La enseñanza concertada abre una brecha entre el PP y Ciudadanos en varias CCAA

Sin ir más lejos, en la Región de Murcia, cuyo candidato popular Pedro Antonio Sánchez llegó al Palacio de San Esteban con el apoyo de Ciudadanos, los centros concertados han sufrido un mordisco de tres millones de euros en sus cuentas para este año después de que la formación liderada por Albert Rivera apoyara, junto a Podemos, una enmienda socialista a los presupuestos presentados por el PP.

No en vano, un escenario idéntico estuvo a punto de repetirse en Madrid cuando en diciembre de 2015, en pleno proceso de elaboración de los presupuestos de esta comunidad, Ciudadanos estuvo tentado a sumarse a la enmienda parcial presentada por el PSOE y apoyada por Podemos, que mermaba la partida destinada a los centros concertados en 2,9 millones de euros. Finalmente, retiró su apoyo a través de un voto particular.

Con todo, este giro de timón ha sorprendido en los círculos educativos murcianos, “más aún cuando vemos que Ciudadanos defiende una postura distinta dependiendo de la comunidad autónoma en la que se encuentre, y eso es no ser coherente”. Es lo que que asegura el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la Región de Murcia (CECE), José Francisco Parra,quien se lamenta de que “ese dinero estaba y ya no está”.

Si hacemos un repaso de las autonomías donde gobierna el PP en solitario tras llegar a un acuerdo con C’s ( Madrid, Murcia, Castilla y León y La Rioja), llama la atención que en las dos primeras hayan surgido conflicto entre ambas formaciones en el apartado de la Concertada, mientras que en La Rioja, el PP no tuvo problemas para sacar adelante sus presupuestos con la abstención de C’s, así como en Castilla y León, donde el gobierno de Juan Vicente Herrera ha destinado 228,4 millones a la financiación de los conciertos educativos también con la abstención del grupo de Albert Rivera.

Apoyo a la Concertada
Del otro lado, es decir, en las autonomías donde C’s se ha posicionado en un lugar destacado en defensa del derecho a la libertad de enseñanza, encontramos Valencia. Ésta es sin duda una de las comunidades autónomas donde mayor varapalo está sufriendo este modelo de enseñanza con la formación de un gobierno progresista tras dos décadas de presidencia del PP.

El cambio de signo en el Gobierno de la Generalitat ha traído un nuevo decreto de admisión escolar que introduce por primera vez la prohibición expresa de que los colegios concertados puedan cobrar las llamadas cuotas voluntarias a los padres.

A esto hay que sumar el reciente anuncio del conseller de Educación, Vicent Marzà, de una reducción de unidades en los colegios concertados para el próximo curso. Ante este anuncio, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Alexis Marí, ha sido tajante: “Si el conseller sigue persistiendo en el adoctrinamiento y en el ataque a la escuela concertada, tendrá a Ciudadanos en contra”.

En Castilla-La Mancha también apoyan al PP frente a la congelación del PSOE y Podemos. En esta comunidad, su presidente, Emiliano García-Page, ha comenzado a desinflar el presupuesto a la Concertada, que irá reduciéndose progresivamente, tal y como prometió en su programa electoral. Ante este panorama, el PP va a presentar medidas contra esta reducción en todos los municipios donde haya centros concertados, como ya ha hecho en el Ayuntamiento de Toledo, donde ha contado con el apoyo de los tres concejales de Ciudadanos.

Volviendo al caso murciano, esta merma en el presupuesto de la Concertada ha provocado que Consejería de Educación y miembros de la Mesa de la Concertada no dejen de hacer números . “Ese presupuesto de 23 millones estaba destinado a cumplir nuestros compromisos con la Concertada, no hay ningún nuevo centro. Ahora, con este recorte todo se nos descuadra y nos obliga a tener que priorizar, porque todo es importante”, explica la directora general de Centros, María Dolores Valcárcel.

Pero los representantes de la enseñanza concertada no se resignan a seguir haciendo números para que cuadren sus cuentas y a mediados de abril se reunían con la Comisión de Educación de la Asamblea regional, donde manifestaron que el coste real de esta enseñanza es de 226,1 millones y no los 223 que presupuestó inicialmente la Consejería y mucho menos los 220 millones en los que se quedó tras la enmienda parcial presentada por los socialistas.

Según sus representantes, esta cantidad es la necesaria para mantener los conciertos, el crecimiento vegetativo de los centros, la subida del 1%, el 38,25% de la devolución de la paga extra de 2012 y el coste de los apoyos para alumnos con necesidades educativas.

Por esta razón, el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, que achaca la falta de este montante a “posibles errores o falta de clarificación” entre los partidos a la hora de introducir enmiendas a los presupuestos regionales, pidió consenso a los partidos.

De momento, el Grupo Popular ha presentado una moción en la Cámara para restituir el dinero detraído en la enmienda de la oposición.

Por su parte, el representante de C’s en la Comisión de Educación en la Asamblea regional, Juan José Molina, señala que, ante esta situación, desde su grupo se está estudiando a fondo la situación, aunque aún no saben si votarán a favor de la moción presentada por el PP para restituir esos tres millones “o si, por el contrario, presentaremos una enmienda reclamando la cantidad que, después de analizar los números, creamos que necesitan estos centros”.