Padres y profesores

Tengo compañera nueva en el Departamento de Filosofía. Responde al nombre de Candelaria, pero le gusta que la llamen Cande. Es simpática, amable, cordial y profesional, aunque apenas lleva unas semanas en el oficio. Una de las primeras cosas que le dije, porque veía que a menudo estaba en un sinvivir, es que no actuara como madre sino como profesora. El ejercicio de la profesión docente pertenece a la esfera de lo público y, en cambio, la condición de padre directamente a la privada. Muchas veces, demasiadas quizás, se olvida esta distinción, especialmente por parte de los progenitores. Los profesores, por su propia naturaleza y funciones, se deben a una serie de reglas que son las que, en última instancia, acreditan su trabajo y también los objetivos que persiguen. La enseñanza existe por el deseo del hombre de formarse y adquirir conocimientos tanto como por la necesidad de aceptar normas que hagan de la convivencia un bien social. En el colegio se desarrolla el espíritu por el cual la persona comprende lo que es la libertad y la dignidad individual dentro del grupo, pero, sin contrariar lo anterior, y en ese mismo espacio, el individuo ha de asumir que su identidad, de la que nadie duda, no puede estar por encima de la de los demás. Es lo que se llama Educación social, una expresión muy moderna, que lo que viene a decir es que los alumnos, y los padres con ellos, han de convivir los unos con los otros, comprender las diferencias y admitir las legítimas desigualdades que nacen del de-sarrollo de las capacidades naturales de cada cual.

En su momento, la pedagogía rompió la tradición e hizo pensar a los padres que los profesores eran una simple continuación de su figura, a la manera de unos cuidadores de niños en su suplencia. El error continúa hoy día y, en lo profundo de la cuestión, este es el origen del aumento de las agresiones a los docentes. Conforme a lo difundido por una agrupación sindical de carácter nacional, el repunte en la violencia ejercida sobre los profesionales se está convirtiendo en una problemática preocupante porque indica que la perversión pedagógica se ha transformado en una cuestión penal. Siempre he estado en el lado de la defensa de la autoridad del profesor, precisamente, por definirse como una autoridad pública. Es lo mismo, por ejemplo, que un médico o un policía. En su actividad profesional, se les debe un respeto y una consideración, aunque en lo privado uno esté legitimado a opinar lo que estime por oportuno. Sin embargo, en la docencia, y debido al discurso arbitrario y torticero de la pedagogía, no ha existido tal distinción. Se confunden las funciones docentes con las de los padres y, claro está, si no hay separación entre ambas, la Educación degenera en el patio de cualquier comunidad de vecinos, si se me permite el símil. Todo cambiaría si, desde ahora en adelante, se delimitaran expresamente las acciones y responsabilidades tanto de los padres como de los profesores. Tan simple como necesario.

Se ha llegado hasta aquí por la confusión de unos pocos, que decían saber mucho sobre pedagogía y han enredado con la enseñanza sin importarles su suerte. Tengamos el valor de asumir el error y será el primer peldaño para llegar a un entendimiento. Los profesores, dada su vocación, están siempre con la mano tendida, deseando y procurando el diálogo, pero, por supuesto, desde el respeto a su labor profesional, algo irrenunciable de todo punto. Otra cosa sería el sometimiento o la humillación. Frecuentemente se habla de un gran pacto por la Educación, y ojalá lo hubiera, pero, sobre ser un anhelo compartido, antes habría de darse otro pacto social, el de padres y profesores, tal vez mucho más importante.

Juan Francisco Martín del Castillo es doctor en Historia y profesor de Filosofía en Las Palmas de Gran Canaria