Acabar con los centros gueto sin atacar a la libertad de elección

Distintas comunidades autónomas han emprendido su particular cruzada para conciliar la libertad de elección de las familias con una escolarización más equilibrada, acabando con los denominados ‘centros gueto’. Una etiqueta bajo la cual Castilla y León engloba a aquellos en que concurren dos o más de las siguientes circunstancias: 30% del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa o con necesidad específica de apoyo educativo, ubicados en entornos de vulnerabilidad social, con dificultades de convivencia o con resultados escolares por debajo de la media.

Castilla y León ha sido una de ellas, con su programa 2030, que arrancaba este curso, enfocado a alumnos vulnerables y centros de alta complejidad, algo que para la investigadora de la Autònoma de Barcelona Teresa Sordé es clave: «Se ha de pensar no tanto en la composición del centro, en redistribuir, como en mejorar la calidad de la Educación allí».

Cataluña ha sido la última, la semana pasada, con un pacto contra la segregación impulsado por el Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo catalán– con el apoyo del Departamento de Educación, más de un centenar de ayuntamientos y la comunidad educativa, salvo el sindicato mayoritario, Ustec, y la confederación de padres de la Pública, Fapac. Con un enfoque sistémico, consta de 189 medidas en nueve ámbitos. Entre ellas, un nuevo decreto de admisión del alumnado en 2019-20. Este curso, de momento, dejarán de computar las intolerancias alimentarias –para evitar fraudes– y tener hermanos o progenitores ex alumnos del centro. El Sindíc había detectado en sus informes, por ejemplo, cómo en 2016 había el doble de escuelas con más de un 50% de alumnado extranjero que una década atrás.

La Comunidad Valenciana, que en 2016 acabó con el distrito único; Aragón, que fija un máximo de un 15% de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por centro; Navarra, el País Vasco o Baleares han desarrollado medidas en línea con las recomendaciones de Save the Children en su informe Mézclate conmigo o la Fundació Jaume Bofill.

Para Joan Cuevas, investigador de esta última, la segregación debe abordarse atacando a múltiples factores, como pretende el pacto catalán: «No es suficiente con reestructurar las zonas educativas ni con destinar más recursos a centros de alta dificultad ni con detectar con más antelación al alumnado vulnerable. Una escuela 100% Pública no nos llevaría tampoco a un estadio de cero segregación».

Álvaro Ferrer, de Save the Children, cree que se debe reconocer que existe un problema y sentar a todas las comunidades en Conferencia Sectorial para desarrollar un programa y una normativa básica de admisión con este enfoque.

El profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Barcelona Xavier Martínez Celorrio considera que este debate no puede aplazarse más: «La segregación escolar es la puerta directa a la reproducción clasista de la desigualdad con elevados costes futuros. La escolarización ha de ser una garantía de cohesión entre diferentes, no un privilegio para la distinción social y el encapsulamiento de los más vulnerables. Combatir la segregación es una medida justa y de eficiencia pública donde todos salimos ganando», advierte.

Por su parte, F. J. Murillo, coautor de Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea (2018), apunta que el fenómeno va más allá de lo académico «De escuelas segregadas, sin posibilidad de convivir con otras personas con otra visión, sociedades segregadas».

Su investigación refleja cómo en materia de segregación por nivel socioeconómico España se encuentra a la altura de los países del Este y muy lejos de Francia, Portugal, Italia o el Reino Unido. En el análisis que permite la muestra ampliada por comunidades de PISA 2015 constata cómo Madrid lidera el ranking, solo superada por Bulgaria, mientras que Baleares, Galicia y Castilla y León se sitúan entre Suecia y Finlandia, los países con menos segregación escolar de Europa. De Madrid destaca la segregación socioeconómica dentro de la Pública. De Cataluña, la segregación por origen nacional.

1. Corresponsabilidad. Se ha logrado el consenso entre distintos actores (ayuntamientos, Educación, sector de la Concertada), evitando las habituales tensiones entre ellos.
2. Equilibrio zonal. Para Mª Jesús Larios, del Sindíc, una medida clave, ya prevista en la ley catalana (LEC), es un tope de alumnado con NEE –incluye socioeconómicamente vulnerable– en las escuelas en función de su entorno. Se intentará desde la admisión pero también con una mejor gestión de las matrículas vivas, evitando que se deriven a centros de alta complejidad.
3. Financiación. En junio se analizará el coste del puesto escolar. Se pretende lograr una financiación adecuada de la escuela concertada, que en Cataluña supone el 34,33%, para acabar con las cuotas de las familias. Además, los recursos a los centros irán en función de su compromiso con una escolarización más equilibrada. El pacto nace sin memoria económica, pero aspirando a un 6% del PIB para Educación, como recoge la propia LEC.