Educación Especial: entre la segregación y la inclusión

El debate sobre la inclusión de los alumnos con discapacidad en las aulas ordinarias vuelve a agitar los planes educativos. Después de la crítica emitida por el comité de la ONU en el mes de mayo –en ella afeaban el envío sistemático de estudiantes a centros de Educación Especial, argumentando que se trataba de una segregación injusta– el Gobierno se está planteando el traspaso de 35.000 alumnos con discapacidad a las aulas ordinarias. El proceso preocupa a padres y a organizaciones. Los expertos, por su parte, consideran que la mejor decisión es la de mantener a los niños en escuelas generales, dotándolas de los recursos que precisen todos los estudiantes.

Además de la problemática del traslado y posible trastorno para los alumnos, se estima, según una información publicada por El País, que, en los próximos meses, los actuales colegios especiales serían reconvertidos en centros de apoyo territorial y sus empleados pasarían a trabajar en las aulas ordinarias. En definitiva, la medida traerá consigo despidos y hará necesaria la incorporación de más especialistas en la escuela. Según las cifras del Ministerio de Educación sobre los alumnos matriculados con alguna discapacidad, se sabe que un total de 217.275 estudiantes cursaron enseñanzas no universitarias en el curso 2016-17

De todos ellos, 181.530 estudiaron en centros ordinarios compartiendo clase con el alumnado general. Pero otros 35.886, el 17% del total, lo hicieron en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios, dos modalidades rechazadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En España hay 477 centros de Educación Especial. El 59% son privados, casi todos concertados. Los públicos representan el 41%, pero acogen al 58% del alumnado.

En este sentido, y ante la perspectiva de un traslado del alumnado, entidades y padres de niños con discapacidad se han mostrado inquietos ante la medida. “Es preciso defender un sistema inclusivo para todos los alumnos, independientemente del grado de discapacidad que tengan, pero hay que hacerlo con cuidado, ya que hay muchas comunidades autónomas que no garantizan la atención individualizada y adecuada”, explicó Arancha Martí, madre de una niña con autismo. El debate de la inclusión de niños con discapacidad en las escuelas ordinarias no es nuevo. Se trata de una reclamación que se remonta a las primeras peticiones de las organizaciones con personas discapacitadas a escala internacional. Esas instituciones promovieron en la ONU la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad suscrita por España en 2008, que así lo exige.

Tras las peticiones, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entre otras, denunció al sistema educativo español, y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU abrió una investigación en enero de 2017.

Tras varias deliberaciones, el Comité determinó en su último informe, publicado en el mes de mayo, que España había “perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, que afecta en especial a las personas con discapacidad múltiple”.

Por su parte, Jesús Martín, delegado de Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó a MAGISTERIO que “la escuela inclusiva es aquella en la que todas las personas están y se educan juntas”. Bajo este postulado, que es un derecho, se concibe la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad, un tratado ratificado por España que es ley de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, de obligado cumplimiento”.

Además, Martín añadió que “Sin tras más de una década de vigencia en nuestro país, nuestras leyes educativas siguen legitimando y autorizando la segregación escolar por razón de discapacidad”. “¿Qué pasaría si fuera otro el motivo?”, planteó Jesús Martín y explicó que “resultaría muy difícil encontrar beneficios en las decisiones encaminadas a mantener separados a seres humanos de la vida en común”.

Por el contrario, según fuentes ministeriales consultadas por MAGISTERIO, consideraron que las informaciones publicadas por El País y citadas anteriormente, “responden al interés de algunos grupos como el Cermi por cerrar los centros de Educación Especial, pero no hay nada decidido todavía. A partir del Informe que elaboró la ONU, este comité ha estado insistiendo mucho. Y además ha metido sus demandas en el informe del Consejo Escolar del Estado. Desde el Ministerio estamos analizando qué posibilidades hay para cumplir lo que la ONU nos dijo”, concluyeron. En contra de lo dicho por el Cermi, la Plataforma “Inclusiva Sí, Especial También”, redactó un manifiesto con el objetivo de transmitir la preocupación que las personas con discapacidad, sus familias y docentes comparten ante la intención de algunos partidos políticos a eliminar la Educación Especial.

En este sentido, desde la Plataforma explicaron que el derecho de todas las personas con discapacidad pasa por gozar de una inclusión real en todos los ámbitos de la sociedad. Por ese motivo, piden a los gobiernos que “garanticen una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los centros de Educación Especial”. De igual modo  consideran que “el derecho a no ser discriminado no supone tratar a todos igual, sino tratar a cada uno como necesita”.

Por ello, exigen que no se excluya ninguna de las modalidades educativas prestadoras de apoyo que hay actualmente en el sistema educativo y que se rechacen las proposiciones de ley que intentan eliminar la Educación Especial bajo la premisa errónea de que un colegio ordinario es siempre el mejor para todos los  alumnos. También la Federación de Educación de USO (Feuso) lanzó una campaña de recogida de firmas para oponerse a la medida del Ministerio de Educación. Adolfo Torrecilla, del departamento de comunicación de Feuso, explicó que “todo se está haciendo a cien por hora, sin el necesario debate”. Y añadió que la medida del Gobierno provocaría el cierre de muchos centros, que “llevan muchos años prestando un impagable servicio educativo a la sociedad”. Torrecilla indicó que desde Feuso “no se oponen a que se promueva la Educación Inclusiva”, pero sí rechazan “la imposición y el decretazo y que solo se contemple para este alumnado una única modalidad de escolarización sin que se respete la libertad de las familias”, explicó.

“Reivindicamos que se permita la convivencia de la Educación Inclusiva y la Educación Especial, puesto que ambas son necesarias para la adecuada atención especializada a los niños con discapacidad”, concluyó. Por último, MAGISTERIO contactó con varios centros de Educación Especial privada de la Comunidad de Madrid. Los responsables de uno de ellos, situado, en la zona de Las Rozas, aunque pidieron mantener el anonimato, explicaron que “llevan desde los años 70 apostando por una Educación Especial que estuviese al alcance de todas las familias con algún problema de este tipo”. Por ello, pidieron “precaución y lógica en la toma de decisiones”.