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El nuevo mapa autonómico, favorable a paralizar la Lomce

Tras las elecciones del pasado 24 de mayo, los partidos políticos que posiblemente gobiernen en las distintas autonomías, con el PSOE a la cabeza, ya han anunciado que van a suspender la implantación de la nueva ley, a la espera de que finalmente se derogue a nivel nacional.
Adrián ArcosMartes, 9 de junio de 2015
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Hace solo un año y medio de la aprobación de la Lomce, pero los resultados electorales del pasado 24 de mayo ponen a la ley contra las cuerdas. El PP, promotor e impulsor de la nueva ley, parece que solo podrá gobernar en cuatro comunidades autónomas (Castilla y León, Murcia, Madrid y La Rioja, más Galicia donde no se han celebrado elecciones), de las 11 en las que gobernaba hasta ahora. Además, a tres meses para que empiece el nuevo curso, solo las comunidades hasta ahora gobernadas por el PP han aprobado sus respectivos decretos de Secundaria y Bachillerato, o tienen ya redactados los borradores, pero la nueva configuración política surgida tras las elecciones puede acabar convirtiendo esos decretos en papel mojado.

En Aragón, PSOE, Podemos, CHA e IU se reafirmaron la semana pasada en su compromiso por paralizar esta reforma educativa si, finalmente, alguno de ellos accede al poder. En la reunión mantenida por estos cuatro partidos, que se han autodenominado Frente Anti-Lomce, se comprometieron a desarrollar una serie de iniciativas legislativas para la inmediata paralización y reversión del proceso de implantación de la nueva ley. Entre las medidas se encuentran suspender la implantación del currículo de la ESO y del Bachillerato, derogar la Orden de Evaluación de Primaria y modificar las órdenes de Instrucciones de organización y funcionamiento de los centros.

En la Comunidad Valenciana, el PSPV ha incidido en la necesidad de dar respuesta a la aplicación de la Lomce en Secundaria. Según el secretario socialista de Educación, Miguel Soler, la aplicación “ya está provocando una terrible desorganización en los centros, por lo que hay que analizar las medidas que se deben adoptar para paralizarla y disminuir los aspectos más negativos que tiene esta ley hasta lograr que se derogue”. De hecho, el PSPV ha mostrado su “compromiso de convocar una reunión urgente con toda la comunidad educativa” para tratar este tema y otros como el calendario escolar, la incorporación de nuevos profesores, la necesidad de organizar grupos de refuerzo o la apertura de comedores escolares.

De igual forma, en Extremadura, el secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que cuando forme el nuevo Ejecutivo hará cambios en el nuevo currículo de ESO, que fue publicado la semana pasada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tras su aprobación en Consejo de Gobierno. El líder socialista avisó de que cuando acceda al Gobierno regional cambiará “las cosas con las que no estemos de acuerdo”. Cabe destacar que el nuevo decreto fue rechazado en su día por el PSOE regional.

También en Cantabria, el PSC-PSOE ha mostrado su rechazo a la evaluación de 3º de Primaria por “atentar de manera directa contra el modelo inclusivo” de enseñanza que defienden los socialistas, y ha subrayado que, si forma parte del próximo gobierno, no apoyará el desarrollo de la Lomce.

En Baleares, FETE-UGT ha pedido al futuro nuevo Govern que asuma “un compromiso político y acciones concretas para suspender la aplicación de los currículos de la Lomce”. El sindicato reclama que una de las primeras decisiones del futuro Ejecutivo autonómico sea la publicación de un acuerdo por parte del Consell de Govern que suspenda la aplicación de los currículos de ESO y Bachillerato en los centros.

Moción educativa
A nivel nacional, el Grupo Parlamentario Socialista defendió la semana pasada en el Pleno del Congreso una moción sobre la política educativa del Gobierno, en la que el PSOE destaca la “incapacidad de diálogo y consenso que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha mostrado con toda la comunidad educativa a lo largo de la presente legislatura” y reclama la derogación de la Lomce, defiende un servicio público de la Educación basado en la igualdad de oportunidades y en un firme apoyo y compromiso con la escuela pública, y se comprometen a elevar las inversiones en Educación, para alcanzar, en ocho años, un gasto público equivalente al 7% del PIB.

En la iniciativa, los socialistas piden también que se recuperen los programas de cooperación territorial –Educa3 y PROA– para reducir el abandono y compensar las desigualdades; universalizar la escolarización pública desde los 3 a los 18 años; impulsar la FP; recuperar la beca como un derecho y facilitar el acceso a las mismas; reducir las tasas universitarias; la retirada del nuevo modelo 3+2; mejorar el sistema público de universidades; y recuperar Educación para la Ciudadanía.

Mientras, en otras comunidades que no han celebrado elecciones, como en el País Vasco y Cataluña, el Ministerio estudia presentar sendos requerimientos por “inacción” respecto a la tardanza en la aprobación de los decretos autonómicos de Primaria. El director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Ignacio Sánchez, indicó que la normativa de estas dos comunidades sobre esta etapa está ya muy avanzada y se aprobará en breve, “pero un año tarde”.

En el caso de Andalucía, Sánchez señaló que esta comunidad ya aprobó su propio decreto y, como se hace con todos los currículos autonómicos, la Alta Inspección del Estado procede a verificar que sean acordes con la legislación básica estatal. El Ministerio presentó en su día un requerimiento a Andalucía por el modo en que aplicaba la reforma sin haber aprobado aún la regulación autonómica propia. En caso de carecer de regulación autonómica, siempre se puede utilizar la del Ministerio de manera subsidiaria, ha precisado.

Rechazo a la moratoria
En Asturias, el ministro Wert ha rechazado la solicitud realizada por la consejera, Ana González, para establecer una moratoria en la aplicación de la Lomce para Secundaria y Bachillerato el próximo curso. Según informó González, Wert respondió con una negativa a la carta que le dirigió para pedirle la moratoria en la que adjuntaba la solicitud aprobada por unanimidad por el Consejo Escolar. La consejera en funciones explicó que el ministro quiso recordar en su respuesta que se trata de una ley orgánica “y que no piensa retirarla”, enfatizó González.

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