Alejandro Monzonís: “No pedimos ayuda para los centros sino para las familias”

Acade reúne a varios miles de centros en toda España, ¿por qué no son ‘famosos’?

—No nos gusta hacer ruido, y eso es lo que hay en exceso en la vida pública. Los asociados son, en su mayoría, empresas familiares que luchan cada día para dar una Educación excelente y, al mismo tiempo, rentabilizar unas inversiones enormes. Porque a un colegio, y no digamos a una universidad, se le requieren requisitos de todo tipo y cada vez más exigentes. Por otra parte, somos completamente apolíticos. Preferimos tratar lo que nos afecta con discreción aunque, como es lógico, defendemos un modelo concreto de enseñanza porque pensamos que es bueno para la sociedad y, por eso, nuestra obligación es fomentarlo y defenderlo.

¿Qué aporta un centro privado de enseñanza?

—Lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. En primer lugar, garantiza la diversidad, la pluralidad de ofertas educativas para las familias, que es un valor fundamental en sí mismo. Por otro lado, los centros privados se caracterizan por impulsar programas y proyectos innovadores, que luego, por cierto, suelen ser asumidos por muchas escuelas públicas. En este sentido, la enseñanza privada casi está obligada a ir por delante en mejoras pedagógicas, recursos materiales y humanos, aulas menos masificadas, un seguimiento del alumno más personalizado…, precisamente por esa necesidad de distinguirnos, de aportar algo mejor y diferente

¿El marco legal actual les permite hacerlo?

—No al 100 por 100; no tanto como nos gustaría. Los poderes públicos rediseñan constantemente contenidos e itinerarios que dificultan la innovación y la adaptación a los nuevos tiempos y a las exigencias de una sociedad enormemente cambiante. Pero este esfuerzo por superar los corsés administrativos no son exclusivos, debo decirlo, de las escuelas privadas, porque también en algunas públicas se está avanzando en este sentido.

Se diría que los políticos siempre van por detrás…

—Sin duda alguna. Actualmente se habla mucho de un pacto educativo, y creo que todos coincidimos en que es necesario y urgente. Pero, como es lógico, queremos que en ese pacto se reconozca el papel de la enseñanza privada. Por otra parte, es evidente –y en esta Convención lo estamos comprobando– que los docentes van muy delante a la hora de poner los medios para combatir, por ejemplo, el fracaso escolar, y para ensayar métodos pedagógicos más eficaces.

Ha hablado de diferenciar, de distinguirse…

—Sí, es el gran reto de todo el sector pero, sobre todo, de cada centro educativo. Ya no es novedad, por ejemplo, la instrucción bilingüe; hay que aportar otras cosas que supongan una mejora objetiva de la enseñanza en todos los aspectos, y no solo en el académico. Y aquí quiero destacar la importancia del profesorado, al que se le pide una implicación total con el proyecto educativo y una actitud proactiva hacia los cambios. Sin esa calidad humana y profesional de los docentes nunca podríamos ofrecer una Educación de calidad.

Se distinguen también por el precio…

—La escuela privada es barata para el servicio que damos. Nuestros colegios no reciben ninguna ayuda pública y aun así ofrecen precios muy asequibles, y más cuando actualmente el número de hijos es tan corto. Y los padres valoran los recursos que se invierten y el trabajo de todo el equipo para que la Educación sea mucho más que una etapa académica. Nuestros centros no son para privilegiados porque, en último término, quienes acuden a ellos son familias que buscan una alternativa de mayor calidad y, si es necesario, hacen sacrificios, como otras familias los hacen en otros aspectos de la vida.

Pero piden ayudas…

—En España solo existen desgravaciones fiscales en algunas autonomías. En Madrid estas se extienden a los colegios privados según el nivel de renta, mientras en la Comunidad Valenciana solo se pueden aplicar en los públicos y concertados, no en los privados. En esta línea, lo que pedimos es que se ayude más a las familias; los colegios no pedimos nada para nosotros. Se trata de que la Administración facilite la libertad de elección de los padres a través, por ejemplo, de un bono escolar con el que la familia tenga más libertad de elegir.