La libertad de enseñanza sí es una línea roja para alcanzar el pacto
“Para nosotros la libertad de enseñanza sí es una línea roja para alcanzar el pacto educativo, y cualquier planteamiento que vaya en contra va a hacer difícil que seamos flexibles para llegar a ese acuerdo”. Así lo manifestó Sandra Moneo, portavoz del PP en el Congreso, durante la mesa redonda Posicionamiento de los partidos políticos en materia educativa y pacto escolar, dentro del VIII Foro Europeo Educación y Libertad que la patronal Acade celebró el viernes pasado en Madrid. Para Moneo, “el desarrollo pleno del artículo 27 de la Constitución debe ser el pilar fundamental del pacto” y consideró “un error” plantear en este momento una revisión de la norma constitucional. “La libertad está por encima de todo, porque son los padres quienes eligen la Educación para sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones personales y morales”, remarcó.
Pablo Uruburu, coordinador de Educación y Cultura del PSOE, se mostró partidario de “replantear mediante el consenso cuáles son los principios sociales que han de constituir el acuerdo por el que existen tres modelos de gestión”. Según Uruburu, “hay una fórmula intermedia que es el concierto, que tiene cierto déficit de derechos y deberes y en el que no está bien decidido cuáles deben ser los límites”. En todo caso, recordó que “son los poderes públicos los que tienen responsabilidad directa para permitir el derecho a la Educación mediante la oferta de plazas públicas”.
Desde Podemos, Cecilia Salazar, diputada de la Asamblea de Madrid, subrayó que “la libertad de enseñanza es un principio constitucional, pero debemos tener en cuenta que el derecho de la Educación está por encima, y este no es de las familias, sino de los niños”. Salazar recordó que “el origen de los concertados estuvo en la ausencia de red pública” e incidió en que “la Administración debe garantizar el derecho a la Educación y tiene la obligación de crear una red pública en igualdad de condiciones y de gratuidad y sin filtros de selección ideológicos o económicos”. La representante de Podemos reconoció que “las escuelas concertadas cumplen una función de servicio público”, pero cree que “el problema llega cuando no se cumple el principio de gratuidad en algunos centros sostenidos con fondos públicos, por lo que la Administración debe velar por el cumplimiento del contrato del concierto”.
“Más político que real”
Por parte de Ciudadanos, la también diputada de la Asamblea de Madrid, Mayte de la Iglesia, consideró este como “un debate más político que real, ya que los ciudadanos tienen derecho a elegir libremente la red a la que desean llevar a sus hijos”. Ella cree que “en la sociedad no hay tantos prejuicios respecto a este tema y, por tanto, se trata más de un debate ocasionado por el choque entre ideologías políticas que, al final, conforma uno de los elementos que ha impedido el consenso”.
Desde el PP, Sandra Moneo recordó que “la Lomce ha mantenido el principio de libertad de enseñanza de principio a fin, mientras que el PSOE ha recurrido las subvenciones a los centros de Educación diferenciada”. Moneo dejó claro que “si hacemos el planteamiento de que los padres deben elegir según sus propias convicciones, no se puede limitar la libertad de enseñanza a los centros de Educación diferenciada”.
El representante del PSOE, Pablo Uruburu, explicó que “en la Educación diferenciada hay un derecho vulnerado, que es el derecho del niño, y los poderes públicos no pueden permitir que los alumnos sean educados en la diferencia”. Uruburu subrayó que “es un principio incuestionable, y para eso está el Tribunal Constitucional que determinará dónde está el limite de un aspecto y del otro, pero no podemos entender que un derecho se impone a todos los demás”.
Cecilia Salazar aseguró que entiende “la libertad de elección como participación, de forma que el centro logre el consenso con las familias”. Con respecto a la Educación diferenciada, cree que, “como sociedad, no podemos subvencionar públicamente un modelo educativo que plantea diferenciar, en vez de incluir”.
Una “cultura escolar”
En la mesa redonda también se habló de la autonomía de los centros. Pablo Uruburu señaló que “es necesaria y buena, tanto de gestión como de desarrollo curricular”. “Más que un tema legislativo, tiene que ser parte de un acuerdo muy social y muy progresivo”, indicó. Para él, “la autonomía es realmente una cultura escolar que hay que ir construyendo poco a poco”.
Mayte de la Iglesia, por su parte, habló de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión. En cuanto a la pedagógica, denunció que “los currículos son muy extensos y si exigimos a los centros que cumplan con ellos, les dejamos poco margen para la autonomía”. Y en la autonomía organizativa y de gestión, consideró que “debe ir vinculada a la rendición de cuentas en cuanto a resultados escolares, aprovechamiento de recursos, etc.”. Moneo también destacó los “currículos demasiados extensos” y vinculó la autonomía a dos principios fundamentales: transparencia y rendición de cuentas. Para Salazar, sin embargo, “es difícil hablar de autonomía de centros cuando tenemos que aplicar las evaluaciones externas de la Lomce”.