El ministro propone a las CCAA un sistema flexible con financiación estable

Los responsables autonómicos de Educación socialistas, nacionalistas y regionalistas, a su vez, han exigido un pacto educativo social, político y territorial que respete escrupulosamente las competencias y no se diseñe sobre los cimientos de la Lomce, pues deberá ser derogada. Pero ese acuerdo, ha advertido el ministro en el Senado, no debe hacer "tabla rasa" ni construirse "ex novo", sino basarse en analizar certeramente lo que funciona y lo que no, con la experiencia de las comunidades. Las gestionadas por el PP han coincidido en pedir una "visión de Estado y lealtad institucional" a todos los territorios, pero también han exigido un acuerdo serio e inclusivo.

Méndez de Vigo y los responsables de Educación de todas las comunidades y de Ceuta y Melilla han debatido, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, planteamientos generales y algunas propuestas con vistas a lograr un pacto sobre la enseñanza.

"La mejora educativa no consiste siempre en invertir más, sino mejor", ha subrayado el ministro. Y el acuerdo presupuestario es "fundamental". Ha insistido en que el sistema educativo sea estable y "afiance" la distribución de competencias entre administraciones. En esta línea, ha pedido ser "valientes" en políticas que respondan a principios comunes. Así, ha defendido un "núcleo básico de conocimientos" para los alumnos, ya que todos son españoles, unido a la diversidad y respeto de las competencias.

En declaraciones a la prensa, Méndez de Vigo ha reconocido que no se puede "regular absolutamente todo desde Alcalá, 34", en referencia a la sede del Ministerio. Ha abogado por tener en cuenta las diferencias entre las comunidades autónomas a la hora de llegar a un acuerdo, pues hay "situaciones muy diferentes" tanto geográficas, como demográficas y socioeconómicas.

También ha insistido en que ese pacto de enseñanza podrá consolidarse en el tiempo si se acuerda que solo pueda modificarse con una mayoría política "supercualificada".

Preguntado por los foros estables de debate territorial y escolar para el pacto demandados por algunos consejeros, ha respondido: "Hay que saber canalizar la participación de la comunidad escolar y de las autonomías, y a ver cómo hacemos esto con inteligencia".

Precisamente, el Senado ha aprobado crear una ponencia de estudio para el pacto educativo, o grupo de trabajo, a petición del grupo socialista.

En el Senado, Méndez de Vigo ha instado a ser "responsables" para conseguir la estabilidad trabajando juntos en la misma dirección, administraciones, fuerzas políticas y comunidad escolar. "Creo en el diálogo, en el acuerdo positivo para la sociedad" por medio del pacto, ha enfatizado. "Establezcamos el marco y los objetivos del debate y escuchemos", ha propuesto.

El ministro ha citado la libertad de elección, la igualdad de oportunidades, la equidad y la calidad educativas, donde el mérito y el esfuerzo sean recompensados, contando siempre con el profesorado. También ha querido ver un acuerdo de principio en la necesidad de encontrar unas fórmulas de acceso a la profesión docente y concretar la carrera profesional y la necesidad de evaluarla. Todo eso forma parte también de ese "paquete negociador" del pacto, ha indicado.

Entre los consejeros, el de Castilla y León, Fernando Rey (PP), ha defendido un sistema de calidad y rigor, que "no sea bizcochable, blando o paternalista, ni populismo escolar". El de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto (PSOE), ha coincidido en que una ley de Educación sin una financiación adecuada está "condenada al fracaso", y ha exigido que se reviertan las restricciones presupuestarias.

Para la de Andalucía, Adelaida de la Calle (PSOE), lo más importante es la vertiente "social y territorial", además de la derogación de la Lomce, "una ley que nadie quiso". La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha reprochado que, hasta ahora, el Gobierno no ha atendido las legítimas reivindicaciones de las comunidades y ha intentado "restringir" las competencias. La catalana, Meritxell Ruiz, ha insistido en que el respeto de las competencias autonómicas se traduce en "políticas propias".