Queja al Defensor del Pueblo por la petición del certificado de penales a los docentes
El Ministerio de Educación y las comunidades acordaron el 6 de noviembre garantizar que ningún condenado por delitos sexuales con sentencia firme trabaje en centros educativos y, para ello, todos sus empleados deberían acreditarlo. El Ministerio de Educación lo propuso para aplicar la Ley de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor desde el pasado agosto.
El sindicato CCOO pide que se deje de pedir tal certificación por las patronales de la enseñanza concertada, de atención a personas con discapacidad, de centros de reforma y protección de menores y de ocio educativo, a las empresas cuyo personal desarrolla su actividad profesional en atención directa al menor y a la Administración Educativa de La Rioja.
"La exigencia del certificado de antecedentes penales es una actuación ílicita que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador, así como la Ley de Protección de Datos", señala el sindicato, entre otros argumentos. También se infringe, añade, el derecho a un proceso justo, dado que empresarios y Administración educativa "no son órganos competentes para juzgar los antecedentes de un ciudadano".