¿Es la propuesta del pacto territorial un verdadero Pacto de Estado?
En el ámbito de la Educación parece haber un alto grado de consenso entre ciudadanos y políticos sobre la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado. Un pacto que debería dotar a nuestro sistema educativo de la estabilidad precisa para abordar cómo mejorar los resultados y la calidad educativa, evitando en esta materia tensiones sindicales, políticas o territoriales.
La importancia de un Pacto de Estado viene siendo resaltada, y reclamada, por una sociedad descontenta con los sucesivos cambios normativos aplicados a la Educación española desde hace décadas. Y que vive con preocupación los continuos tiras y aflojas en asuntos concernientes a este ámbito, como los conciertos, la enseñanza de Religión, los debates competenciales, la Educación diferenciada y un largo listado de desencuentros que impiden centrarse en otros objetivos esenciales.
Aunque las diferencias entre los principales partidos de ámbito estatal con tradición parlamentaria, el Partido Popular y el PSOE, son evidentes y se han reflejado en los intentos, tantas veces frustrados, de consensuar las leyes educativas, el verdadero freno, cuando no grave escollo a salvar, está en la postura de los partidos nacionalistas, para los que la Educación es un objetivo a colonizar; y el pilar fundamental sobre el que asentar un determinado modelo político y social: el suyo. Así, la formación de nuestros niños y jóvenes queda supeditada y devaluada por la obsesión de hacer de aquélla una instrumento transmisor de ideología. Algo que es, sin duda, un error –y además, intencionado–, con el que resulta difícil avanzar.
En España, los nacionalismos han cimentado sus proyectos políticos con un control férreo sobre el ámbito educativo, convirtiéndolo en el eje principal del autogobierno, y amurallándolo como terreno en el que no cabe negociación.
La transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas ha permitido, en algunos casos, desplegar un modelo de ingeniería social que rechaza espacios comunes, evaluaciones externas objetivas o cualquier cuestión que consideren cesión, por mínima que sea. Y ese escenario obstaculiza y, de momento, viene impidiendo un Pacto de Estado necesario en el que todos deberíamos ceder para que todos ganáramos. Pero, fundamentalmente, para que ganara la Educación, sus resultados y, por tanto, la sociedad.
Por si no fuera bastante con este complejo panorama, el gobierno actual de la Comunidad Valenciana, más caracterizado por los gestos que por la gestión, ha lanzado recientemente una de sus ocurrencias: la estrambótica propuesta de Pacto Territorial por la Educación, una especie de menú a la carta educativo que, siendo generosos (lo que también está por ver) podría admitir la redacción de un marco de cuestiones comunes (poco más que un preámbulo bienintencionado y seguramente condicionado), dejando el peso en los ‘anexos territoriales’, múltiples y diversos, cuya redacción augura una verdadera batalla campal, entre autonomías y con el Gobierno de España.
Así, esta propuesta territorializada desvirtúa el verdadero pacto educativo y lo convierte en un manual de reivindicaciones: comenzando por la oposición frontal a la labor de coordinación del Estado en esta materia; y terminando con la solicitud de más fondos económicos para cada comunidad autónoma. Imaginen ustedes la dificultad. Un auténtico sudoku en dirección contraria al Pacto de Estado por el que todos deberíamos trabajar, remando a la vez. Porque es difícil que haya un buen Pacto de Estado, si no hay sentido de Estado.
La propuesta ha sido liderada por la Conselleria (Consejería) de Educación Valenciana, que está actualmente gestionada al alimón entre el Partido Socialista del País Valenciano y la Coalición Nacionalista Compromís. Un intento más de torpedear el acuerdo de Estado pero, en realidad, nada nuevo. Porque los equilibrios políticos con determinadas autonomías, cuyo apoyo era necesario para la estabilidad de los gobiernos de España, han hecho fracasar toda propuesta de pacto educativo surgida en las últimas décadas.
Dada la experiencia pasada, sería deseable que, en esta ocasión, nos tomáramos en serio la oportunidad, sin retorcer las propuestas por objetivos políticos que nada tienen que ver con la Educación y trabajando de forma responsable en beneficio de todos.
Un Pacto de Estado por la Educación española requiere de un análisis riguroso y una negociación seria, que se centre en las cuestiones comunes, sin perjuicio del respeto a las cuestiones propias de las autonomías. Un pacto ‘territorializado’ es solo una negociación bilateral entre el Estado y cada una de las comunidades autonómas. Un sucedáneo para bloquear el objetivo principal. Y eso es cualquier cosa menos Pacto de Estado. Seamos serios.