La pérdida de poder adquisitivo en los docentes llega ya al 30% en Andalucía

Un retroceso de 20 años en una de las empresas más grandes de España, con 95.000 docentes trabajando en ella. “El protagonista principal de estos recortes ha sido el Gobierno central, aunque la Junta ha servido de correa transmisora”. “Bajo el amparo de los recortes, tenemos un modelo educativo que no evoluciona”. “Recortes en presupuestos, restricciones económicas y la situación que viene de la aplicación de la Lomce”. Y todo esto incide en “la dignificación de la labor docente, pues parte de un reconocimiento de sus condiciones económicas y laborales”. Así se expresaban los invitados a la nueva mesa redonda organizada por MAGISTERIO en Sevilla el pasado día 8, con motivo de las elecciones sindicales en la enseñanza pública del próximo mes de diciembre.

La pérdida de poder adquisitivo en el profesorado ronda el 23% en el conjunto de España, mientras que en Andalucía se incrementa hasta el 30%. “Ese aumento se debe a las reducciones de los complementos devengados en pagas extra”, explica José Fernández, responsable de Pública de FE-CCOO Andalucía, aunque advierte de que “seguimos siendo los últimos en salario y homologación retributiva, ya que desde 2008 no se avanza, y no somos capaces en Andalucía de ir recuperando parte de esa pérdida”.
“El profesorado andaluz es el peor pagado de todo el espectro nacional”, asegura Francisco Padilla, presidente de ANPE Andalucía, que advierte de que “actualmente, cuando en el resto de España se habla de recuperación económica, el profesorado andaluz aún va a sufrir un importante recorte en la nómina de diciembre que va desde los 800 a los 1.500 euros, dependiendo del cargo que de-sempeñe”. Además, “la Junta eliminó las ayudas de acción social de un plumazo y con carácter retroactivo, cuando ninguna comunidad las ha quitado al 100%”, denuncia.

Para Francisco Hidalgo, presidente del sector de Enseñanza de CSI-F Andalucía, “una de las cosas que más ha dolido al profesorado andaluz es la detracción de haberes por incapacidad temporal, ya que el profesor se siente perseguido y bajo sospecha de que cuando falta a clase lo hace sin motivos”. Hidalgo denuncia que “no se puede castigar a nadie porque se ponga enfermo, y esto hace que muchos profesionales se sientan heridos en su dignidad”. En este sentido, Sonia Gaya, secretaria general de FETE-UGT Andalucía, considera que “si en un momento dado se produce absentismo del profesorado, para eso está la Inspección médica”, además de que “ el director cada vez tiene más potestades disciplinarias”. Al final “todas estas medidas coercitivas nos hacen ir a trabajar con miedo”.

Según Hidalgo, “el Gobierno andaluz se ha aprovechado de los recortes nacionales para justificar los recortes propios”. De esta forma, la Junta ha aplicado sin ninguna pega el incremento en 20 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, la no cobertura de bajas de hasta 10 o 15 días lectivos o el incremento de la ratio, que venían por Real Decreto. Según Padilla, “cuando a la Junta le interesa dar una vuelta a la ley sabe muy bien cómo hacerlo bordeando la legalidad, como ha hecho con la aplicación de la Lomce; pero sin embargo qué estrictos y legales fueron con el aumento del horario lectivo, que ni siquiera era una ley, sino un Real Decreto, y de repente 4.500 profesores dejaron de trabajar en Andalucía por aplicación directa”.

Para Sonia Gaya, sin embargo, “la política de la Junta ha sido muy social en medidas como el transporte escolar, la gratuidad de los libros de texto, los comedores, los refuerzos o el plan PROA”. En su opinión, “son medidas con un impacto social muy grande, pero con un impacto económico muy pequeño, mientras que si se recorta a los funcionarios, el impacto económico es mayor, ya que somos 95.000 docentes”. Ella critica que “no se haya buscado el equilibrio entre estas dos cuestiones”. Para José Fernández, “la Junta ha ido a lo fácil: a los funcionarios, a sus nóminas… pero el profesorado andaluz no puede pagar la crisis económica”.

Cubrir las sustituciones
Por su parte, Francisco Hidago considera que no puede haber falta de presupuesto para sustituciones, ya que son fundamentales para la calidad de la enseñanza: “Si no se cubren bajas en 10 días, esos alumnos no reciben las materias correspondientes, además de que ocasiona problemas en la organización del centro al no poder cubrir los servicios de aula”.

Para Francisco Padilla, “no cubrir las bajas significa que el centro deja de ser un lugar donde se educa a un lugar donde se cuida”. El representante de ANPE explica que “a los 10 días que impone el RD a nivel nacional, se añade una peculiaridad propia de nuestra comunidad, y es que las sustituciones se cubren con un presupuesto previo que se asigna a los centros”. Y el problema viene cuando “los directores toman la decisión de qué bajas cubrir, ya que se suele recurrir a personal del propio centro, por lo que ese personal deja de realizar sus funciones, con los efectos para el resto de compañeros”.

Más interinos
En cuanto a la plantilla, el acuerdo sobre el periodo transitorio que iba de 2007 a 2011 implicaba llegar progresivamente a 15.000 docentes más. José Fernández, de CCOO, explica que “en los dos primeros años, de hecho, se llegó a tener 6.500 docentes más”, pero el problema es que “ha ido aumentando el número de alumnos matriculados y disminuyendo el número de profesores”, además de que la Junta eliminó esos 4.500 profesores por aplicación de los recortes”.

Ese sistema transitorio, según Hidalgo, “consiguió llevar la tasa de interinidad en Andalucía a cánones internacionales del 7 y 8%, con plantillas estables y una precariedad mínima en el empleo”. Sin embargo, “las tasas de reposición del 10% en los años posteriores nos están llevando otra vez a cifras problemáticas”, ya que el porcentaje puede rondar actualmente el 15%.