El Gobierno hace un uso partidista de la Educación al aprobar su ley

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó in extremis el proyecto de ley de Educación, un decisión precipitada y criticada que, ante el anuncio ese mismo día de las elecciones generales para el 18 de abril, además no tendrá tramitación parlamentaria, al disolverse las cámaras el próximo 5 de marzo. Fuentes del Ministerio argumentan que el proyecto de ley servirá como argumento electoral para convencer al electorado de izquierdas de la necesidad de votar al PSOE para derogar la Lomce. Lo que demostraría el uso partidista y electoralista que el Gobierno hace de la Educación.

El texto ni siquiera ha recibido el visto bueno del Consejo de Estado, pero la ministra Celaá defendió su aprobación el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros «por respeto a todas las personas que han venido trabajando y respaldando la ley».

Celaá señaló también que el texto «conecta plenamente con las corrientes contemporáneas de la UE y la Unesco, aborda los objetivos planteados en la Agenda 2030 y parte de la base de que nadie se quede atrás y que todos los talentos deben ser tratados en la escuela con éxito».

Un «gesto político»
Sin embargo, la aprobación ha recibido críticas desde todas las corrientes ideológicas. El presidente de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, entiende la aprobación «como un gesto político del Gobierno», ya que «era una de las principales leyes que el PSOE quería impulsar en esta legislatura incierta, pero difícilmente tendrá efectos prácticos». García plantea «que se modifiquen por real decreto aspectos de la Lomce como las evaluaciones externas».

Para el portavoz de STES, José Luis López Belmonte, la ley Celaá es «un intento frustrado de actualizar la Lomce». Según el presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, la ley Celaá era «parcial respecto a la Lomce y no era la reforma profunda que necesita la Educación en España» y aboga por «retomar los trabajos para el pacto educativo». Maribel Loranca, de UGT, también es partidaria de «barajar qué medidas lesivas de la Lomce se pueden paliar a través de decretos leyes».

CSIF opina que «una vez más la gran perjudicada es la Educación, que se ve sometida a una tensión política innecesaria, manteniéndose la Lomce en vigor a todos los efectos por la nefasta gestión ministerial». Y FSIE califica el proyecto de ley como «un auténtico despropósito y una falta de respeto al sector educativo al aprobarse anunciando el mismo día elecciones generales».

Ni siquiera Ceapa mostró su entusiasmo por la ley al afirmar su presidenta, Leticia Cardenal: «es una pena que se paralice la reforma porque es un texto que a grandes rasgos apoyábamos».

Por su parte, Pedro J. Caballero, presidente de Concapa, asegura que «no entendemos que para el Gobierno haya sido prioritario llevar al Consejo de Ministros esta reforma cuando no va a poder tener ningún recorrido por la situación política. Es una decisión totalmente electoralista», subrayó. A Canae, finalmente, le preocupa mucho «qué va a pasar con los millones que el Gobierno había presupuestado para becas».

«Acabará tramitándose»
En declaraciones a El País, la ministra asegura en cambio que «el esfuerzo no ha sido en vano» y se enorgullece de lo que otros critican: que hayan sido capaces de aprobar una ley «en tiempo récord». Además, alude a un consenso en torno a la reforma que no ha existido y cree que «este proyecto de ley acabará tramitándose».

Respecto a los aspectos de la ley que se podrían aprobar por decreto, la ministra afirma que «esta ley no es un sumatorio, configura un sistema». Pero añade: «El mundo no se acaba, y nosotros seguiremos impulsado desde donde estemos este proyecto, que tiene el respaldo suficiente para salir adelante». «La vida sigue y, una vez conocido el texto, será la comunidad educativa la que empuje el proyecto porque lo quiere», concluye.

Un alivio para la escuela concertada

Para la escuela concertada, representada por Escuelas Católicas, «la aprobación de este proyecto, que no podrá prosperar en el Congreso de los Diputados por el anuncio electoral, representa el intento del actual Gobierno por sacar delante de manera apresurada una nueva reforma educativa, sin el tiempo imprescindible para debatir y alcanzar un verdadero consenso en la comunidad educativa. De hecho, parecería responder al deseo de presentar la derogación de la Lomce como un logro político y electoral. Si el objetivo era corregir los errores de la Lomce, el primer requisito para que la iniciativa tuviera éxito y duración habría sido buscar un amplio consenso político y social, una condición que no se ha dado», asegura esta organización en un comunicado.

Además, Escuelas Católicas considera que «aunque el proyecto mejora la redacción inicial en aspectos vinculados a la libertad de enseñanza, el tratamiento otorgado a la elección de centro por parte de las familias, la programación de puestos escolares y la composición y funciones asignadas al Consejo Escolar de los centros concertados, contravienen los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la Educación, que reconoció la propia LOE en 2006».