El PIN parental

La semana pasada unas desafortunadas declaraciones de la candidata a la Comunidad de Madrid por Vox Rocío Monasterio desenfocaron algunos problemas de aplicación de las leyes LGTBI en los colegios. La candidata dijo que los colectivos LGTBI están impartiendo talleres “en los que se les dice a los niños que tienen que probar a ser niña y a las niñas a ser niño, y todo esto con 8 años, y probar nuevas prácticas sexuales, y hablan de zoofilia y de parafilia”. Parece ser que no es del todo así ni una cosa ni la otra. Esos talleres se imparten en Secundaria, no a niños de 8 años, y si se habla de la zoofilia es precisamente para explicar que su práctica constituye delito… No vale la pena caer en la tentación de exagerar.

Es una lástima porque Monasterio apuntó con el dedo a la luna y la gente se quedó mirando el dedo. El fondo de la cuestión es más interesante y apela a ese modo de entender la Educación como una responsabilidad primordial de los padres propia de sociedades abiertas y liberales, frente a ese otro modo más propio de regímenes paternalistas que desconfían de la capacidad de padres y madres en su tarea de educar. Para estos, no basta con regular a fin de evitar que algunas pocos puedan hacerlo mal, es preciso intervenir. La ministra Celaá sentó doctrina en este sentido al suprimir, en su reciente propuesta de reforma, la mención explícita de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.

Sin embargo, el 27.3 de la Constitución es contundente: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. No parece que la cosa admita matices ni interpretaciones. Ninguna asociación cívica, religiosa o política, ningún profesor o colegio, ninguna editorial o libro de texto, ningún partido político o movimiento cultural, ninguna ONG o entidad social, ni Greenpeace, ni Cáritas, ni Amnistía Internacional, ni la CEOE, ni la UGT, ni los boy scouts, ni la parroquia del barrio puede transmitir valores morales a un menor si no es de acuerdo con las convicciones de sus padres. Tampoco la FELGTB en su afán de promocionar una determinada concepción de la persona y de la sexualidad humana que choca frontalmente con las legítimas convicciones morales de algunas familias. Según la Constitución, el Estado debe o debería garantizar ese derecho a las familias. De ahí la conveniencia, en mi opinión, de que este tipo de talleres con carga moral o ideológica se impartan siempre de forma voluntaria.