Las diferencias en el gasto educativo entre comunidades llegan al 55%

Según Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de Valencia y director de investigación del IVIE, “pese a la caída en el gasto educativo durante la crisis, casi todas las comunidades mantienen el esfuerzo en este servicio medido en porcentaje sobre el PIB cuando se compara 2013 con 2007”. Las comunidades donde más porcentaje del PIB se dedica a Educación son Andalucía y Extremadura, con el 6,5% y 5,7%, respectivamente, siendo los porcentajes menores el 2,6% de la Comunidad de Madrid y el 3,4% de Cataluña.

Si hablamos en términos por habitante, en 2013, son las comunidades forales –el País Vasco y Navarra– donde mayor gasto se realizó en Educación (1.224 y 1.107 euros per cápita, respectivamente), mientras que en Madrid es donde el gasto público es menor (791 euros per cápita). En concreto, haciendo referencia a este dato, ha señalado que “una de las causas por las que la Comunidad de Madrid pueda ser la comunidad que menos gasta es porque hay más gente que decide apostar por los centros privados”.

Algunas de las cuestiones que más preocupan a la comunidad educativa son las competencias adquiridas y la tasa de abandono escolar, la cual se prevé que siga ascendiendo durante los próximos años.

Otra de las conclusiones del informe es que las transferencias monetarias (pensiones, subsidios…) y en especie (servicios educativos y de salud) de los servicios públicos fundamentales son una parte importante de la renta de las familias.Concretamente, en 2014, representaba el 44% de la renta disponible de las familias.

Niveles de partida
El informe pone de relieve que todas las comunidades han ajustado los gastos, pero sus niveles de partida eran muy diferentes. Así, País Vasco, Asturias y Navarra gastan más tras los ajustes que lo que gastaban otras antes de realizarlos (Baleares, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía). Las autonomías que más han reducido la inversión en educación entre 2009 y 2013 son por este orden, la Comunitad Valenciana y Castilla-La Mancha, que como se puede apreciar en el gráfico de arriba se encontraban a la cola en inversión educativa junto a las islas y la Comunidad de Madrid.

La única comunidad que ha incrementado esa partida entre 2007 y 2013 ha sido Asturias, cuya renta per cápita ocupa la posición décima de las 17 comunidades autónomas.

Según el estudio, que también analiza las necesidades de cada territorio y los ingresos de su administración, el nivel de gasto depende básicamente del nivel de financiación autonómica que reciben. «Las diferencias no han cambiado con el tiempo. Ya existían antes del estado de las autonomías, lo que pasa que ahora las conocemos con mucha más profundidad y no se ha hecho lo suficiente para eliminarlas», manifestaba Francisco Pérez.

El gasto en los servicios públicos fundamentales representa el 60% del gasto público total y un 41 % lo realizan las CCAA, mientras que el 40 % restante corresponde a la Seguridad Social
Una de las propuestas que aporta el estudio para para corregir estas desigualdes es la creación, durante los años de bonanza, de un fondo de previsión para los servicios públicos fundamentales, similar al fondo de reserva de las pensiones que ya existe.

­­Además de este fondo de previsión, refiriéndose a la Educación, el profesor Francisco Pérez advirtió que “hay que diseñar políticas con horizontes financieros a medio y largo plazo y promover acuerdos entre las administraciones públicas sobre los recursos comprometidos en las políticas de servicios públicos y adecuar los sistemas de financiación autonómica a la equidad territorial consagrada en la Constitución”.

Los autores del informe han insistido en que las diferencias de gasto entre las comunidades no se explican por las distintas necesidades derivadas de factores como el porcentaje de niños o ancianos o la dispersión de la población. De hecho, no siempre las regiones con más necesidades por habitante gastan más. Esas desigualdades se explican por razones históricas o políticas, como la foralidad (País Vasco y Navarra) o la valoración que se hizo en su momento de las competencias transferidas.

También ha tratado de explicar que las diferencias de gasto público “no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos” lo que, a su juicio, “mueve a la preocupación y exige explicaciones”. Si se quieren disminuir, propone, “hay que considerar la situación de las comunidades forales”, aunque ha precisado que no se cuestiona su singularidad institucional sino “el resultado financiero “que se deriva, pero también hay que tener en cuenta el volumen de transferencias que hay que poner en manos de las comunidades para Educación”.