¿Y si aún fuera posible un pacto?

Esta primavera Álvaro Marchesi, considerado el arquitecto de la Logse socialista (1990), y Francisco López Rupérez, que participó en la elaboración de la LOCE popular (2002), recibían de la ministra Isabel Celaá la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio como reconocimiento a su contribución intelectual al mundo de la Educación «desde ámbitos quizá diversos pero a menudo complementarios», según Celaá.

Ambos saben lo que es tomar decisiones difíciles y afrontar crisis cuando los gritos en la calle alcanzan los despachos de Alcalá 34. En el caso de Marchesi, recuerda como momentos «muy dolorosos y dramáticos» las huelgas de estudiantes y docentes de 1988, siendo director de Renovación Pedagógica, con cambio de ministro incluido (Javier Solana sucede a José María Maravall). López Rupérez, por su parte, cita las manifestaciones del mundo rural en 1996 contra el trasvase de los alumnos de ESO de los colegios de EGB a los institutos, con él recién nombrado director general de Centros.

Con la perspectiva que les otorga su experiencia en primera línea de la política educativa (y sus aportaciones en el terreno académico), les reunimos en un debate bajo un interrogante: ¿Creen aún en el pacto?

«El primer año y medio de legislatura es un buen momento para lograrlo», comienza Marchesi, que recuerda que el intento de Ángel Gabilondo en 2010, el que más cerca estuvo de materializarse, fracasó ante la alargada sombra de la convocatoria de elecciones.

«Hay motivos en el horizonte para ser optimistas», coincide López Rupérez. «En política todo es fluido, y la nueva configuración del Parlamento hace prever que el acercamiento entre PSOE, PP y C’s será más probable», señala, al tiempo que apunta: «El peso político del nuevo ministro de Educación será una cuestión clave para un pacto, aunque sea de mínimos». Si además de gozar de peso dentro de su partido cuenta con un perfil dialogante como el de Ángel Gabilondo «dadas las circunstancias del centro derecha» sería posible, resume.

«Hacer un pacto sin estar en el Gobierno no es difícil. ¿Que queremos de financiación el 6% del PIB? Pues el 6%. Como yo no lo tengo que pagar…», reconoce Marchesi sobre el boceto de pacto en que participó en 1997 de la mano de la Fundación Encuentro.

A la hora de la verdad Marchesi defiende la prudencia: «Habría que intentar el mayor pacto posible aunque se dejen cuestiones importantes sin acabar. Más vale acordar el 60% o el 70% de los temas polémicos y en los otros que decida quien gobierne. Ya iremos acordando progresivamente». «Yo no intentaría hacer un pacto exhaustivo que al final se queda en generalidades», añade, «Me iría a puntos muy concretos, de tal manera que no sólo sea un acuerdo que nos deja tranquilos a los políticos sino que la sociedad perciba que es un impulso a la Educación hacia el cambio. Debe merecer la pena».

Marchesi enumera algunos de los puntos en que el consenso no sería complicado: estructura del sistema, Educación Infantil, Formación Profesional, financiación.. En esta última coincide con López Rupérez: «Debe haber un tratamiento a cada centro adecuado a su situación. Y algunos, no todos, deben tener mejores medios, menos alumnos y más profesores. Las normas deben dejar de ser tan generales y han de ser más específicas».

A la lista anterior López Rupérez suma la necesaria redefinición del currículum, la profesión docente o la evaluación. Y matiza: «España no puede estar descubriendo la rueda. Hoy sabemos que hay unos factores críticos para la mejora de los resultados de los alumnos y me parece esencial a la hora de fijar los puntos concretos del acuerdo, en donde es posible, tomar en consideración la evidencia empírica en torno a ellos. Y en esos pocos puntos en que acordemos, inspirarnos en lo que sabemos que funciona».

A juicio de López Rupérez el pacto debería enfocarse en resolver los tres problemas básicos del sistema educativo español: el abandono educativo temprano, que casi duplica la tasa media de los países de la UE; la brecha en la población joven por niveles de formación, con una distribución inversa a la de la UE, donde hay más población en los niveles medios y menos en los extremos, y la desigualdad entre comunidades autónomas.

Para ello propone, entre otras medidas, extender la escolarización obligatoria hasta los 18 años: «No se trata de que se prolongue el modelo de la ESO. Comportaría una visión más flexible de la etapa, cambios en el acceso a la FP, etc.», señala. Apuesta también por revisar la atención a la diversidad, 30 años después de la Logse: «Si esas políticas estuvieran funcionando plenamente no tendríamos una tasa de repetición tan alta, porque el sistema habría evitado el fenómeno de manera sustantiva con anterioridad. Han de ser políticas prioritarias para una sociedad que pretende ser justa». Reducir esa tasa es importante, subraya, porque en España la fuerza de la relación de la repetición con el rendimiento en PISA, del 24,8%, duplica a la media de los países de la OCDE.

Marchesi, por su parte, aboga por el «cuanto antes, mejor»: «Prevenir es trabajar en Educación Infantil. El número de alumnos por aula, 25 en 3-6, es excesivo. Ningún referente dice que se puede trabajar bien con esa cantidad de niños, porque no se trata de que estén, sino de atender su desarrollo. Y lo mismo en 0-3. Y luego volcar el esfuerzo no en ESO sino en Primaria. El éxito fundamental de nuestro sistema es que todos nuestros alumnos la terminen bien. Eso facilita las cosas. Hacen falta más recursos, más tiempo, más apoyos ahí. Y un modelo de desarrollo profesional docente, que cuesta dinero. Y ampliar la oferta de FP, porque muchos alumnos no pueden optar a los títulos que quieren porque no hay plazas porque es muy costosa. La parte pública necesita más apoyo porque atiende a los alumnos con mayores dificultades. La financiación es importante».

Para López Rupérez es innegable el impacto de la Educación Infantil, «pero si es de calidad, no se trata de la mera escolarización, y no tiene por qué extenderse a toda la población, porque hay sectores donde no va a añadir valor a lo que aporta la familia». El mismo argumento lo extiende a las ratios: «Yo las he defendido como medida de compensación, pero no soy partidario del café para todos. Hemos de aportar más recursos donde más se necesita, pero hay otros sectores y entornos donde basándonos en indicadores objetivos no podemos decir que reducir dos, tres o cinco alumnos por aula la ratio va a mejorar sensiblemente la situación. Hay que actuar con criterios de eficiencia en el gasto para que lo que se establezca por parte del Ministerio de Hacienda dé más de sí en orden a mejorar los resultados del sistema en su conjunto», concluye.

• Financiación. Según Marchesi, aumentar el presupuesto en 12.000 millones de euros en 10 años hasta el 5% del PIB, como en 2009, y destinar esos mayores recursos a reducir el riesgo de fracaso y abandono (mejor Educación Infantil, más apoyos en Primaria…), lograría bajar en 10 puntos el fracaso escolar, los alumnos que no acaban la ESO, hoy en el 25%. López Rupérez apuesta por poner el acento no tanto en el cuánto sino en el cómo y el por qué de la inversión, definiendo las prioridades en base al consenso internacional sobre los factores críticos con más impacto en los resultados de los alumnos.
• Reválidas. «No soy particario de la reválida de la ESO, sí de la evaluación censal de carácter formativo», señala López Rupérez. Marchesi apuesta por fórmulas «comunes pero diversas que no cierren la titulación» en 3º y 4º de ESO. «El fracaso escolar se hubiera incrementado si las reválidas de la Lomce se hubieran puesto en marcha», advierte.
• Extensión de la obligatoria. Avalada por la evidencia para mejorar los resultados de los alumnos, López Rupérez aboga por la extensión de la enseñanza básica hasta los 18 años. Marchesi cree que se debe hacer un esfuerzo para que todos los alumnos estudien hasta los 18 años y más allá, pero sin introducir la obligatoriedad, pues gran parte de los recursos se irían a la Concertada.
• Evaluación. Defienden que mida a los alumnos pero también a los centros. «La Administración no puede dar los datos y… hasta el año que viene. Debe comprometerse en la mejora», denuncia Marchesi. López Rupérez lo suscribe: «La evaluación es el procedimiento, lo clave es qué haces con la información».
• Libertad de elección. El respeto a la voluntad de las familias es una línea roja para el PP. Marchesi habla de la trampa de la libertad de elección: «Es absoluta si hay plazas, pero si un colegio tiene 100 plazas y lo piden 1.000 alumnos, 900 familias se quedan fuera. Con sistemas como el de Madrid eligen las 100 familias de clase media y se quedan fuera las otras populares. Es un ejemplo de injusticia en Educación».
• Religión en las aulas. Marchesi la mantendría no evaluable y sin asignatura espejo. López Rupérez defiende la fórmula LOCE: versión confesional y laica de Sociedad, cultura y religión. «Como va a ser difícil llegar a un acuerdo, dejémoslo aparte y avancemos en otros aspectos», recomiendan.
• ¿Y si no hay pacto? Marchesi desdramatiza: «Interesa porque aporta un horizonte a 8 años, pero lo que hay que hacer es mejorar la Educación». López Rupérez lo secunda: «Suscribo la desacralización del pacto educativo si el sistema mejora».

Autor entre otros de El legado de la Logse (2006), a Francisco López Rupérez, que no dudó en mantener a varios colaboradores expertos del equipo de Marchesi cuando llegó al Ministerio de Educación, no le duelen prendas en buscar virtudes a la ley socialista, bestia negra recurrente de los populares: «Si tengo que hacer un solo elogio de la Logse, diría que tuvo una vocación claramente modernizadora. Veníamos de la ley de 1970, la Ley General de Educación, la ley Villar Palasí, que había sido promulgada 20 años antes, y se apreciaba una transición de la sociedad y de la economía española. Entre otras cosas se veía necesaria la extensión de la enseñanza básica hasta los 16 años. Y en ese contexto, con todos sus defectos, que no me he ahorrado destacar, si hemos de hacer una valoración global, destacaría su vocación modernizadora. Y su valentía, dado que supuso la introducción de reformas estructurales».
Por su parte, Marchesi no escatima a la hora de hacer autocrítica: «Desde la perspectiva actual creo que no acertamos en dos temas, al menos. El primero, el diseño de los dos últimos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Habíamos abierto un debate sobre si el Bachillerato debía ser de dos o tres años, sobre si la ESO debía ser de cuatro o tres años, o cuatro años con el último año diverso… Primero nos pasamos un poco, luego retrocedimos… Hablé con mucha gente y al final la mayoría se inclinó por la estructura actual. Desde entonces hemos estado yendo y viniendo unos y otros y es uno de los puntos de debate».
El segundo tema quizá ha traido menos cola después, pero Marchesi lo percibe como problemático: «No tuvimos en cuenta la cultura de los profesores de Secundaria. Se sintieron en general presionados por la concepción de la Logse, por lo que suponía reducir el Bachillerato. Yo creo que ahí fallamos, no supimos aproximarnos, ver que la cultura de los profesores de Secundaria había que tenerla en cuenta. Tenía que haber habido otros gestos, otros reconocimientos…».

Si el consenso internacional es para López Rupérez el que ha de guiar las políticas en Educación, existe cierto consenso nacional en que la Lomce es la peor ley educativa de la democracia. En el debate le pedimos a López Rupérez, presidente del Consejo Escolar durante su tramitación, una crítica a la ley popular. Apunta en primer lugar los «defectos desde el punto de vista técnico del proyecto de ley»: «Ha sido la única ley en democracia con el dudoso privilegio de contar con dos anteproyectos». En segundo lugar, «fue difícil por el clima de comunicación precario que se estableció con los sectores de la Educación española», señala López Rupérez, que añade: “Al conocer la intrahistoria de alguna decisión política ves que no siempre son criterios magníficos, sino cuestiones personales, los que definen el devenir del país”.

Marchesi, por su parte, no se ahorra calificativos: «Fue una ley nefasta. Dicho esto, hay dos puntos que voy a destacar como positivos: cuando habla de la FP Dual y cuando aborda la autonomía en los centros y da un poder importante a los directores incluso para “seleccionar” a los profesores que pueden acceder a los centros, aunque no sé si se ha desarrollado profundamente».
En general, López Rupérez no cita la Lomce sino la LOCE. Lo hace con el tema de la Religión en las aulas, o con el de la Educación diferenciada por sexos, cuestión que los dos ven «un tema de reflexión menos importante que el de la Religión, un tema pequeño», en palabras de Marchesi.

A la hora de dirimir si los centros de Educación diferenciada pueden estar sostenidos con fondos públicos, «respetando el derecho de elegir de las familias y, dado que la doctrina Unesco considera que ese modelo de enseñanza no es discriminatorio, lo dejaría como estaba antes de la Lomce, sin que apareciera recogido en la ley», expone López Rupérez.

Para Marchesi, el hecho de que la Lomce establezca explícitamente estos conciertos ha condicionado la sentencia favorable del Tribunal Constitucional del año pasado, pero no impide que una futura ley exponga lo contrario, esto es, que los centros que separan por sexo no pueden ser financiados por el Estado.