El PP está abierto a una nueva ley educativa que respete la libre elección
En un encuentro con la prensa para informar de la marcha de las negociaciones del Pacto de Estado de Educación, Moneo señaló que la Comisión encargada se desarrolla “con un amplio campo de acuerdo y consenso” y advirtió de que deberá ampliar sus trabajos seis meses más de lo previsto, con lo que estima que habría “un primer documento de trabajo para finales de 2017”.
Las únicas “líneas rojas” que establece el Partido Popular son que los acuerdos que se consensúen estén recogidos en el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la Educación y la libertad de enseñanza.
Mea culpa por Filosofía
También consideró imprescindible reforzar la formación humanística “compatible con las nuevas tecnologías” y, en este sentido, entonó el “mea culpa” por la reducción de la asignatura de Filosofía en Bachillerato y su eliminación en la ESO, contemplada por la Lomce. “Hay que estudiar cómo se imparte en Bachillerato y establecer una asignatura obligatoria en la ESO. No se puede terminar la enseñanza obligatoria sin tener conocimientos de Filosofía”, aseguró.
Para los populares es fundamental que el Pacto de Estado de Educación aborde el cambio del proceso de acceso del profesorado para garantizar la igualdad de oportunidades con criterios de “mérito y de capacidad” y que tenga carácter nacional, así como que determine un sistema de formación inicial y permanente.
Según sus previsiones, en los próximos años se incorporarán 200.000 nuevos profesores, que, según el modelo del PP, deberían pasar una prueba de acceso para ejercer (como los médicos con el MIR) y, posteriormente, las oposiciones pertinentes si quieren trabajar en la Educación pública.
Sandra Moneo apostó también por mantener un modelo de evaluación “como concepto de mejora” que sirva para hacer un diagnóstico de la situación y no definió cómo sería su propuesta de prueba final de Bachillerato para acceder a la universidad que, dijo, tendrá que ser analizado con los rectores. Además, manifestó que es necesario abordar la equidad e inclusión educativa de los alumnos discapacitados, de los que tienen problemas de aprendizaje o de los que pertenecen a entornos más desfavorecidos que tienen que tener una atención específica.
La responsable popular de Educación se mostró partidaria de ampliar las competencias de la Alta Inspección (que en la actualidad actúa previa denuncia) para que pueda asegurar mayor “homogeneización” en los libros de texto. Moneo, que recordó que el papel de la Inspección es que “no exista una censura previa”, destacó que, en sus comparecencias ante la Subcomisión del Congreso, varios editores de libros de texto han referido “presiones de las comunidades”. “Hay manuales de una misma materia de los que se han hecho más de 20 ediciones. Algo falla”, manifestó.