El presupuesto educativo para 2018 prevé un descenso de la inversión en dos décimas

Así lo establece el Plan Presupuestario enviado hace escasas fechas a la Unión Europea, en el que se compromete un descenso tanto en términos absolutos (567 millones de euros menos), como relativos (bajada de dos décimas del PIB, hasta dejarlo en el 3,8%), según este sindicato.

“Si la crisis económica era el pretexto aludido repetidamente para justificar los recortes en los primeros años de ajuste, el discurso oficial actual de recuperación económica, evidencia que el Proyecto del partido en el Gobierno no pasa, en ningún caso, por considerar la Educación como prioridad, sino –muy al contrario–, dejarla relegada a algo secundario, comprometiendo con ello, el futuro del país y de sus jóvenes, dentro de un diseño que condena al Estado español a un papel subsidiario de proporcionar servicios con escasa cualificación”, afirma el sindicato en un comunicado.

“La plasmación inmediata y concreta de esta nueva reducción presupuestaria supone un mayor número de alumnos por clase, menor atención a la diversidad, menos becas, etc., que se suma a lo que venimos padeciendo desde 2012 con el aumento de la jornada lectiva del profesorado, la pérdida de poder adquisitivo del mismo, la penalización por incapacidad temporal, el retraso en cubrir las sustituciones, la pérdida de puestos de trabajo y un largo etcétera que produjo la entrada en vigor de los Reales Decretos 14/2012 y 20/2012, todavía en vigor”, afirma STEs.

“Esta caída del gasto público en un servicio fundamental nos aleja –aún más– de los países europeos y desarrollados”, señala el sindicato. Nuestra inversión en el sistema educativo está muy por debajo de la media de la OCDE (5,2%) y de la UE (5%). “El último informe de la OCDE Panorama de la Educación destaca que ‘una Educación de calidad necesita una financiación sostenible’, es decir, lo contrario de lo que lleva a cabo el Gobierno de España”, añade STEs.

Ante ello, este sindicato hace un llamamiento a los gobiernos de las comunidades autónomas para que “prioricen la Educación, como servicio esencial que es, y dediquen los recursos necesarios”.