Aragón reivindica el papel de los ayuntamientos dentro del pacto

La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez, reivindicó el pasado miércoles en el Senado el papel de los ayuntamientos dentro del pacto educativo, ya que su colaboración con las comunidades facilita, por ejemplo, la Educación Infantil de 0 a 3 años o la detección de alumnado con necesidades especiales. Lo dijo poco antes de comparecer en la ponencia (grupo de trabajo) constituida en la Cámara Alta para conseguir un pacto educativo, y que está recibiendo a los consejeros educativos de las distintas comunidades desde el pasado mes de septiembre.

Pérez destacó la “corresponsabilidad” como uno de los principios que deben regir ese “ansiado y deseado” consenso educativo, principalmente porque cree que “estamos ante nuevos tiempos, la escuela supera estrictamente el uso educativo y debe reflejar la realidad social que tenemos”. La consejera argumentó que muchas comunidades tienen convenios con los ayuntamientos para facilitar la igualdad de oportunidades.

También instó a una corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades, respetándose las competencias autonómicas, por lo que solicitó un aumento de la financiación en los programas de cooperación territorial; “han sufrido un recorte tremendo, se han dividido por diez en los últimos años”, lamentó. Se refirió asimismo al prestigio social que debe tener el profesorado o a la disminución del fracaso escolar y del número de estudiantes por clase como aspectos en los que trabajar.

Por último, la consejera abogó por “intentar dejar” las posiciones ideológicas y partidistas –“entiendo que es difícil”- para conseguir el pacto educativo. “Si queremos pactar es absolutamente necesario hacer renuncias y cesiones en nombre de ese bien común que es la Educación”, añadió.

Un acuerdo “flexible”
Un día después, el consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, abogó en el Senado por alcanzar un acuerdo educativo “flexible”, ya que cree que “no nos podemos permitir seguir en una situación en la que no alcancemos un pacto de mínimos”. “Quiero ser optimista, pero tampoco soy un ingenuo y soy consciente de que es una labor difícil”, señaló Galiana respecto al posible pacto, para el que debe haber “un diálogo abierto y generosidad por parte de todos”. “No pensar solo en las próximas elecciones sino en la próximas generaciones”, añadió.

También el consejero de Educación de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, pidió el pasado jueves que el “ansiado” pacto educativo para el que se está trabajando vaya acompañado de su correspondiente memoria económica. Lo destacó a Efe poco antes de comparecer en la ponencia del Senado.

Fernández abogó por un pacto que “esté al servicio de la mejora del sistema educativo, ponga en el centro las necesidades del derecho a aprender del alumnado y esos cambios sean reales y efectivos”. “Para lograrlo –argumentó– es obvio que se necesita voluntad política y financiación suficiente, también para las comunidades que en este momento somos los verdaderos artífices de las políticas educativas”.

Está previsto que después de la ronda de las comunidades autónomas sea la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de las entidades locales, la llamada a participar en los trabajos del Senado.