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Escuelas Católicas denuncia la "criminalización" de la Educación concertada

Sindicatos y centros han urgido a actualizar los conciertos educativos y, además, Escuelas Católicas ha denunciado la "criminalización discursiva" de este sistema de financiación y gestión de la enseñanza privada por los "autoproclamados defensores de la escuela pública".
RedacciónMartes, 7 de marzo de 2017
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En la Comisión de Educación del Congreso, han instado también a determinar claramente el coste del puesto escolar concertado, han criticado a quienes pretenden "enfrentar" a la escuela pública y la concertada y han defendido su complementariedad. "Me chirría que se diga que estamos en la Educación para hacer negocio. ¡Ya está bien!", ha enfatizado el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, al intervenir en la ronda de comparecencias convocadas por la Subcomisión parlamentaria para el pacto educativo.

Alvira ha advertido contra un acuerdo que suponga "desterrar" la enseñanza concertada, pues atiende a la libertad de enseñanza y a la pluralidad de la sociedad. Y ha recordado que Escuelas Católicas tiene 2.000 centros concertados, con 1,2 millones alumnos y 80.000 profesores.

Sobre las aportaciones "voluntarias" a los centros concertados por parte de los padres, ha dicho que ojalá no hicieran falta, pues bastaría con que la dotación del concierto cubriera el coste del puesto escolar, y ha instado a "denunciarlas" si son obligatorias. Además, ha asegurado que la concertada "ahorra" al Estado 7.500 millones de euros anuales, mientras que el módulo de "otros gastos" ha bajado un "30 por ciento" en lo últimos años. También ha negado que la Concertada seleccione al alumnado, pues las normas de admisión son las mismas que para la Pública.

Además, ha defendido que la Religión tenga el tratamiento académico "adecuado" no solo por los tratados internacionales suscritos por España, sino por su "relevancia" formativa y por la libertad de los padres.

"El concierto no es solo la gratuidad de la enseñanza, sino que responde al derecho constitucional de libertad de elección de centro", ha coincidido el secretario general de FSIE (sindicato mayoritario en el sector), Jesús Pueyo. Quien ha demandado una ley que regule la carrera profesional de todos los docentes y la obligatoriedad de una "formación específica y gratuita" hasta los 18 años, compatible con el trabajo a partir de los 16 años.

Como preparación previa del profesorado, Pueyo ha propuesto al menos dos años de prácticas retribuidas y tutorizadas y ha demando la equiparación de las condiciones labores y salariales de todo el profesorado.

El secretario de enseñanza de USO, Antonio Amate, ha invitado a la "moderación" y ha censurado la convocatoria de una huelga general en la enseñanza pública para el 9 de marzo cuando se ha abierto un proceso de diálogo con vistas al pacto. Sobre la escuela pública y la concertada, ha opinado que lo mejor es respetar el estatu quo del artículo 27 de la Constitución.

También ha pedido "ampliar la gratuidad" de las enseñanza de 0 a 18 años, revisar el currículum escolar, que es "inmenso", y la carrera docente, pues es ahora es "deprimente"; y un plan de formación del profesorado "muy potente".

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