Educación, competencia estatal
El 29 de septiembre de 2007, en el acto fundacional de Unión Progreso y Democracia, la anterior portavoz del partido, Rosa Díez, ya pidió la devolución al Estado de las competencias de Educación y sanidad como forma de asegurar la igualdad de todos los españoles. Desde entonces, UPyD ha pedido desde el Congreso de los Diputados, y desde todas las instituciones en las que está presente, que retornen al Estado estas y otras competencias.
Para UPyD, el Informe PISA confirma su principal demanda educativa, ya que demuestra que “las principales diferencias educativas en España no se producen entre centros públicos y privados ni entre niños con más o menos recursos, sino entre comunidades autónomas”. Según el partido, el informe de la OCDE “refleja que el sistema educativo español no logra hacer que florezca el talento: hay muchos menos alumnos excelentes en nuestro país que en otros; el fracaso escolar es muy elevado; y, aunque no estemos lejos de la media en los resultados globales, estamos por debajo del puesto que nos correspondería respecto al tamaño de nuestra economía, y así llevamos una década”.
Pero desde la formación magenta observan que los problemas parecen estar bien localizados: “hay que mejorar la calidad de los docentes, reducir el número de asignaturas, potenciar la autonomía de los centros e instaurar procesos de evaluación y control”. Por desgracia, para UPyD, la Lomce afronta de forma insuficiente estos retos y renuncia por completo a resolver el que consideran el principal problema de la Educación en nuestro país: “la desigualdad territorial”.
Según el partido, “el culpable, al menos en los últimos 35 años, es el modelo territorial del Estado que se deriva de la Constitución del 78. La Educación, principal arma contra la desigualdad social, es una competencia transferida completamente a las comunidades autónomas, con el resultado de 17 sistemas educativos y las consecuencias que PISA deja claras”.
Los resultados de PISA son evidentes para UPyD: “existe hasta un curso y medio de distancia en materias clave entre los alumnos de ciertas comunidades autónomas”, y recuerda que “en España el dinero puede no ser un problema para obtener buenos resultados educativos, pero sí lo es el lugar de residencia”. El partido está convencido de que “las diferencias entre norte y sur, centro y este, son las mismas que existían en el siglo XIX” y, de hecho, denuncia que “los diferentes gobiernos de España han fracasado a la hora de reducir los patrones educativos regionales de esa España del siglo XIX, que se reproducen de forma prácticamente idéntica”. Por eso la solución para UPyD es igual de evidente: recuperar la competencia en Educación para el Estado.
Pero esa devolución de competencias “no significa una recentralización”. De hecho, el modelo del partido es el federal, necesariamente descentralizado. En manos de las administraciones autonómicas quedaría la gestión de dichas competencias, incluida la Educación Infantil. Pero las decisiones clave, que serían aprobadas en el Congreso de los Diputados, se adoptarían para todos los ciudadanos españoles.
Derecho a elegir la lengua
Además, UPyD considera que en los territorios bilingües se debe garantizar por ley el derecho a la escolarización en la lengua de elección y el aprendizaje adecuado de ambas lenguas oficiales, desvinculándose el concepto de lengua vehicular de los de lengua “propia” o “histórica”. Y debe facilitarse igualmente la movilidad del profesorado en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones y oportunidades. De esta forma se combinarían los objetivos de lograr la máxima eficacia y garantizar la igualdad de los ciudadanos, vivan en la parte de España en la que vivan.
Respecto a este tema lingüístico, el pasado 20 de octubre, PP y UPyD pactaron instar al Gobierno a garantizar la Educación en castellano en las comunidades bilingües. El partido magenta ofreció además un texto transaccional, en el que “se insta al Gobierno a promover todas las medidas que sean precisas para garantizar que todos los ciudadanos españoles, sea cual sea su lugar de residencia, tengan garantizado su derecho efectivo a elegir y utilizar sin ningún tipo de restricción la lengua cooficial que prefieran en los territorios donde las hubiere, tanto para comunicarse con todas las administraciones públicas como para garantizar el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales”.
Necesidad de un pacto
La devolución de las competencias tampoco debería ser un inconveniente para alcanzar un pacto de Estado en Educación que incluya, al menos, a los partidos mayoritarios de ámbito nacional y que dotara de estabilidad al sistema garantizando la permanencia de la norma. Para UPyD, “la nueva política educativa debe partir del reconocimiento de los profesores como los verdaderos expertos educativos, responsables de su formación y la evaluación de su trabajo, y no, como hasta ahora, como meros ejecutores de reformas que se les dictan desde otros ámbitos o, incluso, como los culpables de los fracasos de estas”.
En un comunicado reciente, el portavoz adjunto de la formación, Gorka Maneiro, ha pedido un acuerdo educativo que asegure un sistema común en toda España para los 20 o 30 próximos años. “No puede ser que cada vez que un partido entra en el Gobierno, elabore una nueva ley de Educación para tratar de imponer su propia ideología al conjunto de la sociedad”, argumenta.
El portavoz de UPyD recuerda también la oposición de su formación a la Lomce, norma que califica de “retrógrada, reaccionaria y que no sirve para garantizar la mejor Educación”.