tiene nada que ver con expedientes de poca cuantía de empresas privadas que se han visto afectadas por la mala gestión de la Junta”.