Gomendio: “El sistema universitario español es insostenible”
Montserrat Gomendio durante el desayuno informativo de Europa Press. (Foto: Jorge Zorrilla)
Según Gomendio, “en España existe una ecuación imposible al tener una de las mayores tasas de acceso a la universidad de toda la UE –habiendo cumplido ya el objetivo que Europa se ha planteado para 2020–, al mismo tiempo que una de las tasas más bajas de matrícula, impuestos bajos y prácticamente ninguna selección para la entrada a la universidad”.
El problema, a su juicio, es que “la Educación no es gratuita, y la pregunta es quién lo paga, cuándo y cómo”. La responsable ministerial explicó que “en EEUU la universidad la paga el estudiante o su familia porque se considera que toda la ventaja de empleabilidad repercute en el individuo, y por tanto es este, en estas etapas no obligatorias, quien tiene que costearse sus estudios”.
En el otro extremo situó a los países nórdicos, donde “prácticamente no hay tasas universitarias, pero todo se paga con un elevadísimo nivel de impuestos, que es perfectamente aceptado, y además existe un sistema de selección fortísimo para entrar en las facultades, de forma que no presentan ni de lejos las tasas de acceso que tenemos nosotros”.
Gomendio apuntó que “el modelo predominante aquí es que la financiación pública esté ligada al número de alumnos, cuando en países con sistemas universitarios de excelencia tiene más peso la evaluación de la calidad docente y los resultados científicos”. Por eso insistió en “abrir un debate sobre el mejor modelo de financiación de las universidades”.
“Ahorro” para las familias
Sobre el Real Decreto que modifica la horquilla de créditos que pueden tener los grados, “el mal llamado 3+2” según Gomendio, insitió en que “no va a suponer un mayor coste para los estudiantes”. La secretaria de Estado señaló que “obviamente en aquellas titulaciones que se reduzcan a tres años, el 100% de los estudiantes va a pagar un año menos”. Concretamente, en el caso de que todos los grados –a excepción de profesiones reguladas– se redujesen a tres años, aseguró que “supondría un ahorro para las familias de 150 millones de euros en total”.