Ignasi Grau: “La libertad de enseñanza indica la confianza del Estado en sus ciudadanos”

Según recoge su propia página web, «Oidel es una ONG con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la Unesco y el Consejo de Europa». Algo parecido a un lobby –en el mejor de sus sentidos– con el objetivo de influir en la instituciones europeas en «la promoción del derecho a la Educación». Su vicepresidente, Ignasi Grau, vive entre Ginebra y Bruselas. A pesar de su juventud, reúne dos rasgos esenciales para sobrevivir a la burocracia comunitaria: un alto conocimiento jurídico y una buena dosis de diplomacia. Recientemente han presentado un nuevo Informe de Libertades Educativas con datos reveladores.

¿Por qué la libertad de enseñanza es tan controvertida?
—Porque es un indicador de la confianza que el Estado tiene en sus ciudadanos. Y los gobernantes suelen tener miedo de reconocer ese derecho de las familias. Es sintomático que solo haya tres países que prohiben expresamente la libertad de enseñanza, que son Cuba, Corea del Norte y Gambia. Cuando un Estado quiere recortar las libertades lo primero que hace es privar a los padres del derecho de educar a sus hijos. Es significativo.

¿El modelo de concertación español es tan excepcional como se dice?
—Es una falacia. Según refleja nuestra investigacion, la mayoría de países, en mayor o menor medida, está financiando escuelas no gubernamentales [lo que en España sería la escuela concertada]. Más aún, el informe refleja que desde 2002 hay una tendencia creciente en este sentido. Este movimiento expansivo de la libertad de enseñanza es global, no se circunscribe a una región del mundo en concreto.

Me ha llamado la atención de que hay un 6% de países que financian el 100% de las llamadas escuelas no gubernamentales.
—En efecto, incluso los gastos de inversión. Es decir, hay países como Holanda o Bélgica donde si tú quieres montar una escuela, estos gastos iniciales también los paga el Estado.

En España, lo promotores de nuevos colegios concertados recurren a las cuotas a los padres para financiar esa inversión inicial. ¿Qué le parece?
—Si elegir escuela suponen un gasto adicional para la familia, corremos el riesgo de limitar la libertad de Educación.

Aquí es criticado, incluso, que la Administración pueda ceder el suelo por un tiempo…
—Creo que dar facilidades desde el Estado para que esto sea posible es la forma de garantizar el derecho a la Educación. Porque la libertad de enseñanza, tal y como se entiende hoy en España y como se recoge en los tratados internacionales, forma parte esencial del derecho a la Educación. Es verdad que es una libertad controvertida, pero es una libertad que está reconocida.

Tan controvertida como que la nueva reforma ha suprimido el término «demanda social». ¿Estamos ante el dilema libertad de las familias vs. derecho de las administraciones a programar?
—El Estado no posee al niño; los padres, tampoco. Hay que resolver este conflicto desde la perspectiva de cuál es el interés superior del niño.

¿Tendría que haber un equilibrio?
—Claro, pero hay una tendencia a ridiculizar el derecho de los padres cuando se dicen cosas como que “no podemos dejar hacer a los padres lo que les de la gana”… Ninguna escuela, ningún padre está diciendo eso. Obviamente hay que garantizar que la Educación que se esté dando en el centro siga unas normas de convivencia acorde con los Derechos Humanos, pero a la vez se esté en sintonía con el tipo de Educación que reciben en casa, que quieren sus padres.

¿No le parece que es controvertido porque la libertad de Educación se percibe como una amenaza para la escuela pública?
—Sí pero no debería ser así. En primer lugar, hemos visto que no hay ninguna correlación entre el gasto educativo total de los países y su nivel de financiación de escuelas no gubernamentales. En segundo lugar, tampoco es cierto que si dedicamos recursos a la Educación no gubernamental tengamos que detraerlos de la Educación pública. Personalmente no conozco a nadie que esté promocionando el modelo de enseñanza no gubernamental y que esté en contra de la Educación pública. Hay que huir de una vez por todas de esa dinámica de contraponer a una contra la otra.

¿Qué le parece que algunos políticos, en connivencia con los representante de ambos sectores, mantengan un reparto fijo de los alumnos pública-privada para evitar conflictos?
—Desde una óptica de realpolitik es comprensible. Pero me gustaría preguntarle a los padres que quieren escoger una escuela no gubernamental y no tienen plaza porque se ha establecido de forma predeterminada un reparto de cuotas.

¿Le parece que un modelo como el catalán, muy sustentado en la concertación, garantiza más la libertad de enseñanza que otro como el madrileño, con mucha escuela privada?
—La garantiza a más gente, desde luego. Por dos razones. Porque más gente puede escoger la escuela que quiere para sus hijos. Y también, porque pienso que existe el derecho a exigir que la escuela que hemos elegido sea financiada por el Estado. Es un derecho legítimo.

Por ir terminando. Cuando se reúne con políticos, ¿no percibe un cierto paternalismo cuando hablan de Educación? Como si quisieran que todos eduquemos como a ellos entienden que hay que educar…
—En esto influyen muchas variables. Me gusta esa frase que dice que cuando dos adultos discuten sobre Educación y no se ponen de acuerdo, la tendencia es ir a convencer al hijo. Esto lo ha hecho la izquierda y lo ha hecho la derecha… Es un patrimonio un poco de todos.

En concreto, la última reforma del Gobierno socialista ha suprimido el artículo que reconocía a los padres como primeros responsables de la Educación de sus hijos. ¿Qué le parece?
—Pues que si le quitas ese derecho a los padres tendrás que decir a quién se lo das. Se entiende que al Estado. En todo caso, hay que precisar que el derecho que tienen lo padres no es un derecho de propiedad sino de responsabilidad. Algo así como si fuera un derecho fiduciario que va menguando a medida que crece el hijo.