La Concertada se moviliza en Valencia contra el recorte de unidades del curso 2016-17
El sector educativo valenciano vuelve a las movilizaciones. Esta vez, de acuerdo con el cambio político, no es la escuela pública sino la concertada la que salió a la calle para denunciar los recortes en el sector. Cerca de 40.000 personas según la Delegación del Gobierno participaron el pasado domingo en una convocatoria organizada por Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana (Escacv) en defensa de la libertad de enseñanza. Se trata de la primera gran movilización, después del éxito de las manifestaciones en Orihuela, Alicante, Benicarló y Alcoi. En la concentración, que transcurrió en un ambiente festivo y reivindicativo, participaron alumnos, madres y padres de familia, además de profesores y trabajadores de colegios de Castelló, Valencia, Alicante y Murcia.
Durante la concentración intervinieron Julia Llopis, presidenta de Concapa y Vicenta Rodríguez, presidenta de Escacv. La presidenta de la asociación de padres recriminó a la Administración su postura “demagógica”. “No nos vale que nos digan que no están cerrando aulas en la escuela concertada, que solo los quitan el concierto”, explicó Llopis.
Por su parte, la presidenta de Escacv lamentó las acusaciones de “mentirosos”, y confirmó el cierre de 18 aulas “y más de una veintena que, teniendo la ratio suficiente, no se han concertado”. Rodríguez reclamó en su intervención que la Administración sea garante del derecho constitucional a la elección de Educación por parte de los padres. “Los poderes públicos garantizan el derecho que pertenece a los padres porque sus hijos reciben la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, explicó. “La Administración tiene que facilitar el cumplimiento de los derechos. No creemos en un modelo educativo unívoco, único y centralizado ¿Ese es el gobierno que propugna la libertad y la igualdad?”. Así mismo, la presidenta desmintió que hubiera “barra libre” y que no “somos un negocio”. “Nuestras fundadoras y fundadores fueron pioneros en extender la Educación a colectivos excluidos en otras épocas cuando la Educación no era, ni mucho menos, un derecho reconocido”, explicó durante su intervención. Para Rodríguez la red pública de centros, y también la concertada y privada, son esenciales. “Estamos convencidos que pueden y deben de convivir porque, entre otras cosas, es un derecho que está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española”.
En la concentración participaron también entidades como Feceval y Concapa, los sindicatos FSIE y USO, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y representantes políticos del PP, como el europarlamentario Esteban González Pons y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y de Ciudadanos, como su portavoz en la Comunidad, Fernando Giner.
Por su parte, El presidente nacional de Escuelas Católicas, José María Alvira, recordó a la sociedad y especialmente a la Administración que la sociedad es “plural, democrática” y en ella “caben todos los proyectos educativos”.
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, indicó que no se trata de confrontar un modelo con otro, sino de respetar el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de Educación que quieren, y alertó que se han producido casos de “derogación” del plurilingüismo, como el colegio “Gloria Fuertes” de Alzira. “Le recomendaría a Puig y a Oltra que escuchen la voz de un pueblo, hay que gobernar para todos y no solamente para los tuyos», señaló Bonig.
Bolsa de recolocaciones
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, también acusó al Consejo de ejercer un “ataque” contra la Educación concertada. Moragues rechazó la supresión de plazas en centros concertados, a partir “de un principio básico que es la libertad de elegir colegio”.
Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, reclamó que “el Consell tiene que velar porque nuestros hijos reciben una Educación pública, gratuita y de calidad. Pero no de espaldas a los padres, como está haciendo el consejero Marzà. Tendría que preocuparse más por los índices de fracaso escolar, las infraestructuras deficientes y los barracones”.
Desde la Federación de Enseñanza de USO, su secretario general, Arturo Gómez, criticó “los recortes” para el profesorado que se va a quedar en el paro, para los que ha pedido la recolocación. Esta reivindicación la mantienen todas las organizaciones sindicales, tanto las que participaron en la concentración, las mayoritarias FSIE y USO, como los sindicatos que se mostraron contrarios como FE-CCOO, FETE-UGT y Stepv.