La Junta de Andalucía insiste en no seguir sufragando la Educación diferenciada
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, insistió la semana pasada en que “no se seguirá sufragando con fondos públicos la enseñanza en los centros educativos que segreguen por sexos”, una decisión que cree que está avalada por el artículo 14 de la Constitución y la Ley de Igualdad. “Desde el respeto a los que opten por ese modelo –de Educación diferenciada–, el Gobierno andaluz defiende que no debe ser sostenido con fondos públicos”, aseguró al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Interpelado sobre la “seguridad jurídica” de esta decisión, dado que existe un litigio al respecto desde 2013, dijo que hay sentencias y “varios dictámenes judiciales” y, en todo caso, subrayó que las decisiones de la Junta “siempre están sustentadas en los informes de sus servicios jurídicos”.
La Junta presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que falló en el año 2015 a favor de los conciertos en centros de Educación diferenciada. “Hay sentencias y algunas pendientes todavía de recursos, pero las decisiones de la Junta siempre están sustentadas en los informes de los gabinetes jurídicos”, zanjó Jiménez Barrios.
65 unidades menos
Por su parte, el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) ha rechazado el “acoso de la Junta de Andalucía” a la Educación concertada y ha cifrado en 65 unidades la propuesta de la Junta de cierre para este curso escolar, de las que 30 están en Sevilla. En un comunicado, ha mostrado su apoyo a las acciones emprendidas por CECE-Sevilla ante el cierre de unidades educativas.
El presidente de CECE-Sevilla y secretario general de CECE-Andalucía, Rafael Camaño, ha presentado ante el comité de la CES un informe sobre la situación de los centros concertados de la provincia y ha advertido de las consecuencias de la política de la Junta de Andalucía sobre la Educación concertada y el cierre de unidades educativas que ofrecen enseñanza en régimen de gratuidad.
Según los datos aportados por CECE, en Andalucía la iniciativa privada en Educación, que “está obligada por razones políticas a estar por debajo del 20% del total, no se cumple con lo obligado por la normativa básica de atender a la demanda social, que permita a las familias elegir”. En Sevilla, la mayoría de los centros afectados imparten la formación profesional en régimen de gratuidad y han sido miles las solicitudes que se han dejado de atender por no contar con suficientes plazas.