La Alta Inspección vigilará que las comunidades realicen las “reválidas”
En rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial de ese día, el ministro enfatizó que las leyes “no son el menú a la carta de un restaurante ni hay atajos para cumplirlas”, como respuesta a las 12 comunidades (todas menos las que gobierna el PP) que volvieron a oponerse a las “reválidas” de final de Primaria, ESO y Bachillerato.
“No me gustaría que hubiera unas comunidades que la hagan correctamente (la evaluación de 6º de Primaria) y otras que no porque eso afecta al diagnóstico del sistema educativo”, argumentó.
El ministro distinguió tres tipos de comunidades respecto a las pruebas de Primaria: las que han cumplido “en tiempo y forma, las que dicen que las van a cumplir y las que no están de acuerdo con la evaluación porque siguen otro sistema, aunque todas han asegurado”, según el ministro, “que van a cumplir la ley”.
Precisamente, las autonomías con consejero socialista (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura) han asegurado que cumplirán la ley, aunque dejarán libertad a los centros escolares para que decidan si la evaluación obligatoria de 6º de Primaria es con o sin exámenes.
En nombre de estas comunidades, la consejera de Aragón, Mayte Pérez, especificó que van a “cumplir” con la Lomce porque se emitirán informes individualizados de los alumnos basados en la “evaluación continua”.
El País Vasco, por su parte, ya anunció que este año no aplicaría evaluación de 6º de Primaria, mientras que Cataluña la ha realizado según su propia ley de Educación, cuyos decretos de desarrollo han sido recurridos por el Gobierno central.
Entre las gobernadas por el PP, el consejero gallego, Román Rodríguez, aseguró que la evaluación de esta comunidad sigue el diseño del Ministerio y que profesores internos de los centros han colaborado en el proceso porque “lo posibilita la ley”, aunque una comisión externa lo coordina, argumento con el que ha coincidido el ministro posteriormente.
Rodríguez ha acusado a los socialistas de crear una “cortina de humo” al decir que Galicia ha hecho las pruebas de 6º de Primaria con profesorado de los propios centros, cuando la ley dice que sea externo.
El responsable de Educación de Madrid, Rafael Van Grieken, indicó que esta comunidad ha hecho todas las pruebas “de acuerdo a la normativa vigente”.
Las 12 comunidades opuestas a las “reválidas” también le pidieron al ministro que retire el proyecto de real decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, que comenzarán a aplicarse el curso próximo, aunque será obligatorio superarlas para obtener los títulos correspondientes desde el 2017-18.
Evaluaciones de ESO y Bachillerato
La consejera vasca, Cristina Uriarte, señaló en declaraciones a la prensa que Euskadi “no aplicará la ‘reválida’ de Bachillerato el curso próximo y mantendrá la selectividad”. En este tema, el ministro Méndez de Vigo distinguió también tres posiciones: “las comunidades que están de acuerdo con el modelo de la Lomce, las nacionalistas, que creen que es una injerencia de competencias, y aquellas que, por principio ideológico, están en contra de las evaluaciones”, en alusión a las que gobierna el PSOE.
La ministro replica a esas comunidades que “deben cumplir con esas evaluaciones porque lo dice la ley, pero que también porque –según él– son útiles”. El ministro indicó también que ha llegado a un acuerdo con los rectores de las universidades sobre la evaluación de Bachillerato, ya debatida en el Consejo Escolar del Estado, y que próximamente se llevará a Consejo de Ministros.
Por su parte, el consejero cántabro, Ramón Ruiz, destacó su “decepción” tras la Conferencia Sectorial, porque se ha “desoído” a 12 de las 17 comunidades que pidieron que se retiren los proyectos de reales decretos de evaluación de la ESO y de Bachillerato. El consejero señaló que esos proyectos de reales decretos no entrarían en vigor hasta el curso que viene y, a su juicio, hay tiempo “suficiente” para el consenso.
nnAsimismo, la consejera de Aragón, Mayte Pérez, justificó la petición de las “reválidas” porque “están provocando tensión e incertidumbre y porque expulsarán a los alumnos del sistema”.