Sobre la imputación a Lucía Figar
Desde que el juez Velasco imputara a la ya exconsejera de Educación de Madrid he tenido la oportunidad de comentar el asunto con numerosos responsables educativos de diferentes ámbitos y sensibilidades. Desde el ángulo sindical hasta el patronal, desde el mundo escolar hasta el universitario, desde sus propios correligionarios hasta quienes se encuentran en las antípodas ideológicas, casi siempre he escuchado la consideración de la tropelía que se ha cometido con Lucía Figar. Y digo que se ha cometido porque, independientemente de que la cosa quede en nada, el daño a la reputación ya está hecho.
“Figar no da el perfil de corrupta”, me admitía el representante de una organización muy crítica con la ex consejera durante toda la legislatura. En efecto, quienes han tenido la oportunidad de tratarla manifiestan opiniones muy diversas y encontradas sobre su acción política o su estilo de gobierno, sin embargo, nadie pone en duda su honradez. Figar no ha hecho grandes amigos y, probablemente, podría disputarse con Wert el premio a la impopularidad en el sector docente. Los duros recortes y una política educativa poco complaciente con los “insiders” y más orientada a las familias han sido los ingredientes para este duro trago. A esto hay que añadir el ensañamiento de que ha sido objeto por determinados tuiteros y blogueros. La realidad es que las dos legislaturas –especialmente la primera– han sido duras, muy duras.
En el terreno de la acción política, Madrid ha sido el referente del reformismo educativo del PP. Ha puesto la cara a la hora de acometer reformas que se sabía iban a contar con el rechazo de buena parte del sector, pero por pura coherencia: autoridad del profesor, Bachillerato de Excelencia, criterios de acceso a la función docente, zona única, desgravación por gastos educativos, nueva concertada, colegios públicos bilingües, etc. El PP ha respondido dejándola tirada a la primera de cambio, entrando al chantaje de quienes (parece ser, muy próximos al bufete del incombustible juez Garzón) querían torpedear el acuerdo PP-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. En definitiva, ofreciéndola como pieza en este espectáculo de pactos al que estamos asistiendo. Es política, dicen.