fbpx

“El problema para alcanzar el pacto educativo es político más que técnico”

Analizamos con el nuevo secretario general de FSIE, Francisco Javier Muñorreyo, la actualidad de la Concertada y los pasos a seguir por la organización en los cuatro años de mandato que tiene por delante.
José Mª de MoyaMartes, 6 de junio de 2017
0

Francisco Javier Muñoyerro fue elegido el 5 de mayo nuevo secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en el ámbito de la enseñanza privada concertada y atención a las personas con discapacidad. Ha sido secretario general autonómico de la entidad en Castilla-La Mancha y secretario provincial de la misma en Guadalajara, además de formar parte de las anteriores secretarías generales nacionales como secretario de Formación y de Finanzas.

¿Cuáles son los tres temas que preocupan a FSIE?
FSIE, como un sindicato representativo en el sector de la enseñanza concertada y atención a las personas con discapacidad, quiere asumir ese reto para esta legislatura. Los tres temas de actualidad son la renovación de conciertos de todos los territorios del ámbito nacional, el pacto educativo y la Ley de la Función Docente.

Ahora son malos tiempos para los conciertos, hemos vuelto a cuestionarlos.
Los conciertos datan de 1985 y facilitan la libertad de enseñanza. Necesitamos mejorar ese decreto de conciertos. Por eso pedimos que se convoque de nuevo la Mesa Sectorial de la Concertada, que está paralizada desde 2011. Igualmente pedimos que se convoque de nuevo la Comisión de Análisis del Módulo del Concierto que se interrumpió en 2010.

¿Qué es lo que no ha funcionado?
Estamos recibiendo las primeras resoluciones provisionales por parte de las comunidades autónomas. En estas propuestas hay bastante supresión de unidades, algo que nos preocupa porque influye directamente en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Los conciertos conllevan garantizar el derecho de elección de centro por parte de los padres y, por otra, el mantenimiento de los puestos de trabajo.

¿Por qué se suprimen unidades?
Hay motivos objetivos, como la minoración de la población escolar por circunstancias varias, ya sea económicas, por movimiento… ahí tenemos que ver alternativas de mantenimiento, supresión o prórrogas. Por otra parte, hay resoluciones con mucha vinculación política, donde hay comunidades que están supeditadas a pactos políticos en los que la minoración de los conciertos es condición para alcanzar otros acuerdos.

¿Hay diferente interpretación según la comunidad?
Sí. Por ejemplo, Aragón y Valencia tienen propuestas de supresión de unidades de cara al curso 2017-18. Según no-sotros, sin justificación objetiva, sino por tema político. En estos casos, hay fechas marcadas de negociación. Otro ejemplo, en Castilla La-Mancha existen otras propuestas, en las que sí se considera la supresión de unidades por motivos objetivos como que no se alcance la ratio mínima para mantener el concierto de una unidad. Ahora bien, en caso de que haya que suprimir la unidad, FSIE propone el mantenimiento de la misma con los alumnos escolarizados y los puestos de trabajo durante un tiempo prudencial para intentar recuperar la ratio.

¿En Castilla-La Mancha están justificadas?
Son causas objetivas. Por lo general, hay supresión en todas las comunidades. Algunas resuelven los conciertos antes del proceso de escolarización y otras después.

¿Cuál es la ratio?
Va por comunidades autónomas. Por lo general, la ratio está en 25 alumnos en Infantil y Primaria por unidad, 30 en ESO. Ésa es la ratio máxima. A la hora de establecer los conciertos se establecen las ratios mínimas y medias de cada población. Se hace un estudio población por población, donde hay centros concertados públicos y de titularidad privada. Se establece la ratio media y las unidades que no la alcancen son susceptibles de suspender el concierto.

¿Se aplica el mismo criterio a los centros públicos?
Por lo que yo conozco, sí. La Administración, en lugar de tener una población con dos centros, uno de titularidad pública y otro privada, mantiene el público en caso de que el privado no cumpla la ratio, o ambos si los dos la cumplen. ¿Qué se hace con los alumnos del privado si no tienen cabida en el público? Hay que buscar alternativas. Los alumnos no se pueden trasvasar así por las buenas. El trasvase de alumnos no se justifica porque no se respeta el derecho de elección de centro ni hay consentimiento de los padres.

Para mucha gente el concierto es una subvención.
Hay un principio, el artículo 27 de la Constitución. En cumplimiento de ese artículo existe la red complementaria de centros concertados. A raíz del decreto de1985 se establecen los conciertos.

Este principio, ¿lo entienden los cuatro partidos?
Podemos no. Los otros tres sí y los partidos nacionalistas también. Sus programas electorales recogen el derecho a la Concertada. La experiencia que tenemos es que el PSOE reconoce la Concertada como red complementaria del sistema educativo. Nuestra experiencia es positiva con ellos.

¿Les parece éste un buen momento para un pacto?
Es necesario el pacto educativo para estabilizar el sistema. Voluntad hay, pero hay mucho inconveniente político. Hemos comparecido en el Congreso, en la Subcomisión de Educación sobre el Pacto Educativo. El problema es político más que técnico.

¿Cuáles serían las líneas rojas de FSIE?
Vamos a decir prioridades. Que el pacto educativo recoja el reconocimiento de la complementariedad de redes, mantener los conciertos educativos, reconocimiento de todos los profesionales docentes en igualdad de condiciones, para lo que FSIE pide que se elabore la Ley de la Función Docente. Para tratar temas como las retribuciones o las mejoras sociales y laborales es necesario convocar, también, la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, foro para estas cuestiones, donde planteamos la contribución retributiva, las mejoras sociales y laborales de los docentes. En los últimos años hemos tenido severos recortes. Seguimos luchando.

¿Quieren tener las mismas condiciones laborales que los funcionarios?
No queremos ser funcionarios porque no hemos optado a las oposiciones. Una cosa son las condiciones de funcionario y otra las condiciones de profesionalidad. En la Ley de la Función Docente pedimos tres cosas: mejora de la formación inicial, que se establezcan unas prácticas retribuidas previas y que se habilite una formación permanente durante el ejercicio de la docencia.

¿Son partidarios del modelo MIR?
Estamos abiertos. El funcionario cuenta con la estabilidad. Nosotros somos contratados por cuenta ajena y nuestra relación contractual es con la empresa. Eso no quita que no podamos tener las mismas condiciones laborales que un funcionario. La única diferencia debe ser la estabilidad.

0