La Comunidad Valenciana detecta sobrecostes en obras escolares de 1.000 millones
Este es el resumen crudo de lo que ha sido la vida de Ciegsa, la empresa pública que la Generalitat Valenciana creó en 2001 para encargarse de las infraestructuras educativas, según la auditoría definitiva de la Intervención General de la Generalitat, con fecha de 6 de enero pasado, sobre la gestión desarrollada al amparo del convenio suscrito el 5 de febrero de 2001 entre la Conselleria de Cultura y Educación y la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas, SA (Ciegsa).
El informe fue presentado la semana pasada por Vicent Soler, conseller de Hacienda, y Vicent Marzà, conseller de Educación. Según Soler, Según el conseller Soler, el informe de Intervención “es un documento que revela unos hechos de extrema gravedad. El documento confirma nuestras sospechas: los gobiernos del Partido Popular utilizaron el sector público para crear una Administración educativa paralela, una especie de Conselleria de Educación en B, con el objetivo de privatizar un servicio público esencial como es la educación. Se hace una radiografía de una red clientelar alrededor de esta firma. En definitiva, sobrecostes y deuda que recaerán sobre las espaldas de todos los valencianos”.
Según la Administración valenciana, la gestión de una empresa pública como Ciegsa desde 2001 ha supuesto un coste a los valencianos de 457 millones. Uno de los puntos más graves es que, aparte, en sobrecostes se ha abonado un 36% más por encima del precio que habrían costado los centros si su construcción la hubiera gestionado directamente el Servicio de Infraestructuras de la Conselleria de Educación. En total, 540 millones de sobrecostes que sumados a la gestión son 997 millones de euros que se habrían podido invertir para construir 199 centros educativos nuevos.
Se han hecho 610 actuaciones -que incluyen nuevas construcciones, rehabilitaciones y equipamiento-, pero aún quedan pendientes 217 actuaciones que se han quedado a medias con un coste calculado por la Intervención de 783 millones de euros. 62 más se encargaron y no se empezó nada, según se constata en el informe.
Desde Ciega se actuaba y después la Generalitat lo asumía sin ninguna planificación de necesidades. Por ejemplo, de 2001 a 2013 había 67,5 millones de euros presupuestados, mientras que el volumen de obras licitadas fue de más de mil quinientos ochenta y un millones de euros, según las conclusiones que se obtienen de dicho informe.
Sobrecostes
Cuatro son los puntos en los que se centra el informe de Intervención para criticar la historia de esta empresa pública. En primer lugar, los sobrecostes. Los centros construidos por Ciegsa han costado, según un estudio de los técnicos de Infraestructuras que recoge la Intervención, un 36,07% más que si las actuaciones las hubiera hecho directamente el Servicio de Infraestructuras de la Conselleria de Educación.
Extrapolando estas cifras, eso supondría un sobrecoste de aproximadamente 540 millones. A una media de cinco millones por centro educativo, se habrían podido construir 108 infraestructuras nuevas solo en sobrecostes. A esto hay que sumar 457 millones en costes para las arcas públicas, fundamentalmente, costes financieros.
El segundo aspecto que destaca Intevención es la “vulneración flagante de la legalidad aplicable” tanto en el propio convenio como por el abuso del procedimiento de negociado sin publicidad.
Además, añade el informe, hay que sumar el coste de personal de la propia Ciegsa. La plantilla media de la empresa fue de 73 empleados, que ha supuesto una gasto de 42,6 millones y un coste medio por trabajador de 41.665 euros. En 2012, el año más duro de la segunda recesión, el coste medio por trabajador fue de 55.914 euros, más que un director general de la Generalitat.
Tanto Hacienda como Educación elevarán este informe al pleno del Consell con la sugerencia de que pueda llevarse a la fiscalía para que ésta estime si hay ilícito penal que pueda terminar en los tribunales de justicia, según fuentes de la Conselleria.