El Tribunal Supremo no avala el cierre de aulas concertadas si hay alumnos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado en una sentencia el recurso interpuesto por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Andalucía sobre la supresión de una unidad de Educación Infantil en el Colegio concertado “San Juan Bosco”, en Morón de la Frontera (Sevilla), para el curso 2013-14.
Según ha informado en una nota el Supremo, se ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que confirmaba la orden de la Junta de Andalucía por la que no se renovaba la citada unidad alegando que no se cumplía el requisito de satisfacer necesidades de escolarización y por el descenso demográfico. En este caso concreto, había 52 solicitudes para dos unidades, lo que alcanzaba la ratio profesor/alumno, pero se suprimió una unidad y se derivaron 26 alumnos al centro público al haber allí plazas suficientes de escolarización.
No a la subsidiariedad
La Junta interpretó que al existir vacantes en los sitios públicos habría de suprimirse las plazas de los centros privados concertados siguiendo el principio de subsidiariedad de la enseñanza privada concertada respecto de la enseñanza pública. Sin embargo, los magistrados no comparten el principio de subsidiariedad en relación con la enseñanza privada concertada y, basándose en dos sentencias anteriores de la propia Sala, recuerdan que el sistema educativo pivota sobre dos ejes: la enseñanza privada concertada y la pública, en línea con la Constitución.
De lo contrario, han argumentado los magistrados, la Administración educativa “podría incrementar plazas en los centros públicos y correlativamente suprimir unidades en los centros privados concertados (a pesar de que la demanda de los mismos se mantenga o se incremente y se cumpla la ratio profesor/alumnos), haciendo desaparecer esa necesidad de escolarización y, por dicha vía, derogar el sistema de conciertos previsto en la ley”.
Por otra parte, en otras dos sentencias dictadas esta semana, el Tribunal Supremo sí ha dado la razón a la Junta de Andalucía al considerar que existió causa para justificar la no renovación de una unidad educativa a dos colegios religiosos de Montilla (Córdoba) y Palma del Condado (Huelva), ya que en ambos casos el descenso demográfico había incidido en una reducción de solicitudes.
En estas dos sentencias (que han contado con sendos votos particulares), la Sala ha aplicado la misma doctrina que ha mantenido desde hace 12 años, es decir, que la disminución del número de alumnos es razón bastante para reducir, en el siguiente curso, las unidades previstas. Se trata de los casos del centro docente privado salesiano “San Francisco Solano”, de Montilla (Córdoba), y del colegio privado “Nuestra Señora del Carmen”, de la Palma del Condado (Huelva).
Polémica en Valencia
Por otro lado, sigue la polémica en torno a la enseñanza concertada en la Comunidad Valenciana. El conseller de Educación de esa Comunidad, Vicent Marzà, ha pedido a la Mesa por la Educación en Libertad que, “ya que tienen línea directa con Rajoy, podrían hablar directamente con él y decirle que pague la deuda que mantiene con la Comunidad y que una parte corresponde a Educación”.
El conseller ha añadido que el presidente del Gobierno debe “pagar a los centros de Educación Especial que no pueden cobrar y a los proveedores”. “Que deje de venir aquí a hacerse fotos con algunas personas por electoralismo, que lo que tiene que hacer es pagar a los valencianos lo que está presupuestado”, ha agregado Marzà, que ha especificado que el Gobierno central debe a la Comunidad 2,1 millones de euros desde enero, muchos de los cuales afectan al ámbito de la Educación.
En cuanto al anuncio de la Mesa de una nueva protesta que rodee el Palau de la Generalitat el próximo 2 de junio, Marzà ha asegurado que “más atención de la que están teniendo es prácticamente imposible”, y ha asegurado que desde la Conselleria han “contestado individualmente” a cada una de las cartas que representantes de centros concertados han enviado al president de la Generalitat, Ximo Puig.
“Nos hemos reunido con ellos en 14 ocasiones, en 11 más la Mesa Sectorial, hemos hecho todas las reuniones que se podían hacer y continuaremos haciéndolas, y los trataremos con toda la normalidad, como a cualquier sector de la comunidad educativa”, ha declarado el conseller.
Marzà ha puesto sobre la mesa la sentencia del Tribunal Supremo que avala el “arreglo escolar”, una resolución que, según ha afirmado, “dice que se tiene que cumplir la ley como la hemos cumplido nosotros, que si hay una ratio que no se cumple, se modifica el concierto, y que se ha de planificar de forma conjunta la oferta educativa”.