La Fiscalía reprocha a Rigau que cediera los centros para el 9N
Así lo sostiene el ministerio público en la querella que la Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente catalán, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones públicas y malversación.
En su escrito, el ministerio público señala que una de las "actuaciones de interés" para la causa son las "convocatorias oficiosas" cursadas vía correo electrónico por las autoridades territoriales de la conselleria de Enseñanza, bajo la dirección de Rigau, a los directores de institutos de enseñanza media para que acudieran a reuniones sobre el proceso del 9N. En estos encuentros, según la Fiscalía, se solicitó a los directores de instituto la cesión de locales de sus centros los días 8 y 9 de noviembre, para la instalación de las mesas electorales y el desarrollo de la convocatoria.
Precisamente, la Fiscalía pide en su escrito que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) requiera a la Delegación del Gobierno en Cataluña que le facilite toda la información que haya podido recabar sobre las actuaciones de la conselleria de Enseñanza en relación al 9N. En concreto, la Fiscalía propone como diligencia que se recabe información sobre las comunicaciones y reuniones mantenidas por el Departamento de Rigau con directores de centros de enseñanza de Cataluña para la cesión de locales para celebrar la consulta.
Según el ministerio público, la víspera del 9N se franqueó el acceso a un número no determinado de institutos, colegios y centros oficiales dependientes de la Generalitat, ubicados dentro y fuera de Cataluña, a los delegados y equipos de voluntarios "previamente inscritos" en el registro de voluntarios "avalado por la Generalitat". Estos voluntarios, según la querella, "tomaron posesión" de estos locales "para instalar las mesas electorales, equipos informáticos y demás elementos materiales precisos para la realización de la consulta. El registro de estos voluntarios ha sido destruido por la Generalitat "una vez logrado el objetivo" por el que fue creado, según una correo remitido a los afectados tras la votación.