Cataluña rechaza una ILP que pretendía proteger a la Pública
El Parlamento de Cataluña rechazó el pasado día 18 de mayo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía cambiar la ley educativa en la comunidad autónoma. La proposición fue rechazada con los 73 votos de Junts pel Sí y del Partido Popular además de las 25 abstenciones de Ciudadanos mientras que contó con los votos de apoyo de la coalición de Podemos (CSQP), el PSC y las CUP que sumaron un total de 35 votos.
Esta propuesta popular comenzó a tramitarse en 2014 cuando consiguió 66.000 firmas válidas procedentes de familias, estudiantes, docentes y plataformas sociales, lo que suponía 16.000 firmas más de las necesarias para que se traslade una ILP al Parlament.
Entre las medidas recogidas en la iniciativa se encontraban: la protección de la Educación pública de calidad, la gratuidad del sistema desde el periodo de 0-3 años hasta la universidad, que se impartiera en catalán, que fuera no discriminatoria, laica, participativa y autogestionada. Además, el texto incluía que se destinara un 6 por ciento del PIB de la comunidad autónoma para la partida de Educación.
Asimismo, la propuesta incluía que se suprimiera la financiación pública de la totalidad de las escuelas concertadas para que fueran integradas en la red de centros públicos catalanes para formar parte de ella.
La diputada de Junts pel Sí, Anna Simó, durante su intervención, criticó la ILP como “una enmienda a la totalidad de la Ley de Educación de Cataluña”. Simó recordó que dicha ley está vigente desde 2009 cuando fue aprobada con el gobierno del tripartito y con el apoyo de Convergència, además de que supone “interferir” en las competencias de Educación del Parlament.
Por su parte, la diputada del Partido Popular en el Parlament, María José García, criticó duramente la propuesta de la ILP que pretendía absorber el modelo de escuelas concertadas y que por ende dejaría en situación de “exclusividad” la red de centros educativos de titularidad pública. En este sentido, la diputada argumentó la negatividad de este modelo que afectaría a los centros de iniciativa social.
“No me parece justo que los centros privados o concertados sean la cabeza de turco del fracaso de la Educación de la Generalitat”, declaró García.
Más propuestas
Durante el Pleno también se rechazó la propuesta de CSQP que pretendía modificar los criterios de la Ley de Educación que regulaban el cierre de centros públicos en la comunidad. En este sentido, la modificación exigía que para poder cesar uno de los centros se contara con el acuerdo de la entidad local y la comunidad educativa.
De este modo, se buscarían alternativas para evitar cerrar el centro así como en caso de ser clausurado se garantizaría que el resto de centros de la zona no tuvieran un aumento significativo de sus ratios en perjuicio de la calidad educativa de los alumnos.
La propuesta contó con el apoyo de toda la oposición a excepción del PP, lo que supuso 63 votos a favor y 73 en contra.