CCOO apoyará los recursos contra las oposiciones a maestro de Madrid y abrirá un debate

Tras conocerse que un 25% de los 24.282 opositores aprobó, habiéndose cubierto todas las plazas ofertadas, salvo en Francés, CCOO ha indicado que una plataforma de afectados ha recogido más de 7.000 firmas con quejas por las características e incidencias de las pruebas. «Vamos a redactar y difundir un modelo general de recurso de alzada, a partir del cual cada uno podrá acreditar sus circunstancias», según la secretaria sindical de Enseñanza, Isabel Galvín.

Un peritaje de la prueba de Inglés, encargado por CCOO a una asociación formada por docentes de la Escuela Oficial de Idiomas, ha revelado que el nivel de una «gran mayoría de las preguntas y tareas del examen estaba por encima del nivel B-2 que se exigía en la convocatoria». La mayor parte era del nivel C, e incluso había preguntas del nivel C2 y C2+, según este peritaje independiente. A ello hay que añadir la «deficiente calidad» de los equipos y altavoces en la prueba de comprensión oral, ha dicho Galvín en rueda de prensa.

Además de criticar que Madrid sea «la única comunidad donde se ha impuesto una prueba de cultura general», CCOO ha destacado varias incidencias detectadas in situ el día del examen, como la masificación de las sedes y algunos problemas sin resolver, como el retraso de una aspirante que llegó «unos minutos más tarde».

También se ha reducido «en una semana el tiempo de corrección de exámenes por los tribunales», cuyos miembros hicieron «jornadas de 12 horas».

Para recurrir, «la primera vía es el recurso de alzada y, si no es favorable, las personas dispuestas a ir hasta el final deben emprender la vía contencioso-administrativa», que requiere tener un abogado.

«Abriremos un debate público, con las universidades, sobre la idoneidad de las pruebas prácticas de acceso al Cuerpo de Maestros», según Galvín. A su juicio, la prueba de inglés «ha sido absolutamente escandalosa, hay serias dudas de que esté ajustada a la convocatoria». Pero también hay denuncias de otras especialidades, cuyas pruebas «no se adecúan ni en tiempo, ni en características, ni en normativa.

«Pensamos que hay que abrir un debate público, académico y en el seno de la comunidad educativa. Vamos a poner en marcha un grupo de trabajo que analice qué se necesita, en cuanto a la práctica profesional, que sean los exámenes», añadió Galvín. «Vamos a exigir de la Consejería de Educación criterios de evaluación transparentes y públicos, menos ratios en los tribunales, números suficientes de tribunales y tiempo suficiente para la corrección», agregó. El objetivo es que «se corrijan errores, sobre todo técnicos, para que no perjudiquen a los aspirantes».

Tras criticar que se podrían haber convocado 700 plazas más, en función de la tasa de reposición, CCOO seguirá exigiendo el cumplimiento del Plan de empleo en la enseñanza, que prevé la necesidad de 12.000 plazas en los próximos años.