¿Importa la universidad?

El nuevo curso universitario acaba de iniciarse con la esperanza de que este sea el año en que se inicie el proceso de reformas que la institución superior demanda desde hace largo tiempo para lograr el salto de calidad que tanto necesita si quiere alcanzar los niveles de calidad imprescindibles para competir con garantías en el ámbito internacional.

Es cierto que la situación ha mejorado ligeramente con respecto a años anteriores, marcados por la crisis y los recortes aplicados desde 2009, pero el déficit acumulado no se ha enjugado y queda mucho para, al menos, equilibrar la situación como refleja el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CYD), que en su XIII edición acaba de hacerse público.

Asimismo, el ya clásico Panorama de la Educación en el Mundo (Education at a Glance) de la OCDE, que ofrece datos sobre la estructura, las finanzas y funcionamiento de los sistemas educativos en 35 países miembros de la organización, señala que entre 2010 y 2014 en España disminuyó el gasto público en los niveles universitarios.

Ambos trabajos llegan en un momento delicado para la Educación española, cuando el ansiado pacto de Estado sigue sin tener un horizonte claro, y es el Informe CYD el que se detiene de manera exhaustiva en el ámbito universitario y científico e infunde un halo de esperanza sobre las posibilidades de futuro. Eso sí, existen todavía importantes debilidades que hay que convertir en fortalezas.

El cuadro de la universidad española que, con importantes datos, pinta la Fundación CYD, contiene luces y sombras. Por un lado, refleja que por primera vez en la década actual, los presupuestos liquidados por las universidades públicas presenciales muestran un crecimiento del 3% en ambos casos, algo a todas luces insuficiente frente a las constantes pérdidas desde el mencionado 2009 y a los drásticos recortes financieros y de personal regulados en 2012.

Es verdad que el paro de los universitarios españoles ha caído hasta el 10,9% y ha acortado la brecha con la media de la Unión Europea (UE) en tres puntos aunque también es cierto que todos los informes, nacionales e internacionales, denuncian la existencia de la denominada sobrecualificación de los egresados, es decir, un llamativo desequilibrio entre el nivel formativo obtenido y el requerido para ocupar un puesto de trabajo determinado. En 2016, el 36,8% de los graduados que estaban trabajando en España lo hacían en puestos de baja cualificación, frente al 23% de la UE.

En relación con el empleo de los titulados y como dato positivo, el ranking QS sobre empleabilidad publicado también recientemente sitúa a tres universidades españolas –Navarra, Complutense y Barcelona– entre las cien primeras del mundo. El Informe CYD destaca asimismo que los campus comienzan a reflejar la tendencia positiva de la economía general y advierte de que durante los años de crisis las universidades han aprendido a gestionar su actividad con muchos menos recursos, tanto económicos como humanos, obteniendo, sin embargo, buenos resultados y, en algunos casos, excelentes, lo que no significa que la institución haya salido de la crisis, ya que la insuficiencia financiera se mantiene. La OCDE refleja también en su Panorama de 2017 que entre 2010 y 2014, en España disminuyó el gasto público en los niveles universitarios y resalta que las familias debieron –y deben–- afrontar gran parte del gasto de esa enseñanza. Tal vez esta sea una de las razones del descenso del número de alumnos en los estudios de Grado de las universidades públicas. En este punto cabe destacar la congelación o bajada del precio de las tasas, sin evitar, eso sí, la desigualdad entre unas y otras en cuanto al coste de las matrículas, o el aumento de las becas, aunque polémico y criticado desde determinados sectores sociales y universitarios por la menor cuantía de las mismas y las mayores exigencias para acceder a ellas.

En cuanto al personal docente e investigador se mantiene el envejecimiento de las plantillas y la endogamia todavía es notable. El curso ha comenzado con mejores expectativas para la incorporación de jóvenes.

Sucede que los indicadores muestran una cierta inflexión, aunque las cifras son modestas, y esta circunstancia encierra el peligro de instalarse en el conformismo y no plantearse objetivos ambiciosos tanto en lo que se refiere a la oferta académica, la investigación o la captación de los mejores profesores y los mejores alumnos.

Sin embargo, la universidad no podrá hacer realidad ese salto de calidad que la sociedad le pide si no cuenta con los instrumentos y las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos. Los campus viven todavía agobiados pese a haber encontrado el camino para superar las dificultades y en las aperturas de curso de las diferentes universidades, sus rectores siguen reclamando más medios para ofrecer una enseñanza de calidad y afrontar nuevos desafíos.

El presidente de CRUE Universidades Españolas, Segundo Píriz, afirma que la universidad necesita de un marco normativo estable, acompañado de una suficiencia financiera y de una autonomía universitaria. Y todo ello bajo la filosofía de la rendición de cuentas. Son planteamientos que desde los campus y desde los organismos que representan a los rectores se vienen haciendo con insistencia sin que encuentren eco.

Una normativa clara y estable, más recursos, mayor autonomía y rendición de cuentas pueden considerarse como elementos esenciales para garantizar a nuestras universidades un futuro de calidad y un puesto de prestigio en el concierto internacional. Y para lograr una buena gestión ha de cambiar el sistema de gobierno de las universidades, la gobernanza. Un cambio que no es tanto la modificación del modelo de elección del rector cuanto la formación de un equipo de gobierno que sepa tomar decisiones, poner en marcha un buen plan estratégico y diseñar la forma de captar talento, porque según comenta el ex rector de Santiago, Senén Barro, recogiendo unas palabras del profesor Manuel Castells en la apertura del curso de la UOC, “la calidad de la universidad depende al fin y al cabo de la calidad de sus profesores y de sus estudiantes”.

Además, hay importantes aspectos que reclaman una atención urgente, tales como la racionalización del mapa de titulaciones, la internacionalización o la movilidad de profesores y alumnos, entre otras muchas.

Un buen gobierno, dotado de autonomía, tomará las decisiones acertadas y administrará los recursos sin despilfarros ni gastos inútiles, ya que tener dinero no es suficiente, hay que saber emplearlo en el lugar adecuado.

Es verdad que el cambio no se improvisa ni se lleva a cabo de la noche a la mañana pero tampoco es razonable que el tiempo pase sin que nadie ponga sobre la mesa un proyecto por una universidad mejor. El Pacto de Estado podría ser el marco para emprender ese camino. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? ¿Importa realmente la universidad?