En Murcia, los padres tendrán que autorizar cualquier actividad de personal ajeno al centro

En declaraciones a los periodistas, Moreno se ha referido así a la orden remitida desde su departamento a los centros educativos de la región, en la que se especifica que las familias deberán autorizar que sus hijos participen o no en actividades complementarias. Esta medida, que fue una de las exigencias planteadas por Vox para apoyar la investidura de Fernando López Miras el pasado mes de julio, ha generado polémica entre los sindicatos y los partidos de la oposición, que consideran que atenta contra la autonomía de los centros y dificultan la realización de esta actividades.

La consejera ha insistido en que las autorizaciones solo serán necesarias cuando en las actividades participen personas ajenas al centro educativo, nunca en las realizadas por los propios docentes, y serán aplicables a todas las temáticas (la propuesta de Vox hacía referencia a la autorización solo para actividades con contenidos «éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales»). Hasta ahora, ha indicado la consejera, los centros educativos se limitaban a informar a las familias de la organización de este tipo de actividades complementarias, pero no se pedía el consentimiento.

La orden, ha asegurado Moreno, cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Consejería y no entra en contradicción con la legalidad vigente.

Sterm recurrirá la resolución y CCOO lo está estudiando, pero alerta de que la orden no ha incluido, como suele ser habitual en estos casos, las indicaciones para recurrirla. También el PSOE y Podemos han criticado duramente estas instrucciones porque consideran que vulneran la autonomía de los centros establecida no solo en los citados decretos, sino también en la Lomce.

Para el PSOE, se confunde el «respeto a la diversidad» con el «fundamentalismo» impuesto por Vox y todas las normas autonómicas y estatales «van en sentido contrario» a esa medida y a favor de la autonomía de los centros para lograr los objetivos curriculares.

Para Podemos, la orden atenta no solo contra leyes de rango superior, sino también «contra la autonomía pedagógica» de los centros, por lo que ha exigido que se retire esa medida y se «mantengan los procedimientos vigentes para no crear problemas donde nunca los ha habido».