El gasto medio de los hogares en Educación aumentó un 33%

Además, el 42% de las familias declaraba que actualmente su capacidad para afrontar gastos de comedor escolar y refuerzo educativo era “peor” que antes del inicio de la crisis. Y todo ello sin olvidar que esta crisis ha perpetuado que uno de cada tres niños en nuestro país vivan por debajo del umbral de la pobreza.

Todos estos factores evidencian la llamada “crisis de las capacidades familiares para pagar refuerzos educativos a los hijos”.

Pero no solo la Administración central tiene responsabilidad en la inversión en Educación. En un Estado como el nuestro, las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen competencias tanto en materia de Educación como de servicios sociales que están directamente relacionados con la equidad educativa, como pueden ser las becas comedor que se ofrecen desde algunos ayuntamientos.

Esta descentralización exige una afinada coordinación entre todas las administraciones; central, autonómicas y locales, primero, para atender a las características socioeconómicas y demográficas de cada territorio; y segundo, para evitar disparidades o desigualdades entre los niños, niñas y adolescentes que viven en unos territorios frente a otros y asegurar, para todos y todas, la igualdad de oportunidades en el disfrute del derecho a la Educación.

Disparidad territorial
En becas y ayudas al estudio, ha sido muy desigual la manera en que los distintos gobiernos autonómicos han afrontado la cobertura de las necesidades de una infancia vulnerable y más empobrecida en el último decenio.Las disparidades territoriales se dan a la hora de definir la inversión económica, establecer los requisitos de acceso (cobertura) y asignar las cuantías de las ayudas.

Modelos de protección
Esta disparidad de criterios por territorios da lugar a diferentes modelos de protección según el nivel de la provisión del servicio y el nivel de reconocimiento del derecho. Así, mientras algunas comunidades como Andalucía amplían los supuestos de obligatoriedad para otorgar ayudas en situaciones socioeconómicas desfavorables, otras apenas regulan la gratuidad de acceso al servicio del comedor escolar.

Hay comunidades como Castilla-La Mancha que suprimieron estas ayudas en los últimos años. No obstante, existen elementos en común, destacados por familias y por actores clave del entorno social y educativo, como son la dificultad para entender la normativa y la lentitud y la escasa flexibilidad de la Administración.